Cárceles chilenas no cumplen con tratados internacionales que protegen los derechos de personas con discapacidad

"Hay una mujer de 35 años que está en uno de los penales femeninos de la Región Metropolitana. Lleva ocho de los diez años que tiene que cumplir por un robo con intimidación. Había estado anteriormente en otro penal cinco años, se ha pasado casi 15 años de su vida en la cárcel. Entre la primera y la segunda condena, estuvo dos años en libertad. Un día asistió un día a una discoteque con un grupo de amigas; ella decide irse antes y pidió un taxi. Al poco tiempo llega un tipo en un auto y le dice que es el taxi, por lo que ella sube. Ella iba a La Cisterna, pero el auto se desvía y toma la carretera. El tipo la increpa e insulta, por lo que ella, suponiendo que podía ser víctima de una agresión sexual, abre la puerta y se tira a la carretera, a la calle. El tipo escapó y ella queda tirada en el suelo. Producto de este accidente perdió la movilidad total del brazo derecho. El accidente fue aproximadamente hace unos nueve años. Después de eso siguió delinquiendo, muchas personas con alguna discapacidad no dejan de hacerlo. Después fue detenido e ingresó nuevamente a la cárcel. Decidió inventar que su discapacidad se debe a un balazo, por miedo a que la tilden de prostituta".

Con este tipo de testimonios se encontró Paula Medina, académica e investigadora del Centro de Investigación Criminológica de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, durante una investigación para determinar las condiciones de vida intrapenitenciaria de personas con discapacidad privadas de libertad, en seis penales de la Región Metropolitana.

El estudio, realizado durante 2018 de manera cualitativa, consideró 39 entrevistas semiestructuradas: 20 personas con discapacidad y 19 funcionarios de Gendarmería de Chile, de CDP de Puente Alto, CDP Santiago 1, CCP Colina 2, CCP Colina 1, CDP Santiago Sur y CPF Santiago, los cuales representan el 90% de la población penal a nivel de la Región Metropolitana y el 32% a nivel nacional.

Del total de participantes en el estudio, hay hombres y mujeres condenados por delitos como homicidio, robo con intimidación, robo con violencia, porte de armas, tráfico de drogas. Diez de ellos cuentan con discapacidad física, tres con discapacidad sensorial, tres con discapacidad psíquica y cuatro con multidiscapacidad. Doce de ellos con discapacidad producto de la actividad delictual.

La iniciativa, señala Medina, "nace porque realizamos un diplomado sobre Derechos Humanos para cerca de 20 funcionarios a petición de Gendarmería Chile hace un par de años atrás, y en el contexto de ese diplomado, una de las problemáticas que surge del relato y de la experiencia de los gendarmes, es que efectivamente en las cárceles no existía ningún tipo de política o programa especializado para las personas con discapacidad, que las cárceles tenían múltiples carencias y dificultades para estas personas".

En base a lo anterior, Medina comenzó a recopilar información sobre el tema.  Investigó sobre qué se sabía en Chile acerca de esta realidad. "A diferencia de otros países donde existen más datos,  información sobre esto, en Chile no existía nada, absolutamente ningún estudio sobre las personas con discapacidad privadas de libertad, entonces surge la iniciativa de realizar esta investigación".

Los resultados del estudio son tajantes: Chile no cumple los tratados internacionales como la Convención sobre los derechos para personas con discapacidad y las Reglas de Mandela. Éstas últimas en homenaje a Nelson Rolihlahla Mandela, que estuvo 27 años encarcelado como parte de su lucha por los derechos humanos, la igualdad y la democracia, consideran aspectos como que "nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes" y que "se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular las de las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario".

El trabajo detectó además incumplimientos graves de la Ley N° 20.422, en especial a lo que respecta a la accesibilidad al entorno físico.

Un aspecto relevante que concluyó el estudio es que no se conoce con exactitud cuánta es la población con discapacidad privada de libertad en Chile. La actividad delictual aparece como factor de riesgo de discapacidad, sostiene Medina, mientras que la discapacidad no constituye –ni siquiera en forma de justificación por parte de los internos- un factor de riesgo de actividad delictual.

