Dos funcionarios de AFP Provida fueron desvinculados en 2019 por entregar pensiones fraudulentas. En concreto, los ejecutivos cambiaron la fecha de nacimiento de 27 afiliados que aún no cumplían la edad legal para pensionarse por vejez, para que así pudieran recibir el dinero de sus cuentas individuales de forma anticipada.

Tampoco eran necesariamente personas cercanas a la edad de retiro. Por ejemplo, a una persona que en 2019 tenía 28 años, le adulteraron la fecha de nacimiento a 1950.

Así lo dio a conocer hoy la Superintendencia de Pensiones en una multa que cursó a la administradora por UF 4.800. “Provida incumplió de manera grave sus deberes respecto a uno de los pilares que sustentan el funcionamiento de las AFP y del sistema de capitalización individual, que es la debida custodia de los fondos de pensiones y velar por el cumplimiento de los requisitos legales para la obtención de los beneficios o prestaciones previsionales”, dice la resolución de la Super.

El regulador también señaló que “se ha observado en el presente proceso sancionatorio, una falta de medidas de seguridad para el correcto otorgamiento de los beneficios previsionales, los cuales facilitaron la obtención indebida de los montos contenidos en las cuentas obligatorias de capitalización individual. Todo ello se tradujo, en el retiro de más de $300 millones, de las cuentas de capitalización individual obligatorias de 18 afiliados y la entrega de casi $100 millones, de los montos de dichas cuentas, a personas distintas de su titular”.

Esto, considerando que incluso a las personas que se les falsificó la edad para poder pensionarlas antes, en algunos casos el dinero no llegó necesariamente a las cuenta bancaria del afiliado en cuestión.

Con todo, la multa que cursó la Superintendencia de Pensiones habría sido mayor si no fuera porque Provida fue la que informó al regulador sobre lo sucedido el pasado 18 de octubre de 2019. De lo contrario, la AFP habría tenido que pagar UF 6.000.

De los 27 casos detectados en 2019 de adulteración de fechas de nacimiento, a 18 de estas personas se les pagó el dinero incluyendo períodos retroactivos, y para 9 afiliados los pagos fueron detenidos, según dijo la AFP a la Superintendencia.

Los afiliados a los cuales se les adulteró la edad, en realidad tenían entre 27 y 62 años, pero la mayoría estaba a más de una década de la edad legal de retiro.

Es más, quien cobró el monto de la pensión de estos afiliados a los cuales se les adulteró la edad, no necesariamente fue el mismo afiliado dueño de la cuenta individual, eso ocurrió en cuatro casos.

Eso sí, de esas cuatro personas, uno de los montos depositados fue a la cuenta bancaria de la hija del afiliado, por lo que fueron tres los casos donde quien cobró el dinero no tenía parentesco con el dueño de la cuenta individual. La AFP restituyó los fondos que habían sido retirados en los casos donde el depósito del dinero no se hizo en la cuenta bancaria del afiliado.

Por otro lado, de los 27 casos detectados, tres afiliados tendrían que haber ingresado a SCOMP para pensionarse, siempre y cuando hubiesen cumplido con el requisito de tener la edad legal de retiro, cuestión que tampoco se realizó.

La Superintendencia en la investigación tomó declaraciones a funcionarios de Provida, y concluyó que la AFP “mantuvo los expedientes de trámites de pensión, sin haber contado con medidas de seguridad necesaria para asegurar el correcto otorgamiento de los beneficios previsionales”, señala la Superintendencia en su resolución.

Por todo lo anterior, Provida presentó una querella criminal ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de los dos ejecutivos, así como también en contra de todos quienes resulten responsables del delito de fraude previsional y del delito de estafa, y de todo otro ilícito penal que sea determinado por la investigación.

El Ministerio Público estaría investigando la situación. En la querella, la AFP relata que estos dos ejecutivos “realizaron un cambio en la edad y, en algunos casos, de género de ciertos afiliados, y procedieron a realizar solicitudes de jubilación con el objetivo de apropiarse ilícitamente de las pensiones de vejez de manera adelantada, lo que ha causado un perjuicio de aproximadamente $329.415.061″.