Un respiro tiene por estos días Enjoy. La compañía de casinos de juegos estaba contra el tiempo para enfrentar la potencial ejecución de la boleta de garantía por casi US$ 90 millones que podía ejecutar la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), por los trabajos que está realizando en el casino de Viña del Mar y que fueron paralizados a causa de la pandemia. En junio del año 2018, la SCJ concedió la licencia del recinto de Viña del Mar a la sociedad Casino del Mar, de propiedad de Enjoy. A contar de esa fecha, la operadora tenía 18 meses, hasta el 29 de diciembre de 2019, para realizar renovaciones y mejoras a las salas de juego e iniciar las operaciones del nuevo permisionario. En mayo de 2019, la compañía solicitó al regulador extender por 12 meses la entrada en operación de dicho casino, el plazo máximo de prórroga permitido por ley. Esto se produjo a pesar de que las obras comprometidas por la firma eran menores, ya que no tenían que construir una infraestructura desde cero -el casino debe funcionar en el edificio municipal ubicado en avenida San Martín-, como sí sucedió en el caso de otros recintos municipales, como Iquique, Pucón y Puerto Varas.
Y el pasado 8 de agosto, el organismo supervisor emitió una nueva resolución donde informa de nuevos plazos para la ejecución de las obras producto del brote de Covid-19. En el documento, la SCJ señala que “no se contabilizarán los días en que las sociedades adjudicatarias no han podido ejecutar las obras por encontrarse en cuarentena total en sus comunas y sin declaración de servicio de utilidad pública, toda vez que se encuentran imposibilitados para ello por acto de la autoridad respectiva”.
Añade que una vez levantada la cuarentena total en las comunas adjudicatarias que se encuentran en ese estado, “esta Superintendencia verificará con un inspector de obras el estado de avance de los proyectos, debiendo las sociedades operadoras presentar en el plazo de 10 días, un cronograma de trabajo actualizado para el reinicio y término de las obras”.
Y agrega que, para efectos de certificar el inicio de operación de los casinos de juego, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N°19.995, “las sociedades operadoras deberán dar estricto cumplimiento a las medidas sanitarias y protocolos vigentes a esa fecha”.
La medida beneficia a la compañía donde aún la familia Martínez y Advent son los accionistas principales. La firma ya había advertido, el pasado 17 de abril -una semana antes de solicitar la reorganización judicial-, que no podría cumplir con el plazo. En una carta enviada a la Superintendencia, la empresa detalló que los trabajos habían sido suspendidos por varios motivos, entre ellos, el riesgo sanitario, el estado de excepción, la dificultad en la movilización del personal y la dificultad en la cadena de abastecimiento. Al ser consultada, la firma no respondió las preguntas realizadas por Pulso.