Los principales problemas, señala el estudio, a los cuales se enfrentan las personas con discapacidad en la cárcel son relativos a: infraestructura carcelaria, atención de salud física y mental, acceso a actividades y relaciones con pares y funcionarios de Gendarmería, atención médica de baja calidad, dificultad para acceso de actividades laborales, educativas y recreativas en los penales, maltrato por parte de gendarmes.

Chile "viola los derechos humanos de las personas con discapacidad privadas de libertad", sostiene Medina, en referencia tanto a la normativa nacional como a los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia. "La Ley establece ciertas cosas y eso no se cumple, también hay estándares internacionales que establecen determinadas condiciones que se deben cumplir en el contexto penitenciario en particular y Chile tampoco las cumple".

Dentro de las carencias más importantes, dice, están en primer lugar la infraestructura, sobre todo para las personas con discapacidad física, o visual. Las cárceles no están habilitadas para proveer de accesibilidad adecuada a estas personas, no existen rampas o barandas, o son escasas, ejemplifica. Son instaladas de manera muy precarias. Hay muchas personas con discapacidad que tienen que dormir en celdas que están en segundos, terceros y hasta cuarto piso en los diferentes penales del país.

"Es bien dramático porque las personas en algunas ocasiones tienen algunos rangos de decisión, les dan la opción de estar en un lugar u otro, pero finalmente cuando es una persona con movilidad reducida, como en una silla de ruedas, Gendarmería le sugiere que esté en un primer piso, sin embargo, estas personas suelen preferir estar con gente conocida en la cárcel. No solo por un tema afectivo, sino que las personas conocidas proveen de seguridad, los pueden defender. Es bien terrible. Tienen que estar en celdas de cuarto piso, porque tienen que optar entre estar seguros o tener un acceso mucho más adecuado. Dependen de un grupo de internos, que solidariamente los tienen que subir y bajar cotidianamente", indica.

[caption id="attachment_429183" align="alignnone" width="900"]

Foto: La Tercera/Archivo[/caption]

Otra historia que llamó la atención de la investigadora fue la de un interno de 42 años, que actualmente está en la cárcel por tráfico de droga y robo, con una condena cinco años, pero que ha pasado prácticamente toda su vida entre la cárcel y los hospitales psiquiátricos. "Es una situación muy frecuente en este tipo de personas, tienen una enfermedad mental y de alguna manera, son peloteados entre la cárcel y los hospitales psiquiátricos".

"Él comenzó de muy pequeño con consumo de drogas, situación de marginalidad social, abandono paterno", señala Medina. Comenzó en la calle desde muy chico a robar en el metro y posteriormente fue diagnosticado en el colegio, con déficit atencional e inicia un proceso de medicación sin mayor supervisión. Condición que sumada al consumo de drogas, dice, influyó en que fuera  detenido, primer en lugares de jóvenes y posteriormente en la cárcel. "Cuando terminaba una condena, no existía supervisión de su tratamiento hasta que en algún minuto es diagnosticado con esquizofrenia y empieza un círculo vicioso. En muchas ocasiones estuvo interno por su enfermedad o por drogas, salía y como no había seguimiento y volvía a lo mismo de nuevo. Ha pasado su vida entre la cárcel y los hospitales psiquiátricos. En el contexto actual, él está condenado a esta situación".

Ante estas situaciones, señala, es fundamental la integración. "Al igual que en la vida al aire libre, la visión de la discapacidad ha pasado de una lógica de la integración a la inclusión. Antiguamente, había niños con discapacidad se creaban escuelas especiales, pero con el tiempo se cuestionó esta medida porque de alguna manera también los excluía, pese a tener la mejor voluntad del mundo. Tampoco se permitía conocer esta realidad a las demás personas".

