Subdere: "Nos parece una herramienta interesante la posibilidad de que las regiones contraigan deuda"

Esta semana se dieron dos pasos importantes en descentralización cuando el Congreso despachó a ley el proyecto de transferencia de competencias y aprobó casi en su totalidad el texto sobre elección de gobernadores (en octubre de 2020), que reemplazarán a los actuales intendentes. En esta entrevista el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Ricardo Cifuentes, entrega se explaya sobre la materia.

Si esa ley se envía al filo del término de esta administración, ¿no existe la posibilidad de que duerma si sale un gobierno de distinto color político?

Creemos que este proceso con la elección del gobernador va a transformar todo, y no le quepa la menor duda que habrá una presión de esas mismas autoridades para tener sus recursos. Así como ha ocurrido con los municipios que entre la primera elección de alcalde en 1992 y hoy, han aumentado cinco veces su presupuesto, lo que ha ocurrido porque estamos ante una autoridad validada ciudadanamente que ha ido creciendo en competencia y facultades. Desde ese punto de vista creemos que esto es un proceso irreversible.

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¿Cómo están pensando establecer esa autonomía monetaria?

Hay que hacerlo con calma y cuidado, porque hay que ser muy responsables y no desequilibrarnos, sino que mantener la macroeconomía que ha caracterizado a este país. Y dentro de ese orden, tenemos que posibilitar que las regiones puedan captar recursos más directamente y orientarlos hacia lo que ellas definan.

¿Están pensando en la posibilidad de que las regiones puedan contraer deuda con organismos multilaterales o con el mercado financiero?

Es una posibilidad muy cierta. En la experiencia internacional, esta es una herramienta que los gobiernos regionales, incluso las comunas, usan corrientemente. A nosotros nos parece una herramienta interesante la posibilidad de que las regiones contraigan deuda y es lo que tenemos que debatir ahora.

Pero hay Estados que hasta han quebrado por este permiso...

Por eso le tenemos nombre a esa ley: de financiamiento y responsabilidad fiscal, las dos cosas juntas; mayor autonomía, mayor posibilidad de gasto e ingresos, pero cuidando las arcas fiscales. ¡Ay de aquel gobernador o consejo regional que meta las manos o que puede terminar desfinanciando a esa región!, porque va a haber facultades del organismo central, del Ministerio de Hacienda, para normar y mantener un orden en las finanzas públicas.

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¿Cómo funcionará el traspaso de competencias?

En los primeros tres años el Presidente va a transferir mediante Decreto Supremo una serie de competencias y después de electo el gobernador, en conjunto con el consejo, podrá pedir una nueva competencia. La ley dice que esas nuevas competencias siempre se deben transferir con recursos, al menos para financiar el personal, porque nadie aceptaría una competencia sin recursos.

¿Qué medida de este proyecto se destaca en el plano económico?

Lo primero es que entrega facultades a los gobiernos regionales en términos de fomento y desarrollo productivo, con la creación de una nueva división que estará preocupada exclusivamente con profesionales específicos. Esta instancia permitirá que los gobiernos regionales empiecen a pensar en su crecimiento económico.

¿De qué forma?

Por ejemplo, vamos a tener que empezar a construir estadísticas regionales de crecimiento, conocer la base productiva, lo que hoy un gobierno regional conoce con dificultad. Podrán hacer convenios con las facultades de Economía de las distintas universidades regionales para hacer este catastro y generar políticas de fomento en áreas específicas.

¿Y cuándo empezará este trabajo?

A partir del próximo año, no tenemos que esperar hasta 2020, porque esa división se crea una vez promulgada la ley de transferencias. Eso es muy potente, porque podrán asignar recursos y ponerse de acuerdo con instituciones para desarrollar un plan y así vamos a tener planes de crecimiento económico diferenciados porque las realidades son muy distintas entre el sur y el norte.

¿Cómo se elaborará ese plan?

La ley crea un instrumento muy potente que esperamos nos resuelva muchos problemas que es el Plan de Ordenamiento Territorial para ver qué actividades se pueden desarrollar y cuáles no, y en qué condiciones.

¿En qué sentido resolverá problemas?

Siempre doy el ejemplo de la minera Dominga que fue rechazado en el Sistema Ambiental. Porque si en Coquimbo definen que en un determinado sector no puede haber un puerto porque la región estimó que será una reserva marina, los empresarios interesados en desarrollar un mineral sabrán ex ante, de buscar los permisos, si pueden instalar un puerto o no en tal lugar. Estos son años de ahorro en estudio de proyectos de inversión.

¿Hay un plazo para tener ese plan para que no vaya a pasar como los planes reguladores comunales?

No existe un plazo concreto porque es un tema mayor, porque tendrá implicancias muy grandes respecto del desarrollo de la región para los próximos 10,15 a 20 años, regulándose, eso sí, las actividades para delante, nunca para atrás: si una empresa tiene permisos aprobados o le falta muy poco, el nuevo plan no puede entrar a prohibir esa actividad, porque ello sería una incertidumbre muy grande.

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¿O sea este plan puede concretarse en cualquier momento o nunca?

Quisiéramos que ese debate fuera muy participativo y que durante estos tres años se puedan estudiar los argumentos técnicos en uno u otro sentido y después que la elección sea la instancia para discutir precisamente las opiniones de los candidatos de cómo ven el desarrollo industrial, portuario, minero de su territorio, turístico, qué lugares quiere preservar para cada actividad.