Menos conmemoraciones, más acciones

Y llegó marzo, con Síndrome Postvacacional, el pago del Permiso de Circulación, el Súper Lunes y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, acompañado de un llamado a huelga por parte del movimiento feminista.

Si revisamos algunos antecedentes históricos sobre la cronología de la celebración del Día Internacional de la Mujer, podemos describir que fueron los movimientos sociales de la época que buscaban mejoras de las condiciones laborales de las mujeres. Así fue la huelga de las trabajadoras textiles, por las precarias condiciones de trabajo en 1908 en Nueva York y Chicago, y la organización del Día de la Mujer en el teatro Garrick de Chicago. Cerca de un año más tarde, el 28 de febrero de 1909 se instaura en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer.

Por otro lado, en Europa, en una reunión de líderes socialistas internacionales, celebrada en 1910 en Copenhague, se proclamó el Día Internacional de la Mujer, como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer, el cual se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.

No alcanzó a transcurrir una semana, cuando el 25 de marzo de 1911, 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores, murieron en el Incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, hecho que conmemoramos cada 8 de marzo desde 1975, cuando las Naciones Unidas lo instaura como el Día Internacional de la Mujer.

Ya ha pasado más de un siglo del inicio de movilizaciones sociales por mejores condiciones laborales de las mujeres y nos encontramos al borde de una revolución tecnológica, la Cuarta Revolución Industrial, con un fuerte empoderamiento ciudadano, con una crisis de confianza, con la amenaza de la automatización de los empleos y con potentes discursos políticos que hablan de sustentabilidad. Conviene preguntarse entonces ¿cuánto hemos avanzado en equidad laboral? ¿Por qué la Agenda 2030, declara como uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable la Equidad de Género?

Si revisamos algunas cifras, observamos que solo el 50% de las mujeres están representadas en la población mundial laboralmente activa, frente a un 76% en el caso de los hombres. Sin embargo, muchas de estas mujeres trabajan en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados de familiares enfermos y el doméstico, con poca o nula protección social. Se suma a esto, las conocidas brechas en las remuneraciones, la escasa participación en puestos de toma de decisiones en el sector público y privado y en universidades y una magra representación en los parlamentos nacionales que alcanza apenas un 23,7%. Sumado a esto, todavía en 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.

Por otro lado, el estudio State of the Global Workplace, llevado a cabo por Gallup, y que incluye datos de 155 países, mostró que, a nivel mundial, el 42% de los hombres tienen un trabajo a tiempo completo, frente a un 23% de las mujeres, es decir una brecha de un 19%. En Chile, esta brecha es aún mayor, alcanzando un 21%, ubicándose en el quinto país en el mundo con mayor diferencia de sueldos entre géneros, donde las mujeres en promedio ganan 12,4% menos que los hombres.

En todos estos años, pareciera ser que el problema de fondo persiste, aun cuando se han logrado ciertos avances, son los movimientos sociales los que están impulsando la agenda de los gobiernos. Es necesario destacar que ahora hay una gran diferencia, ya no es una tendencia política que impulsa la equidad de género, el empoderamiento femenino, la globalización, las políticas de innovación y emprendimiento, la mayor sensibilidad social, el llamado a la sustentabilidad, el mayor acceso a educación y la nueva revolución tecnológica, ha hecho de la equidad de género una lucha transversal.

Lograr la igualdad de oportunidades en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible, por lo tanto, Chile requiere con urgencia una agenda de equidad de género de largo plazo, independiente del gobierno de turno. Se trata de un tema que debe traducirse en una política de Estado.