Chile y la ausencia de un plan de formación de investigadores e investigadoras

A raíz de los desafíos presentados por el Covid-19 ha ido quedando de manifiesto, una vez más, que el desarrollo del país no sólo no puede prescindir de la ciencia y el conocimiento, sino que es inviable sin ellos. Así, el progreso del país requiere que la evidencia científica esté presente en la toma de decisiones políticas, sociales, y económicas. De no ser así, no solo tomaremos malas decisiones sanitarias o de otro tipo (como ha sido el caso) sino que el país no logrará nunca superar la llamada “trampa de los países de estrato medio”.

Lamentablemente, en Chile, la institucionalidad científica, de investigación y conocimiento es débil, insuficiente y precaria. Pese a que reconocemos los esfuerzos recientes por cambiar esta situación, especialmente la muy esperada creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, aún falta mucho para siquiera compararnos a estándares OCDE en la materia. Y entre las muchas carencias, una de las más llamativas es la ausencia de un Plan de Formación de Investigadores e Investigadoras. Esto es, el país no cuenta aún con una estrategia clara y coherente que establezca instituciones, incentivos y condiciones mínimas para que investigadoras e investigadores puedan desarrollar su labor y aportar al país.

Esta no es una mera demanda gremial. La adecuada formación de investigadoras e investigadores beneficia no solamente a éstos, sino al país en su conjunto. El desarrollo social, científico, cultural y económico del país pasa también por un adecuado desarrollo de la ciencia, la investigación y sus aplicaciones.

En ese sentido, el ministro Andrés Couve, en una carta publicada el 28 de julio llama a repensar el desarrollo de investigadoras e investigadores en nuestro país, cuestión que en principio nos parece adecuada. Como investigadoras e investigadores asociados a Redes Chilenas de Investigación (ReCh), consideramos que esta política debiese considerar ciertos aspectos relevantes que pasamos a describir.

En primer lugar, una política de formación debe pensarse en el marco de un Plan o Política Nacional de desarrollo, con el fin de cambiar nuestro actual modelo de desarrollo, aumentar nuestra complejidad económica y diversificar nuestra matriz productiva, para iniciar una transición hacia una “sociedad basada en el conocimiento”. Para esto es central dejar de pensar la formación de investigadoras e investigadores como un gasto, sino que debe ser considerada como una inversión para el futuro país.

Por otro lado, el proceso de formación de investigadoras e investigadores debe considerarse de manera integral, desde la formación de pregrado y postgrado, hasta su posterior inserción en la academia, la industria o la administración pública.

Esto implica una gran alianza con las universidades, la industria nacional, los institutos tecnológicos y de investigación del Estado y el Estado mismo, con el fin de preparar el sistema nacional de desarrollo de conocimiento para aumentar su capacidad de trabajo y producción de conocimiento y tecnologías.

Naturalmente esta forma de pensar la inserción, desarrollada mediante el esfuerzo público/privado, prefigura la necesidad de una “Carrera de Investigador”, que asegure una correcta inserción, según áreas de especialización, y pertinente a las necesidades de nuestro país, siendo coherente con una estrategia de desarrollo de largo plazo.

Esto no es sólo una reacción a las precarias condiciones demarcadas por el programa de formación actual, sino que es una posibilidad real de abrir una nueva ruta para la inserción de investigadoras e investigadores que fortalezcan y amplíen el sistema científico nacional, insertándose globalmente, generando innovación y valor a nuestras materias primas, y permitiendo tener instituciones sólidas, que generen conocimiento para tomar decisiones políticas y sociales basadas en evidencia.

Este esfuerzo por invertir en el futuro del país debe tener como objetivo transformarlo no sólo en aspectos económicos y científicos, si no también políticos y culturales. Por esta razón, la formación de investigadores debe ser un elemento promotor de la igualdad de género, la integración social, la descentralización y la transdisciplinariedad.

Además, no debe olvidar que tiene como protagonistas a personas que desean aportar al país especializándose, dedicando su vida a la generación de conocimiento, con el fin de hacer una contribución en pos de la sociedad y sus necesidades. Por esta razón, no se deben dejar descuidados aspectos de protección social como cotizaciones, estabilidad laboral y salud, entre otros, para revertir la precariedad actual.

Adicionalmente, esta política debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la formación local de investigadoras e investigadores, a través del programa de becas nacionales; pero también como una forma de fomentar que el conocimiento entre Chile y el extranjero circule.

Así, el envío de profesionales e investigadores a especializarse a otros países debe ser parte de un esfuerzo de diplomacia científica, que permita establecer convenios o acuerdos para que la retribución se realice, no sólo retornando al país, sino estudiando materias de interés nacional en el extranjero, o creando redes para permitir la circulación de los investigadores chilenos. Sin embargo, se deben establecer mecanismos que aseguren que esta forma de colaboración entre países sea realmente una contribución de ambas partes, y no un subsidio del estado chileno a la investigación de países desarrollados, entregando profesionales como mano de obra gratuita.

Finalmente, es claro que el desarrollo, de forma inconsulta, de políticas públicas por las autoridades políticas de turno, tiene resultados de corta duración y calidad discutible. Por esta razón consideramos que este proceso, que implica definir estrategias de largo plazo, debe originarse desde un amplio diálogo social que incorpore a la comunidad científica, la sociedad civil, la industria y la academia, entre otros. Así, el proceso de elaboración debe recoger la opinión, inquietudes e intereses de estos actores, cuya contribución debe ser vinculante.

Los procesos de diseño y desarrollo de un plan de formación de investigadores, y un ecosistema de la ciencia y la investigación en Chile, son proyectos de largo aliento, que deben proyectarse hacia el Chile de varias décadas más. Esperamos que estos procesos puedan desarrollarse de manera prioritaria, como una preocupación de Estado, con amplia participación de la sociedad civil, y sin estar sujetos a los vaivenes del ciclo político. Lo que está en juego es mucho más que los intereses de los actores hoy involucrados.

*Carla Abarca, Ph.D., Comisión Becas Redes Chilenas, Colaboradora ANIP (Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado), Socia Red Investigadoras

*Cristian Undurraga, Ph.D. Director ANIP, Coordinador Comisión Becas Redes Chilenas.

*Diego Castro, Ph.D. (c), Coordinador Comisión Retribución ReCh

*Ignacio Ormazabal, Ph.D. (c ), Director Ejecutivo Redes Chilenas, Colaborador ANIP