Superintendencia de Pensiones monitorea la operación anunciada por Enel

Junta extraordinaria de accionistas de Enersis
CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

La transacción le recordó al mercado el aumento de capital propuesto en 2012, y que derivó en una extensa disputa entre la compañía y las AFP.


No sólo los inversionistas siguen de cerca la operación anunciada ayer por Enel.

Consultad al respecto, la Superintendencia de Pensiones señaló que "está monitoreando el tema, pero como parte del seguimiento diario que hace respecto de los movimientos de acciones o mercados en los que están invertidos los fondos de pensiones, con el objetivo de resguardar siempre los intereses de los afiliados".

La transacción propuesta generó suspicacias en el mercado y de paso trajo a la memoria la operación de 2012.

En aquella ocasión, Endesa España - que justamente pasó a manos de la italiana Enel en 2014- anunció un aumento de capital por US$8.020 millones, el mayor en la historia de Chile.

Sin embargo, la polémica surgió pues la española suscribiría su parte con participaciones que tenía en otras filiales en la región, concretamente en Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile. En tanto, los accionistas minoritarios como las AFP debían pagar en efectivo por su parte de las nuevas acciones.

El conflicto incluso llegó al gobierno, específicamente hasta el Ministerio de Economía, que en ese entonces estaba en manos de Pablo Longueira. El secretario de Estado tomó partido y dijo que se trataba de una operación entre partes relacionadas y no un simple aumento de capital. "Sólo beneficia a los controladores", dijo Longueira por esos días.

A su vez, la Superintendencia de Pensiones señaló en aquella ocasión que había realizado una serie de diligencias, y que incluso realizó una presentación a la SVS - hoy CMF- solicitando la investigación a fondo de la situación generada con el aumento de capital, y el pronunciamiento formal respecto a si la transacción debe ser vista como una transacción entre relacionadas.

Tras un largo conflicto de 20 meses -y una solicitud de investigación a la SVS mediante- el monto finalmente se redujo a US$ 5.995 millones.

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