El miércoles 24 de enero, el consejo general de Sofofa incluyó un punto del que se había hablado a lo largo del segundo semestre del año pasado y que formó parte del programa de Rosario Navarro para ser elegida presidenta el 31 de mayo de 2022. Pero que además ya había sido tema bajo la presidencia de Bernardo Larraín (2017-21) y de Richard von Appen (2021-23): la reforma a los estatutos del gremio industrial.

El 15 de enero, se había compartido por correo electrónico la propuesta de reforma que había trabajado Navarro junto al comité ejecutivo y al equipo interno, y un par de días después se hizo una reunión telemática para explicarla y resolver dudas.

Pero en la asamblea del 24 de enero, varios consejeros encontraron insuficiente el plazo para hacer comentarios y pidieron más tiempo para analizarla. Se dieron 40 días adicionales, que vencieron el 4 de marzo. De los más de 100 potenciales comentaristas se recibieron sólo 11 sugerencias o correcciones.

El martes pasado, la presidenta Navarro envió un correo electrónico a los consejeros convocándolos para el próximo miércoles 27 de marzo a votar la propuesta definitiva de reforma estatutaria. Para ello, les envió un link donde se compara el texto actual y la reforma planeada, en formato PDF. En la carta, Navarro también dejó en claro cuál es la principal controversia que la reforma ha suscitado al interior del gremio y que motivará dos votaciones separadas: una sobre el artículo quinto en particular y otra sobre todo el resto de la propuesta, confirmó a Pulso el vicepresidente de Sofofa, Gonzalo Said.

Fuentes consultadas confirman que existe un respaldo generalizado a las reformas, salvo por el artículo 5, que define la categoría de “socio empresa”.

Los socios empresa son los más relevantes de la Sofofa, pues pueden integrar el Consejo General, el órgano rector del gremio, con derecho a voz y voto, y proponer candidatos a consejeros electivos, que suman 60. Pueden serlo aquellas personas jurídicas que realizan actividades económicas de las categorías A, C, D, E, H y J de la clasificación industrial uniforme de Naciones Unidas (revisión 4), es decir, pesca y acuicultura, industrias manufactureras, suministro de electricidad y gas, suministro de agua, transporte y almacenamiento, e información y comunicación. Es decir, empresas con actividad productiva.

“En esta reforma se busca definir en el artículo quinto con mayor precisión cuáles son los socios empresa, que, por su naturaleza o actividad, representan a industrias en su sentido más amplio. Además, establece con claridad cuáles son los socios institucionales, los cuales tienen los mismos derechos que los socios empresa, salvo el poder presentar candidatos al consejo”, explicó Said.

En este artículo, eso sí, hay un párrafo nuevo que levantó asperezas: “Quedan excluidas de esta categoría de socios (…) las personas jurídicas que presten -como actividad principal propia o de sus matrices- servicios profesionales tales como consultorías, auditorías, servicios de educación, asesorías legales, agencias de publicidad y comunicación, y servicios de fiscalización y certificaciones”.

De toda esta lista de rubros, el único que actualmente cuenta con presencia en el consejo son las auditoras. Allí están Loreto Pelegrí, de PwC; Macarena Navarrete, de EY, y Jacqueline Plass, de Deloitte. La única “Big Four” que no tiene representación es KPMG, pero es auspiciadora o “partner” de Sofofa.

Por eso estas empresas, que quedarían fuera del consejo, consideraron que era un artículo dirigido a ellas.

Ese miércoles 24 de enero, la representante de EY, la abogada Macarena Navarrete, planteó su incomodidad frente a la modificación y resaltó el aporte que estas firmas han hecho y pueden seguir haciendo al gremio. Pasó a ser la principal opositora al cambio. Pero no encontró eco en sus propias colegas. Las otras representantes de auditoras no se han pronunciado en contra de la propuesta. Es más, sus firmas se manifiestan abiertas al cambio.

