Luego que se conociera que el Presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a los seis ministros que asistieron a las polémicas reuniones en la casa del lobista Pablo Zalaquett (UDI), llamada en la Mandatario los instruyó a evaluar el registro de estas citas en la plataforma electrónica sobre lobby y, además, a que respondan en el menor plazo posible los oficios enviados por Contraloría General de la República, los ministros de Economía, Nicolás Grau; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y de Trabajo, Jeannette Jara, acataron la primera instrucción.
“En atención a la solicitud del presidente Gabriel Boric hacia los ministros que sostuvieron reuniones en la casa de don Pablo Zalaquett, de evaluar la necesidad de registrar dichos encuentros en la plataforma Infolobby, el ministro de Economía, Fomento y Turismo ha decidido incorporar el encuentro del 13 de noviembre de 2023 en dicha plataforma”, dijo el Ministerio de Economía.
Agregó que “el ministro ha decido también a futuro registrar todas las reuniones, sin importar el objeto del encuentro, en la plataforma Infolobby”.
En tanto el Ministerio de Agricultura indicó que “el ministro Esteban Valenzuela y su equipo evaluaron la pertinencia de registrar la reunión en la plataforma, y aunque no hay ilegalidad alguna, se decidió subir el encuentro a la plataforma”.
Por su parte desde la Cancillería señalaron que “ayer el ministro conversó con el Presidente, y en aras de la transparencia y para no seguir profundizando esta polémica, ha decidido registrar en la plataforma lobby el encuentro del que participó. Si bien no es algo que exija la Ley, por la naturaleza misma de la cita, nunca ha tenido ningún inconveniente con que se sepa que participó de este encuentro”.
Sobre la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, el Ministerio dijo que “en línea con lo ya anunciado el día miércoles, el Ministerio del Medio Ambiente decidió registrar de ahora en adelante en la plataforma Infolobby todos los encuentros en los que haya participado la ministra Maisa Rojas sin distinguir el propósito de estos. A partir de la solicitud del Presidente de evaluar la necesidad de registrar los encuentros con Pablo Zalaquett, hemos decidido también realizar su registro”.
En el caso de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, desde su equipo señalaron a la Tercera PM que “declarará las tres reuniones sostenidas en la casa de Zalaquett”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, sin embargo, descartó realizar dicho registro. “Nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay ninguno de los requisitos, elementos del lobby, por eso no la vamos a inscribir, pero creo que ha sido necesario hacer este ejercicio, porque ha habido mucho interés en este tema, ha generado polémica, y creo que es una buena cosa volver a hacerlo”, afirmó.
Ministros involucrados
La exigencia de Boric abarcó a los ministros Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Cancillería), Esteban Valenzuela (Agricultura) y Jeannette Jara (Trabajo).
También reconoció haber asistido a esas citas el jefe de la Segpres, Álvaro Elizalde, sin embargo, concurrió en su anterior calidad de senador.
La Ley de Lobby obliga a ministros y parlamentarios a declarar reuniones en que se hayan ejercido gestiones de interés particular. La normativa establece que, en los casos de autoridades de gobierno, es la Contraloría la que tiene potestad de verificar el cumplimiento de la legislación.
“En caso que el sujeto pasivo de aquellos señalados en el artículo 3º (ministros)..., no informare o registrare lo señalado en el artículo 8º dentro del plazo dispuesto para ello (audiencias con lobistas), la Contraloría General de la República le comunicará dicha circunstancia, y el obligado tendrá el plazo de veinte días para informar al respecto”, dice la ley.
Según la Ley de Lobby, la Contraloría debe ceñirse a un estricto procedimiento.
“En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. La Contraloría, mediante resolución fundada, propondrá, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró”, dice la legislación.
Es decir, en el caso de los ministros, la sanción pecuniaria debiera ser aplicada por el propio Presidente de la República, a recomendación de la Contraloría.