La cárcel es la que debe adecuarse, sostiene, en sus estructuras y necesidades a estas personas. Más que proveer lugares específicos o módulos especiales, salvo en situaciones particulares, como trastornos mentales. "Por lo menos en algunas instancias, porque están vulnerables a situaciones de agresión por parte de sus pares. Solamente por condiciones de seguridad, esa población amerita un lugar distinto, porque la cárcel es muy adversa. Las condiciones son malas en general en la cárcel, esto para que esto es pedir mucho, pero se pueden hacer pequeñas cosas. Una rampa puede cambiarle la vida a una persona y no cuesta nada o muy poco", agrega la profesional.

La denuncia surge de los propios internos. "Gendarmería es bien autocrítico, ellos están conscientes de esta situación, con mayor o menor grado de conciencia", dice Medina, pero pasa por prioridad políticas, por recursos disponibles para hacer las adecuaciones.

La mayoría de las cárceles en Chile son edificios muy antiguos que se construyeron sin ningún estándar en relación a las personas con discapacidad, de acceso universal o de ajuste razonable como se denomina hoy en día, comenta. "Pero tampoco se ha invertido o muy poco, para adecuar las instalaciones", advierte.

"Gendarmería acogió muy bien el estudio como un primer paso o diagnóstico base sobre el cual partir, pero reconocieron que no existía nada en cuanto a esta materia. Es un propósito, pero no existe un plan de trabajo que esté definido, no existe un programa de inversión, recién este primer diagnóstico, estamos muy al debe en esta situación. Hay intención de mejorar esto, Gendarmería ha hecho algún esfuerzo", señala la investigadora.

La población con discapacidad es denominada por Naciones Unidas como población especial en el contexto penitenciario, como los adultos mayores o personas con condenas muy altas. "En relación a todas estas particularidades, Gendarmería ha hecho algunos esfuerzos y está recién elaborando algunas políticas específicas. Pero particularmente con la población con discapacidad están en deuda. Ellos están empezando a adecuar sus programas y sus políticas a todos estos tipos de poblaciones y esperan hacerlo y entienden que es una deuda pendiente, pero todavía estamos hablando de pura voluntad", señala Medina.

Sin embargo, los funcionarios no cuentan con las herramientas. "De los funcionarios, no tengo alguna historia en particular. Pero una cosa que sí me llamó la atención, es que muchos funcionarios, y esto lo dicen los propios internos, si bien no han recibido nunca capacitación por este tema, no hay instructivos, protocolos o reglamentos que les digan cómo tratar a estas personas, es sobre la marcha que han ido aprendiendo.  Hay una preocupación muy intuitiva, no está institucionalizada, humana de intentar separar a estas personas. Ellos se dan cuenta y lo pasan mal porque no están preparadas", agrega Medina.

Al ser consultada por Qué Pasa, Gendarmería señaló que la institución cuenta con protocolos vigentes y operativos. Indicaron además que Departamento de Derechos Humanos está trabajando en la elaboración de una normativa sobre el tema de las personas (imputadas y condenadas) con algún grado de discapacidad.

"Nuestros protocolos dicen relación con el respeto a los derechos fundamentales de cada una de las personas privadas de libertad, que están bajo nuestra custodia. Además de protocolos, hay acuerdos y convenios que abordan estos temas, dentro de los cuales está la condición de discapacidad que pueda sufrir alguna persona", indica Michelle Barahona, jefa de Unidad de Derechos Humanos de Gendarmería.

Barahona destaca la labor que realizan los funcionarios. "El objetivo es recoger las buenas prácticas que hoy realizan los funcionarios al interior de los recintos penitenciarios, en donde prima el criterio y la buena disposición para hacer frente a una problemática que cada vez es más relevante en nuestras cárceles, con el fin de plasmar estas acciones en instrucciones u orientaciones de carácter permanente y para todo el personal. Este instrumento entregará lineamientos y herramientas que permitan actuar conforme a la normativa y velar por la salud y bienestar de quienes poseen capacidades diferentes".

La jefa de Unidad de Derechos Humanos establece que además que "se realiza rehabilitación en los recintos penales que cuentan con kinesiólogos a nivel nacional, incluyendo el hospital penal donde se siguen las indicaciones que se entregan desde los respectivos hospitales".