El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó este miércoles el acuerdo extrajudicial que firmó la Fiscalía Nacional Económica con Watt’s en el marco de dos investigaciones destinadas a constatar el cumplimiento por parte de la empresa de lo ordenado por el Tribunal en dos sentencias.

En la primera sentencia el TDLC estableció una serie de medidas que Watt’s (entre otras procesadoras) debían cumplir en el mercado de adquisición y procesamiento de leche fresca, en el que participan comprando a diferentes productores.

Algunas de esas medidas son la mantención de listados públicos de precios de compra de leche, en los que se detallan los parámetros que componen el monto a pagar, y publicar con anticipación cualquier cambio en las condiciones de compra del producto.

En su investigación, la FNE detectó Watt’s y su filial Diwatt´s aplicaban algunas condiciones comerciales a sus proveedores que no fueron informadas al mercado en las pautas de precios, como lo ordenó la sentencia. Sin embargo, la Fiscalía no pudo constatar que esta falta hubiera permitido a Watt’s o a su filial beneficiar a algunos productores en perjuicio de otros.

En tanto, en una Resolución el TDLC confirmó la vigencia de las medidas antes mencionadas y ordenó excluir de las pautas de precios y de los contratos con sus proveedores, cualquier cláusula de exclusividad, que obstaculice la movilidad de los proveedores. Además, el Tribunal ordenó incluir en los contratos la posibilidad de que productores puedan poner término unilateral a éstos, dando aviso con una anticipación razonable.

Al respecto, la FNE detectó que, desde su dictación, Watt’s y su filial realizaron modificaciones en las condiciones comerciales establecidas en sus pautas de precios y contratos, con el fin de ajustarse a lo dictaminado por el TDLC, sin perjuicio de haber identificado espacios de mejoras, los que han sido abordados en los compromisos adoptados por la empresa.

En el acuerdo, Watt’s reconoció los hechos detectados por la FNE en su investigación, adoptó compromisos para ajustar su conducta a lo dispuesto por el TDLC y asumió el pago de 800 Unidades Tributarias Anuales, equivalente a $483 millones, a beneficio fiscal.