Esta mañana, acompañado por el gerente general Pablo Ortiz, el contralor Gustavo Delgado, y su abogado Álvaro Jofré, el presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, se presentó en el Centro de Justicia ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para enfrentar la formalización. La audiencia comenzó a las 12:30 y finalizó a las 15:00 horas.

El caso se originó a partir de una querella criminal presentada el 16 de mayo de 2022 por Fredy Jacial, exgerente general de CLC, quien acusó a Gil y a Jerónimo García de presentar una querella calumniosa en su contra. Esta acción fue posterior al sobreseimiento de Jacial, ocurrido el 20 de septiembre de 2021, cuando fue absuelto de una querella por administración desleal interpuesta por Gil y García. En esa ocasión, se declaró la inocencia de Jacial y la falta de fundamento en la querella presentada por Gil y García. La defensa de Jacial fue liderada por la abogada Trinidad Luengo.

En la audiencia, el tribunal determinó rechazar la solicitud de sobreseimiento definitivo que planteó la defensa del presidente de Clinica Las Condes Alejandro Gil. En paralelo, el tribunal decretó el sobreseimiento del ex gerente general Jeronimo García.

“Decir de esta manera que Jacial administró de manera desleal porque aceptó pacientes Fonasa y más allá de lo que la clínica entendía cómo máximo que eran 64, no es algo que se pueda sostener que es veraz porque no había límite para ello y CLC no podía negarse en virtud del estado de excepción constitucional y las instrucciones de la autoridad sanitaria”, acotó la magistrada Carolina Herrera.

“En esta etapa procesal el tribunal no está en condiciones para señalar que los hechos que fueron materia de la formalización no son constitutivos de delitos y tampoco para decir que no hay antecedentes o presunciones fundadas para señalar que no hay participación del señor Gil en CLC y por ende rechaza la petición de la defensa de sobreseer definitivamente la causa”.

La fiscalía negó que exista una persecución de Gil y destacó su rol preponderante como director ejecutivo, recordando que desde que el Grupo Auguri se hizo del control de CLC cinco gerentes generales han formado parte la Compañía. “Algunos han durado sólo meses”, dijo la fiscal Karin Naranjo.

Al terminar la audiencia, Alejandro Gil se cubrío con un paño la cara y avanzó, señalando: “No doy opiniones”.

Durante la audiencia, Gil tuvo pocas intervenciones, limitándose a afirmar: “No estoy de acuerdo con los hechos. Sí entendí”, cuando la jueza le consultó si entendió los hechos relatados por la fiscal Naranjo.

La defensa de Gil, representada por Álvaro Jofré, argumentó que el caso constituía una “investigación personal y dirigida” y solicitó el sobreseimiento total de su cliente. Jofré defendió la decisión de interponer la querella contra Jacial, indicando que la acción fue respaldada por ingenieros y abogados, y que no hacerlo habría contravenido las normativas de sociedades anónimas, supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Jofré añadió: “La sentencia de sobreseimiento de Fredy Jacial no resolvió que los hechos fueran falsos”, y destacó que Gil y el directorio de CLC actuaron según las recomendaciones de expertos en asuntos legales. Además, subrayó que el tipo penal requiere dolo directo, lo cual no existió, ya que la querella fue un acuerdo del directorio de CLC, conforme a la Ley Nº 18.046.

Cuatro abogados visaron la presentación de la querella contra Jacial, dijo Jofré.

En la audiencia, se discutió un recurso de amparo presentado por el abogado Gabriel Zaliasnik para evitar que Marcelo San Feliú, quien patrocinó la querella de CLC contra Jacial, declarara en la investigación de la Fiscalía. El tribunal de alzada acogió el recurso y San Feliú desistió de su solicitud.

Los abogados de Gil y García solicitaron el sobreseimiento, argumentando que la investigación debió cerrarse en mayo, según el tribunal de alzada. Sin embargo, la magistrada concluyó que el tribunal no podía obligar al Ministerio Público a cerrar la causa, y que no se cumplían los requisitos para el sobreseimiento.

El tribunal concedió 30 días para la investigación.