“No tenemos problema. Es más, siento que efectivamente la Sofofa debiera ser para empresas con chimenea, si se trata de un gremio industrial”, dijo el socio de una auditora.

“Indistintamente de que se promueva un cambio de estatutos, que limite nuestra participación a nivel de los consejeros electivos, aun cuando creemos que nuestra participación es valiosa en todo ámbito, eso no afecta el que como firma sigamos apoyando a Sofofa en sus diversas instancias técnicas”, afirmó KPMG en una declaración escrita.

La mesa directiva del gremio se reunió a inicios de marzo con las auditoras para explicarles los cambios y dejarles en claro que no se les está excluyendo de la Sofofa, sino del consejo, pues podrán participar como socios institucionales en los comités técnicos.

Navarrete, quien prefirió no hacer comentarios a Pulso, ha intentado en estas semanas conseguir votos para impedir el cambio, admitieron varios consejeros, citando como razones el aporte de las auditoras en los temas en que son especialistas, como el tributario, o al hecho de que las tres consejeras son mujeres, por lo tanto, se restringiría la cuota femenina. Pero probablemente no tendrá éxito, dado que el apoyo a la reforma completa hasta ahora es mayoritario.

“Todo el mundo está feliz, porque por fin se hizo”, dijo una consejera. “Me da la impresión de que se va a aprobar todo”, agregó.

Ahora, en caso de que se apruebe, las tres consejeras no deberán partir de inmediato del consejo. Cada una va a cumplir el periodo por el cual fue elegida y desde ese momento no podrá ser reemplazadas por un representante de una auditora. Entonces, Pelegrí y Plass podrán ser consejeras hasta 2027 y Navarrete, hasta mayo del próximo año.

La exclusión de las auditoras no es un tema nuevo. A muchas empresas, y empresarios, les incomodaba su presencia, más allá de que no fuesen empresas con chimenea. Es que, tal como los estudios de abogados, las agencias de publicidad o las consultoras, estas firmas pertenecen a un rubro del que las empresas productivas son clientes.

Y éstas reclamaban que, en vez, o además, de defender intereses gremiales, su interés también fuese particular, en el sentido de generar vínculos, crear redes y buscar clientes allí. “Es un comentario que se escucha mucho esto de que vengan a buscar clientes. Es un buen lugar para que ese sea el propósito”, dijo un consejero.

Además, se ha dado el hecho de que una auditora puede al mismo tiempo estar sirviendo a una empresa productiva y a una autoridad, generando contraposición de intereses. “Pueden estar a los dos lados de la mesa, pues no tendrían problemas en ser contratados por la empresa y por el gobierno”, explicó otro consejero.

Pero en la Sofofa resaltan que más allá de este capítulo controversial, existen varios cambios relevantes que han sido bien recibidos.

Por ejemplo, el hecho de que sólo podrá haber un consejero por empresa, pues se han dado casos en que en comicios consecutivos (pues cada dos años se elige a 30 consejeros, la mitad de la asamblea) sean electos consejeros de una misma empresa.

Además, el cupo de consejero no estará asociado a la persona elegida, sino que a la empresa que representa, de manera que si algún consejero deja la compañía por la cual fue electo, pierde ese sillón.

Otro elemento será la creación del cargo de gerente general y la redistribución de funciones con el secretario general. A contar del 1 de abril, el exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez asumirá la secretaría general y Jorge Ortúzar, la gerencia general, que se dedicará a la gestión interna.

Asimismo, se piensa sumar dos integrantes al comité ejecutivo, que serán vía elección del consejo, de manera de que esa entidad no sea completamente definida por la presidencia.

Y en cuanto a la participación femenina, se incorporará como artículo permanente, y no transitorio, la posibilidad de que una candidata no necesariamente sea presidenta o gerenta general de una empresa para ser elegida consejera, sino que podrá ser directora o gerenta de primera línea si en el consejo no se alcanza un 30% mínimo de mujeres.