Tolerancia Cero con la pesca ilegal

Después del tráfico de drogas, la prostitución y el comercio clandestino de armas, la pesca ilegal es la cuarta actividad ilícita más lucrativa a nivel global. En Chile, quienes se dedican a este "negocio" emplean en ocasiones tácticas similares a las de los narcos.

Que pueden ir desde amenazas, hostigamientos y agresiones físicas, hasta emboscadas contra camiones frigoríficos. Al darse al margen de la ley, resulta imposible calcular las sumas que estas operaciones involucran. Pero el Servicio Nacional de Pesca estima que anualmente hay unos US$ 300 millones en juego.

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La pesca ilegal golpea con especial dureza a quienes ejercen la actividad de manera honesta. Personas pacíficas que cumplen rigurosamente con las normas. Como sucede con aquellos pequeños acuicultores que por las noches enfrentan robos armados en sus áreas de manejo (espacios de producción) y pierden así los frutos de un trabajo realizado por largo tiempo.

La sustentabilidad de los recursos se ve igualmente amagada. Porque estas organizaciones vulneran las cuotas máximas de captura fijadas por ley, lo que pone en riesgo a distintas especies e impacta sobre el medioambiente. Junto con lo anterior, se configura un peligro sanitario, pues nadie se hace responsable por la calidad ni el estado de los productos que transan estas bandas.

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Cambiar este escenario es una prioridad que el Presidente Sebastián Piñera ha puesto a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Por eso, bajo la conducción del ministro de Economía, José Ramón Valente, ya se están dando pasos concretos.

Así, el Ejecutivo ha puesto urgencia en el Congreso a un proyecto de ley (modernización de Sernapesca) que tipifica el delito de pesca ilegal. Particularmente, respecto de aquellos recursos que están en veda o sobreexplotados, y de las sustracciones que se dan en las áreas de manejo.

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Un gran talón de Aquiles frente al fenómeno se relaciona, precisamente, con el hecho de que la pesca ilegal constituye hoy en Chile una mera falta administrativa (castigada solo con multas) y no un delito (que lleva aparejadas sanciones mayores). En ese cuadro, es posible que algunas personas se involucren en estas redes bajo la lógica de que los riesgos asociados son mínimos.

Cuando la nueva norma entre en vigencia, los responsables arriesgarán penas de cárcel. Y las sanciones se extenderán no solo a quienes se apoderan mañosamente de los recursos, sino también a aquellos que los mantienen en su poder y los comercializan. Los fiscalizadores, además, tendrán mejores herramientas para cumplir sus tareas y estarán más protegidos.

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Con las medidas impulsadas desde el Ejecutivo, en síntesis, se pretende salvaguardar la sustentabilidad de los recursos, cautelar la salud pública y proteger a quienes trabajan honradamente en el sector pesquero. Pero el esfuerzo no acaba ahí.

Es necesario generar un cambio cultural. Para que, por ejemplo, deje de ser "normal" comprar locos de origen desconocido por internet y recibirlos después en una calle cualquiera. Tal como sucedió con la conducción y el consumo de alcohol durante el primer gobierno del Presidente, la tolerancia con la pesca ilegal debe ser igual a cero.

*El autor es subsecretario de Pesca y Acuicultura.