Nuevos antecedentes se sumaron a la pugna que se lleva a cabo al interior de Clínica Las Condes -entre la administración y el cuerpo médico del centro de salud-. Este miércoles, la Superintendencia de Salud inició una fiscalización al establecimiento, a raíz del bloqueo de agendas y suspensión del uso de instalaciones que el centro aplicó la semana pasada a un grupo de 155 médicos, en el marco del conflicto por el pago de arriendos. La revisión continúa hoy jueves.
En caso que se determine que la clínica incurrió en una falta, la normativa estipula multas de hasta 500 UF que pueden duplicarse en caso de reiteración.
El procedimiento de la entidad reguladora se enmarca en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y busca determinar, inicialmente, cuántos pacientes quedaron sin atención producto de la medida y los efectos en personas que requerían la atención.
“La superintendencia debe velar por el bienestar de los pacientes”, sostuvieron desde el organismo, que declinó entregar más detalles por encontrarse en curso la diligencia.
Desde CLC, los abogados explicaron que la razón detrás de la suspensión de las instalaciones a 155 médicos tiene que ver con el incumplimiento del pago del arriendo por segunda vez consecutiva. “Todo ello sin contar con un acuerdo de CLC que avale el no pago y, asimismo, sin encontrar dicha conducta asidero en la orden de no innovar decretada”, se sostiene en el documento presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En este sentido, prosigue argumentando que son 155 los profesionales médicos los que incumplieron con sus obligaciones de pago de la renta de arrendamiento “al haber objetado ante el Servicio de Impuestos Internos 176 facturas ascendentes a $184 millones”.
