El conflicto entre los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y el gobierno sigue candente. Tras el duro enfrentamiento que sostuvieron representantes de la industria con el propio ministro de Energía, Diego Pardow, en el marco del Chile Day en París celebrado la primera semana de septiembre, las empresas sumaron nuevos antecedentes para respaldar su férrea oposición a la idea del Ejecutivo, de que los ingresos que perciben este tipo de generadoras formen parte de los tres pilares del financiamiento necesarios para incrementar el beneficio a 4,7 millones de hogares, desde los 1,6 millones actuales.

Así, apareció en escena una verdadera batería de fundamentos con los que las empresas buscan frenar la idea del gobierno. Se trata de un informe en derecho, del cual se conocía su existencia, pero no su contenido.

El reporte, elaborado por el estudio de abogados FerradaNehme -en el cual se desempeñó el hoy ministro Pardow como director del estudio jurídico entre 2014 y 2020- fue encargado por la empresa de capitales chilenos D’E Capital.

El fundador de la empresa, Emilio Pellegrini Ripamonti -expresidente del Colbún y ex director nominado por las AFP en Endesa Chile (hoy Enel) y Transelec- comprometió el envío del informe a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, al participar en la segunda sesión celebrada por dicha instancia el 4 de septiembre.

“Hemos pedido a Nicole Nehme, a quien conozco hace muchos años, que es de una prestigiosa oficina de abogados en Santiago, que nos hiciera un análisis, un informe en derecho respecto a la ley. El informe es muy claro en sus conclusiones, tiene que hay problemas de propiedad, de constitucionalidad y perfectamente puedo hacer entrega del informe”, pactó en esa ocasión Pellegrini. Ello no había ocurrido sino hasta el pasado viernes.

El reporte, fechado el 5 de septiembre, consta de 25 páginas. En la última de sus conclusiones sostiene que la propuesta del gobierno “tiene el potencial de generar impactos adversos significativos en el sector de generación de pequeña escala, tanto en términos económicos como constitucionales”.

El proyecto del gobierno pretende establecer un cargo transitorio de $1,8/kWh, entre los años 2025 al 2027, a los retiros de energía, los que luego serán descontados de las compensaciones por precio estabilizado. Dicho régimen al cual se encuentran adscritos gran parte de los PMGD, entrega estabilidad en cuanto a sus ingresos futuros, fomentando el financiamiento de este tipo proyectos que no pueden acceder a contratos de suministro de energía a largo plazo.

Según FerradaNehme, el mecanismo ideado por Energía y Hacienda afecta tanto la protección de derechos adquiridos como la garantía de libertad económica. En esa línea, sostiene que “la jurisprudencia constitucional y la literatura jurídica permiten concluir que la propuesta incorporada en el proyecto de ley tendiente a la imputación del Cargo FET al precio estabilizado vigente, al cual han optado algunas centrales de generación de pequeña escala, contravendría el marco constitucional vigente”.

Esto, considerando que la jurisprudencia constitucional ha señalado, que “la privación del dominio se verifica no solo al despojarse a su dueño totalmente de la cosa (o de uno de sus atributos o facultades esenciales), sino también cuando ello se hace parcialmente o mediante el empleo de regulaciones que le impidan libremente ejercer su derecho”. Además, se argumenta que la propuesta afecta la libertad económica.

“La rebaja en los ingresos percibidos a título de precio estabilizado propuesta por el ministerio amenaza con imposibilitar el recto desarrollo de la actividad de generación de pequeña escala y obstaculizar a sus titulares poder cumplir con sus obligaciones comerciales, al verse privados de una porción relevante de sus ingresos brutos”, señala el informe.

En documento también rebate el argumento esgrimido por la autoridad sectorial sobre que el régimen de precio estabilizado ha superado el costo de desarrollo de los proyecto, justificando así la necesidad de ajustar sus ingresos para aumentar el monto del subsidio eléctrico.

“Lo que hace la propuesta del Ministerio es aprovechar una situación de cautividad de quienes invirtieron en estos activos –las centrales PMG y PMGD son altamente específicas– para extraer parte de ese flujo de ingresos que estaba garantizado y financiar un objetivo de política social”, señala.

Sin embargo, el análisis de FerradaNehme también entrega una advertencia directa sobre la sostenibilidad de la medida, ya que “es razonable prever que muchos de estos actores puedan evaluar la posibilidad de abandonar el régimen de precio estabilizado”.

“Este círculo vicioso podría erosionar significativamente la base sobre la cual se pretende recaudar el Cargo FET, lo que comprometería su viabilidad como mecanismo de financiación para los subsidios a los clientes regulados”, señala el informe.

En sus conclusiones, agrega que la implementación del cargo “genera un esquema de incentivos que podría afectar el financiamiento del subsidio a clientes regulados. Desde la perspectiva de la teoría de juegos, los pequeños medios de generación buscarían desvincularse del régimen de precio estabilizado para evitar mayores pérdidas, pudiendo crear un efecto en cadena que erosionaría la base de aportante”.

El informe en derecho es conocido por el Ejecutivo, pero en la cartera liderada por Diego Pardow existe confianza en que el análisis realizado por sus equipos legales mantiene blindada la propuesta. Pese a ello, se han mostrado abiertos a “perfeccionar el instrumento de recaudación”, dijo el viernes el secretario de Estado en conversación con CNN Chile, aunque también pidió tener una discusión “un poquito más constructiva”, rechazando que se pretenda “que uno elimine un pilar completo de un proyecto de ley”.