Este miércoles, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) entregó detalles sobre el millonario acuerdo conciliatorio que beneficiará a 150 mil personas en Chile, y que deriva de una demanda colectiva realizada en enero de 2019 contra Apple, MacOnline y Reifschneider por una supuesta obsolescencia programada en ocho modelos de iPhone adquiridos entre los años 2014 y 2017.
Tal reclamo surgió a partir de supuestas prácticas realizadas por Apple, que buscaban reducir la vida útil de los teléfonos móviles de la compañía, a través de actualizaciones y parches del sistema operativo que disminuían el rendimiento de los equipos, consumiendo su batería más rápidamente o apagando el aparato sin razón aparente, obligando así a los usuarios a adquirir un iPhone nuevo.
El monto total del acuerdo conciliatorio, que involucra 2.500 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares), llega así a su fin tras dos años de litigios, siendo esta una de muchas demandas por la misma razón en EE.UU. y otros lugares en el mundo.
Este acuerdo es además relevante en relación a las demandas de consumidores. Esto, porque la compensación de 1,25 UF (37 mil pesos aproximados) es el doble de los conseguido en instancias similares por consumidores norteamericanos (17 mil pesos). Asimismo, al compararlo con acuerdos en Chile, lo ocurrido con la colusión de las farmacias benefició a 53 mil consumidores con 22 mil pesos, mientras que el monto total de pago en el acuerdo entre el Sernac y las cadenas de farmacias coludidas llegó a 1.166 millones de pesos (USD 1,6 millones).
El origen
Todo comenzó en septiembre de 2017, cuando junto a la presentación de los nuevos iPhone 8 y 8 Plus, el nuevo sistema operativo iOS 11 añadía novedades como un Centro de Control mejorado, una App Store renovada y la primera incursión de la compañía en la realidad aumentada. En total, entre los diversos dispositivos de la empresa, fueron 19 aparatos compatibles con la actualización, disponible a mediados de ese mismo mes.
Fue entonces cuando los usuarios notaron que sus iPhone estaban agotando su batería de manera extrañamente rápida. Y aunque esto ocurría todos los años y se consideraba “normal”, los problemas continuaron incluso después que Apple lanzara un parche, con reportes que hablaban de una disminución del 57% al 3% en sólo tres minutos. Otros, con un 96% de la batería, vieron horrorizados como sus teléfonos se agotaban a razón de 1% por minuto. Para cerrar el cuadro, los dispositivos acumulaban calor de forma excesiva.
La única solución entregada por los expertos fue no actualizar hasta el lanzamiento de una versión posterior que solucionara el problema. Pero a pesar de los esfuerzos de Apple, el problema persistió.
Ante las evidencias, el 21 de septiembre de ese año, Apple tuvo que confirmar lo que los usuarios sospechaban: las actualizaciones de software tenían como objetivo ralentizar voluntariamente el aparato, lo que en versión de los usuarios, buscaba que los consumidores adquirieran el modelo más reciente. Sin embargo, para Apple esto tenía una explicación lógica, relacionada con la salud de la batería y del propio dispositivo, buscando protegerlo y así prolongar su vida útil.
Días después, Apple dirigió una carta a sus clientes en la que pedía perdón por el “malentendido” generado alrededor de la ralentización de los iPhone y ofreció descuentos para los usuarios que quisieran cambiar la batería de su teléfono.
“Las baterías de ion de litio son cada vez menos capaces de responder a los altos de actividad cuando el usuario usa mucho su teléfono, al frío, si la batería está débil o porque envejece, lo que puede acarrear la extinción imprevista del aparato, destinado a proteger sus componentes electrónicos”, en particular el microprocesador, explicó la empresa.
“En 2016 sacamos una funcionalidad para el iPhone 6, el iPhone 6S y el iPhone SE destinada a suavizar esos altos de batería (…) sólo cuando es necesario, de forma que se pueda evitar que el teléfono se apague repentinamente”, indicó la compañía.
Aún así, muchos usuarios no creyeron la versión oficial y mantuvieron la tesis de la temida obsolescencia programada, o la “programación” por parte de un fabricante para que un producto determinado finalice su vida útil tras un período calculado de tiempo. El tema no era menor, considerando que ya por entonces el iPhone 8 Plus de 256 GB alcanzaba los 900 mil pesos chilenos.
Casi tres meses después de iniciada la polémica, en Estados Unido se iniciaron dos demandas colectivas, que calificaban a la empresa como “engañosa, moral y poco ética”.
Algunos analistas criticaron a Apple por no ser más transparente con respecto a la función de administración de energía. Y si bien, técnicamente no es posible hacer nada con el envejecimiento de las baterías, es probable que haber mantenido en secreto esta característica haya generado desconfianza incluso entre sus consumidores más acérrimos.
El problema se acentuó si consideramos que además de la primera “confesión”, Apple no se había referido al asunto. Esto cambió el 19 de enero -casi cuatro meses después- cuando la compañía aseguró que la actualización siguiente incluiría una opción de software para desactivar el polémico sistema.
Pero tal medida no sería suficiente. Centenares de usuarios alrededor del mundo ya habían emprendido acciones judiciales contra la firma californiana -incluyendo a Chile-, en un efecto dominó que cualquier actualización no podía detener.
¿Obsolescencia programada?
