Subsecretaria de Evaluación Social: "Estamos avanzando en varios insumos que permitan complementar la Casen"

Asegurar comparabilidad de los resultados y garantizar su calidad. Esos fueron los dos argumentos para la postergación de la toma de la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2019 que se reprogramó para noviembre de 2020 por la crisis social. Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, aborda las razones y adelanta el trabajo que están realizando para el desarrollo de indicadores que permitan una percepción más fina acerca de la pobreza y la desigualdad, en el centro de la actual coyuntura.

¿Por qué se decidió postergar la toma de la encuesta Casen 2019?

-La encuesta Casen es el instrumento de clasificación socioeconómica más importante del país, un instrumento de Estado. Ya habíamos recorrido un camino y los encuestadores estaban por salir el 31 de octubre. A esa fecha necesitábamos seguridad desde el punto de vista del encuestado y del encuestador. Esos días fueron muy complejos y conversamos desde el primer momento con el panel de expertos hasta cuándo podríamos retrasarla, porque nuestro deber era asegurar la comparabilidad y la calidad de la toma.

¿En qué sentido?

-La toma de la encuesta siempre es entre noviembre y enero, en este caso de 2019 y 2020. Y como se trata de ingresos es muy importante tomarla en el mismo momento del tiempo. Llegó un momento en que evidentemente dada la situación país y por motivos de calidad de la muestra, que el panel nos recomendó reprogramar.

¿Cuál es el cronograma para la próxima Casen?

-Para noviembre de 2020 hasta enero de 2021. Estos meses vamos a mirar el cuestionario, porque hay nuevos beneficios que tienen que ser considerados en el ingreso de las familias como el bono de apoyo familiar o la mejora en las pensiones. Además, tal como lo habíamos programado para 2019, vamos hacer un levantamiento con dispositivos electrónicos de los 77 mil hogares, que mejorará la precisión de la información. Lo más probable es que tengamos resultados en el primer semestre de 2021.

¿Qué impacto tiene esta postergación en la política social?

-No es la primera vez que la Casen se toma cada tres años. Sin embargo, estamos avanzando en varios insumos que permitan complementarla. Previo a la crisis -y ahora con más fuerza- veníamos trabajando en el diseño de indicadores de caracterización socioeconómica con registros administrativos. Recientemente tuvimos la primera reunión del panel de expertos que trabajará con nosotros, entre quienes está Francisco Gallego, Andrea Repetto, David Bravo y Carolina Velasco. Con la crisis social esto cobra especial relevancia.

¿Es una lección de la crisis?

-Si bien la pobreza por ingresos ha disminuido desde el año 90 la fecha, sabemos que la Casen podría resultar insuficiente para el levantamiento de diagnósticos claves y ese es un desafío que tenemos que abordar. Los instrumentos con los que contamos para levantar nos han permitido saber que Chile ha reducido sus niveles de pobreza por ingresos y que las carencias de la pobreza multidimensional también han ido evolucionando de manera favorable. Sin embargo, la lección es que existen desafíos pendientes y requerimos de instrumentos que permitan complementar ese diagnóstico.

¿Qué tipo de diagnósticos?

-Se trata de indicadores de bienestar subjetivo y de cohesión social, que tienen que ver con la pobreza multidimensional, que se dedica a mirar el ámbito de redes y cohesión social de las familias.

¿Podría haber un aumento de la pobreza medida como consecuencia de la crisis?

-Nuestro rol como Estado es trabajar para que la crisis y el menor crecimiento afecten lo menos posible. La agenda social es mucho más que la mejora en las pensiones, está atenuar las alzas de los servicios básicos, en el transporte, el bono de ayuda familiar permanente, el ingreso mínimo garantizado -que esperamos se apruebe durante enero-, contribuir con los diagnósticos para la toma de decisiones y también con la evaluación ex ante y el monitoreo de todos los programas sociales del Estado, que tienen efecto presupuestario.

Dice que han mejorado las cifras, pero la gente parece no percibirlo. ¿Cómo se aborda esa brecha?

-Los instrumentos con los que contamos hoy para levantar diagnósticos son muy necesarios, pero claramente insuficientes para poder tener una mirada completa, justamente, de estas materias de percepción. Por eso este año vamos a trabajar en indicadores que complementen esa información. Y no solamente desde el Estado, sino a nivel de todas las personas que quieran contribuir en el diseño y desarrollo de soluciones sociales.

¿Cómo?

-A partir del 2 de enero abrimos el acceso a las bases del Registro de Información Social (RIS) que contiene los datos de familias e individuos beneficiarios o potenciales beneficiarios de programas sociales. Desde allí, la academia puede contribuir a desarrollar soluciones de política social, basadas en evidencia y diagnóstico. Se trata de un piloto.

Existe un compromiso de mayor eficiencia en el gasto anunciado por Hacienda. ¿Cómo están abordando el tema?

-Por ley estamos obligados a evaluar ex ante y monitorear la eficiencia, eficacia y focalización de los programas sociales. Hicimos un piloto durante 2019 respecto de la oferta 2018, y posterior a la crisis hicimos una profundización de la eficiencia de los programas. Y encontramos que hay espacios considerables de mejora respecto de cuánto llega a las personas y cuánto es gasto administrativo. Vamos a recorrer este camino con el Ministerio de Hacienda en materia de eficiencia en el gasto.

¿Podría implicar suprimir o fusionar programas?

-Muchas veces hay dos programas que pueden estar haciendo lo mismo y que la solución no sea eliminar un programa. Hay programas de intervención donde el gasto administrativo es necesario. Lo que queremos es que haya una coordinación y si existen dos programas que están haciendo algo similar, lo primero es ver qué espacio hay para una sinergia. Nuestro es objetivo es velar porque los beneficios lleguen a las familias más vulnerables.P