La semana pasada el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de reajuste del sector público, en el cual también presentó una propuesta con la que pretende mitigar de manera transitoria el efecto que genera el fallo GES en las isapres, donde plantea adelantar el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) para que el alza de precios base 2024 se ejecute en abril y no en junio.
En el marco de la tramitación de ese proyecto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó este lunes a los diputados de la Comisión de Hacienda que la baja de ingresos de 12% promedio que se generará en la industria desde enero al aplicar el fallo GES, podría significar que en febrero una primera isapre incumpla los indicadores legales, en caso de que no se tome ninguna medida para mitigar ese efecto.
El regulador partió recordando cómo ha sido la situación financiera de las isapres durante el año 2023, según la información que tienen a octubre, y el contexto de los últimos cuatro años. En ese sentido, comentó que a octubre de 2020 el sistema tuvo ganancias por casi $60 mil millones. En 2021 tuvo pérdidas por $156 mil millones. En 2022 anotó pérdidas por $134 mil millones y fracción. Y en 2023, a octubre, presenta casi $9 mil millones de ganancias. “Eso con diferencias entre cada una de las isapres. Fundamentalmente estas ganancias se sustentan en los aumentos de precios que aplicaron el año pasado”, puntualizó el superintendente, refiriéndose al alza del precio base y el aumento de la prima GES.
Pero añadió: “Sin embargo, desde diciembre de este año (este mes) las isapres empezaron a implementar el fallo GES, que significa en promedio alrededor de un 12% menos de ingresos para el sistema. Estamos hablando de casi $40 mil millones, que no se condice con los $8.000 millones de ganancias que tiene hoy día el sistema. Por lo tanto, hay un desequilibrio que empieza a operar desde el primer mes de cobro, y que de alguna forma busca ser compensado, para tener la oportunidad de que no haya incumplimiento de indicadores, en la medida que se esta discutiendo, además, el proyecto de ley corta en el Senado”.
En ese sentido, planteó: “¿Cómo impactaría si no tomamos medida alguna, en los indicadores financieros? Fundamentalmente tendríamos incumplimiento de indicadores a partir del mes de febrero, y así sucesivamente, mes a mes, ya sea en el indicador de liquidez o patrimonio. No me pidan dar nombres de isapres, por favor. Por razones de mercado no debiera yo pronunciar aquello, pero efectivamente la primera podría caer (...) En febrero habría un incumplimiento, y de ahí sucesivamente irían una a una, incumpliendo o el indicador de liquidez o el de patrimonio”.
Al respecto, comentó que “eso, obviamente desde la perspectiva de la discusión de cualquier proyecto de ley, complejiza el debate, porque estaríamos con isapres que estarían en un plan de ajuste y contingencia, eventualmente alguna podría estar, según cuánto caiga su indicador, incluso intervenida por un administrador provisional”.
Por eso indicó que la idea de esta medida propuesta en el proyecto de reajuste del sector público, es que funcione como un puente para que las isapres alcancen a llegar a la eventual aprobación de la ley corta que se está tramitando en el Senado y que busca ser una solución más completa. En todo caso, Torres dijo que la medida que ahora buscan aprobar de manera más inmediata, no absorbe la totalidad de los menores ingresos calculados, “sin embargo, podría ser una ayuda que permita llegar más adelante en la discusión, manteniendo los indicadores relativamente en cumplimiento”, añadió.
Torres también manifestó que en este proyecto de reajuste del sector público se busca implementar de manera más rápida el no cobro por menores de dos años que ordenó la Corte Suprema en el fallo sobre tabla de factores. Como quieren empezar a aplicar esa rebaja en abril, y no después de que se apruebe la ley corta de isapres, señaló que también por eso se busca empezar a aplicar desde antes la compensación que se va a hacer, distribuyendo ese costo en la totalidad de la cartera de afiliados. En esa línea, detalló que, en promedio, el cobro adicional por persona sería de 0,04 UF, aproximadamente, ya que oscila entre 0,016 UF el mínimo y 0,057 UF el máximo.