A pesar de las supuestas evidencias, Apple no desestimó sus opciones de defensa. Consultados al respecto, desde la empresa californiana aseguraron a La Tercera que “nunca hemos hecho -y nunca haríamos- nada para acortar intencionalmente la vida útil de ningún producto de Apple, o degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones del cliente. Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos que a nuestros clientes les encanten, y hacer que los iPhones duren el mayor tiempo posible es una parte importante de eso”.
Además, extraoficialmente, en el documento entre ambas partes se establece que este acuerdo de conciliación “no se relaciona con una admisión de irregularidad, culpa o responsabilidad de ningún tipo por parte de Apple Chile, MacOnline, Reifschneider o las otras entidades, y tampoco es una aceptación de hechos u omisiones, ya sean atribuibles a los Demandados o a terceros, que puedan calificar como infracciones de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores o de la Ley Chilena en general”.
También se señala que el acuerdo “no es un reconocimiento, por parte de Apple Chile, MacOnline, Reifschneider o las otras entidades, de cualquier daño como resultado o con motivo del diseño, desarrollo, exportación, importación, venta y operación de los dispositivos elegibles en Chile”. Vale decir, Apple desestima la opción de la obsolescencia programada como una razón para pagar tal suma a los usuarios chilenos.
Juan Sebastián Reyes, abogado del estudio jurídico Pérez Donoso (que representó a la Odecu en la demanda), indicó que “tras el inicio de la pandemia el primer ‘triunfo’ para una pequeña organización de consumidores de un país tan remoto como Chile, fue sentar a una empresa tan importante como Apple para negociar (...) sin embargo, y aunque Apple no reconoció ningún tipo de responsabilidad, está dispuesto a pagar una suma de dinero entre los consumidores chilenos que hayan sido afectados”.
En cuanto a las acusaciones de obsolescencia programada, Reyes sostuvo que “En Chile, en esta negociación no se reconoció responsabilidad por obsolescencia programada. No podemos circunscribirlo, porque la contraparte no ha reconocido esto. La compensación es por la ralentización debido a los parches que se actualizaban en el sistema operativo”.
La demanda
En concreto, Odecu consiguió un monto global de 84.167 UF, aproximadamente 2.474 millones de pesos (USD 3,4 millones) que se repartirán entre los usuarios según algunas reglas.
“El beneficio individual final que recibirá cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de todos los interesados, y resultará de dividir el monto global señalado anteriormente entre todas y todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF ($37 mil. aprox.) por equipo involucrado”, dice el organismo.
El acuerdo involucra a los teléfonos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone SE que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017. Esto implica que aunque algunos de estos teléfonos sean vendidos actualmente en el retail, no son contemplados en la demanda.
Además de quienes hayan estado inscritos con anterioridad, el próximo 21 de abril se habilitará el sitio conciliacionsmartphones.cl con toda la información de la demanda. Desde el 15 de agosto en adelante y por 90 días se podrán realizar las inscripciones con nombre, RUT, correo electrónico, número de serie del iPhone y modelo, adjuntando una fotografía de la cédula de identidad y una declaración jurada con el detalle de los problemas que haya tenido el usuario con el teléfono. Esto posteriormente se hará coincidir con una base de datos de Apple con los números de serie, y se aprobará o rechazará la solicitud. Finalmente, entre el 15 de noviembre al 4 de febrero de 2022, se realizarán las transferencias de dinero a quienes hayan salido seleccionados.
Ante cualquier confusión sobre la posesión del teléfono, considerando el tiempo transcurrido y el hecho que cada teléfono puede pasar por varias manos, desde la Odecu explican que “no son quienes lo tuvieron en algún momento, son quienes lo tienen hoy. La compensación es por equipo: un usuario que tenga más de uno, recibirá más compensaciones, aunque con un tope de 1,25 UF”.
Sin embargo, también señalan que no es absolutamente necesario que tengan el equipo físico para acceder a este beneficio, ya que pueden inscribirse si cuentan con el número de serie. Esto podría ocurrir para quienes se hayan inscrito en el proceso, y su teléfono haya sido sustraído, por ejemplo. Además, el acuerdo no exige que se muestre una boleta de compra o factura, sólo el numero de serie que puede ser revisado de acuerdo al modelo, y que se explica claramente en el sitio oficial de Apple.
De esta forma, Odecu apunta que potencialmente, los beneficiados podrían estar entre los 800 mil y un millón de usuarios, aunque todo depende de cuántos se inscriban. De ser así, el monto puede disminuir.
Finalmente, la Odecu sostuvo que el remanente de los montos de personas que no buscaron su compensación, no retornarán a la organización ni al estudio de abogados, sino que irán a las fundaciones Las Rosas y Mi Parque, esta última dedicada a la creación de áreas verdes en zonas vulnerables.
Al respecto, cabe señalar que actualmente existe un beneficio por un acuerdo compensatorio entre la Odecu y el grupo VW por una demanda colectiva que beneficia a más de 5 mil dueños de vehículos diésel de las marcas Volkswagen, Audi, Škoda y Porsche comercializados en Chile, con el pago de $388.830 y la posibilidad de actualización gratuita del sistema de control de emisiones de sus vehículos. Hasta ahora, sólo la mitad ha solicitado a este beneficio.