La tramitación del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico sigue sumando visiones en contra de la iniciativa. Así quedó reflejado en una carta suscrita por más de diez académicos y expertos del sector, que fue enviada a la comisión de Minería y Energía del Senado, instancia donde se encuentra radicado el proyecto de ley, en el marco de su segundo trámite legislativo.
En su sesión de este miércoles, se dio cuenta de la carta suscrita por Matías Negrete, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC y director general de la consultora Vinken; la abogada Daniela González, socia de la consultora Domo Legal; el director ejecutivo de la consultora Valgesta Nueva Energía, Ramón Galaz, y su director, Andrés Romero; por el socio director de la consultora EnergiE, Daniel Salazar; el profesor titular del Departamento de Economía UC, Nicolás Figueroa; el profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC, Samuel Córdova; Rodrigo Quinteros y Sebastián Mocarquer, miembros de Moray Energy Consulting; Jorge Moreno, de la consultora Inodú; Catalina Medel, directora del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y directora de Regulación ENC Consultants; y Daniel Olivares, profesor asociado de Ingeniería UAI.
La misiva, de tres carillas, expone que “en este caso particular, la opinión mayoritaria que se ha formado la academia y los expertos respecto a este proyecto de ley, refleja una preocupación respecto tanto del diseño como de sus impactos asociados, lo que subraya la necesidad de reconsiderar las propuestas actuales”.
Los expertos remarcan que, más allá de la “necesidad de otorgar y ampliar” la cobertura de subsidio eléctrico, consideran que “los principios de diseño propuestos y la forma en que se ha llevado adelante, alteran los compromisos regulatorios, y podrían afectar la percepción de riesgo en la inversión y la competitividad de la industria energética nacional, un pilar fundamental de la economía chilena, lo que no es deseable para un país que necesita aumentar su crecimiento”.
En concreto, advierte del impacto regulatorio que generaría el denominado “principio de autocontención”, que significa que los recursos para financiar el beneficio provienen del mismo sector energético, lo que a juicio de los expertos “alteran los principios básicos del mercado competitivo, generan incertidumbre jurídica y, sobre todo, transgreden principios constitucionales básicos sobre los que se cimenta nuestro orden público económico”.
“Esto compromete la confianza de inversionistas y financistas, afectando negativamente proyectos actuales y futuros, con impactos en alzas en los precios futuros traspasables a clientes finales que serían superiores al beneficio asociado a este subsidio”, indicaron.
Otro punto que subrayan es que, con los actuales 1,8 millones de postulantes, los recursos para dar cobertura al beneficio estarían asegurados con el pilar que destina la recaudación adicional del IVA generado por el alza de las tarifas eléctricas.
“Estimaciones entregadas por el Ejecutivo muestran que la recaudación adicional del IVA supera las necesidades de los actuales inscritos al subsidio, dejando espacio para apoyo a otros grupos objetivos como PyMEs, SSRs, etc. Adicionalmente, estudios realizados por la consultora Vinken, asociada a la Escuela de Ingeniería de la UC, muestran que la recaudación adicional del IVA podría ser superior a la proyectada por el Ejecutivo, entregando mayor holgura de recursos, al considerar mayor granularidad en los datos y efectos del subsidio en el presupuesto de los hogares”, afirmaron.
Finalmente, indicaron su preocupación por “la señal para otros sectores económicos”, ya que, a juicio de los expertos, “el sistema de financiamiento propuesto sienta un precedente inadecuado que podría replicarse en otras industrias cuando se requieran financiamientos extraordinarios. Esto podría debilitar aún más la competitividad de la economía chilena en su conjunto”.
“Instamos al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar los principios de diseño del proyecto de ley y reiteramos la disposición de especialistas del sector para colaborar en este proceso, ofreciendo análisis objetivos y propuestas viables que beneficien a todos los actores involucrados”, concluyeron.
