¿A quiénes representan quienes nos representan?

Recientemente, el Observatorio Nueva Constitución presentó un informe que analiza los perfiles de los candidatos a convencionales en base a sus antecedentes públicos. Un dato significativo es que el 63% de ellos tienen educación superior, esto es 2,5 veces el porcentaje de egresados universitarios que existe en la población mayor de 25 años, en la que solo una de cada cuatro personas tiene un título de educación superior (OCDE, 2020). Si bien hay una democratización notable de la matrícula, en el quintil de más altos ingresos hay casi tantos egresados a educación superior como en el resto de quintiles combinados (CASEN, 2017).

¿Qué significa esta mayor presencia? ¿La consolidación de una sociedad meritocrática o un sistema que estructuralmente favorece a la élite? ¿No hay una contradicción con las aspiraciones de octubre del 2019 por ampliar el acceso a aquellos que no forman parte de la élite?

Una de las frecuentes críticas a las élites políticas y económicas ha sido su notorio nivel de desconexión con respecto a los problemas cotidianos del resto de sus conciudadanos, su percepción sobre el rol del Estado y la orientación de los asuntos públicos (PNUD, 2004).

En el Poder Ejecutivo las principales autoridades se educan en un grupo exclusivo de colegios y universidades y sus salarios, los sitúan entre el 5% con más altos ingreso en el país (PNUD, 2017). Esta tendencia también se da en el Congreso. Según un estudio de FLACSO (2021), el 49% de los legisladores elegidos desde 1991 hasta hoy han sido educados en colegios privados frente a un 9 % de la población total. Asimismo, un 93% de ellos son egresados universitarios, el 48%, de la UCH y la PUC.

La situación de privilegio es justificada mediante varios supuestos. Primero, que junto con su capacidad política, cuentan con credenciales académicas y profesionales que las hacen merecedoras de su rol de liderazgo. Segundo, que en las sociedades democráticas, existe un efectivo sistema meritocrático que brinda oportunidades iguales para todos y que el ¨éxito¨ responde al esfuerzo individual. Por último, está la noción de que quienes nos representan deben, idealmente, ser los miembros más calificados de nuestra sociedad.

Pero, ¿Son los líderes con mayor nivel de estudios alcanzados mejores en promedio que el resto de sus conciudadanos? Diversos autores opinan lo contrario. Tomando datos de 228 países entre 1875 y el 2014 Carnes y Lupu (2014) afirman que no existe evidencia de que mejores resultados en el ejercicio del gobierno, menos corrupción y políticas públicas más eficaces, se asocien a un mayor nivel de educación de la élite política.

En una línea de estudio diferente, lo que sugieren es que el lugar que ocupan las personas en la estructura económica o de estatus en una sociedad, conforman sus percepciones sobre el rol del Estado y la orientación de los asuntos públicos. El cómo se ganan la vida y su ocupación son un importante predictor de sus percepciones políticas y económicas al igual que su posición frente a las políticas públicas. También lo es el tipo de educación que recibieron.

Latinobarómetro (2001,2009) o el COES (2021) demuestran que es significativa la diferencia en las posiciones de la élite y la del resto de la ciudadanía, más allá de si responden a posiciones de izquierda o de derecha. Respecto de la posición sobre la conveniencia de una mayor presencia del Estado en la provisión de servicios públicos como la educación, la salud y las pensiones, solo la mitad de las respuestas de las élites están por una mayor presencia respecto del resto de la ciudadanía.

En Chile el 68% de la población ocupada es lo que se llama la clase trabajadora (ENE, 2020), ¿es su sub-representación un hecho irrelevante o neutro en el debate constitucional? No existen mecanismos para incorporar a un mayor número de dirigentes sindicales, de organizaciones sociales o de juntas vecinales. No nos confundamos: sus voces no están representadas. Aquí hay una asignatura pendiente.

*El autor de esta columna, Fabricio Franco, es investigador del Observatorio Nueva Constitución y director de Flacso Chile.