Tras 112 días de tramitación, este miércoles la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. Fueron más de tres meses para que el proyecto sorteara con éxito la instancia legislativa, pese a la marcada oposición que enfrentó la iniciativa, especialmente en uno de los tres pilares de financiamiento: el denominado “pilar PMGD”, que establece la creación de un nuevo cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) con cargo a los ingresos que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
Sin embargo, las tres fuentes de financiamiento ya habían sido aprobadas por la instancia, y sólo restaban algunas indicaciones del Ejecutivo formuladas al proyecto para hacerse cargo de propuestas planteadas parte de distintos parlamentarios, especialmente del oficialismo, en orden a establecer medidas de apoyo para la clase media.
En ese sentido, restaban tres indicaciones del gobierno al proyecto, y que fueron aprobadas con 8 votos a favor, tras ser sometidas a votación como “paquete”. Éstas establecen una diferenciación entre las firmas PMGD para el pago del cargo FET, diferenciándolas de acuerdo a su régimen tributario. Así, aquellas firmas acogidas al régimen para pequeñas y medianas empresas, quedarán exentas del cargo que grava la actividad de las generadoras de hasta 9 MW. Otra de las indicaciones del Ejecutivo establece la creación de un incentivo tributario para la instalación de paneles por parte de micro, pequeñas y medianas empresa (MiPymes), destinándolos a autoconsumo.
Sin embargo, la tercera indicación fue un ‘as bajo la manga’ con que el gobierno consiguió aunar respaldos incluso desde la oposición a la iniciativa legal: el financiamiento de un plan masivo de instalación de “techos solares” residenciales dirigido particularmente a la clase media, considerando los posibles excedentes de recaudación originados por el proyecto de ley.
El plan busca instalar hasta 175 mil paneles fotovoltaicos en tres años, enfocado en sectores de clase media.
Otra indicación del gobierno buscaba aprobar el mayor gasto fiscal asociado al proyecto, que fue aprobado con 9 votos a favor. Según el último informe financiero del gobierno, el proyecto genera una baja en los ingresos para el Fisco por $27.018 millones, asociada al uso del crédito tributario para promover la inversión en sistemas fotovoltaicos para autoconsumo de MiPymes.
Finalmente, un grupo de indicaciones formuladas por distintos diputados fueron declaradas inadmisibles por la presidencia de la comisión, liderada por el diputado UDI Marco Sulantay. Entre ellas, una presentada por el diputado FRVS Jaime Mulet, que buscaba ampliar los mecanismos de revisión de precio a los contratos vigentes en el sistema eléctrico. Pese a que solicitó votación para revertir la medida, la inadmisibilidad fue confirmada tras obtener 6 votos a favor y 6 votos en contra.
Ahora, la iniciativa será vista por la comisión de Hacienda de la Cámara, antes de pasar a la Sala de la Cámara Baja.
El ministro de Energía, Diego Pardow, valoró el apoyo transversal que recibieron la mayoría de las propuestas incluidas en el proyecto de ley. “Quiero destacar a las y los parlamentarios que han decidido poner en el centro las necesidades de las familias chilenas en medio del proceso de estabilización de tarifas eléctricas. Esperamos seguir avanzando en la discusión de este importante proyecto en lo que queda de año legislativo y llegar en el corto plazo con un apoyo concreto a los hogares más vulnerables, familias de clase media, pymes y APR de todo el país”, señaló.
