Asambleas Constituyentes: ¿Cómo otros países cambiaron su Constitución?

Venezuela: la Constitución de Chávez

“Juro sobre esta moribunda Constitución (…) que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”. Con esas palabras, Hugo Chávez prometía el 2 de febrero de 1999 que cambiaría la Constitución de 1961. Para eso, el entonces Presidente venezolano convocó a un referendo el 25 de abril, día en que se preguntó por la base de propuestas para una Asamblea Constituyente.

“Chávez hizo un cambio constitucional que fue un cambio bastante polémico, porque no existía la figura (de la Asamblea Constituyente) en la Constitución, pero el Tribunal Supremo de Justicia le cedió a Chávez la posibilidad de hacer esa convocatoria. En julio de 1999 se realizaron las elecciones de los 131 miembros de la Asamblea. De ellos, 104 fueron elegidos en base a circunscripciones regionales, 24 en base a una circunscripción nacional, tres quedaron reservados para representantes de pueblos indígenas, que fueron escogidos por Hugo Chávez. Los miembros de la constituyente eran todos chavistas. Porque esto lo hizo luego de su gran triunfo electoral y ese triunfo le permitió controlar la elección, ganar todos los puestos. Cuatro de todos los miembros eran opositores”, explicó a La Tercera el analista venezolano Luis Vicente León.

La Asamblea Constituyente trabajó por un período de aproximadamente cuatro meses. Se formaron unos 20 comités para la preparación del texto, se recibieron borradores de distintos grupos de la ciudadanía y se realizaron asambleas regionales para su discusión. El texto final fue sometido a referendo nacional en diciembre de 1999, en el que participó casi el 45% de los electores.

La nueva Carta Magna se convirtió en la primera en reconocer los derechos de los pueblos indígenas y en reconocer el derecho de los ciudadanos a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. A partir de la nueva Constitución, Chávez fundó la “República Bolivariana de Venezuela”, se estableció una Asamblea Nacional unicameral, mientras el Estado debe velar, en conjunto con la iniciativa privada, por el desarrollo armónico de la economía. En 2009 se introdujo la primera enmienda, con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida. A esas alturas, Chávez ya había declarado a Venezuela como una “república socialista”.

Colombia: apuesta por DD.HH.

A fines de los 80, luego de una fallida reforma política que promovía una mayor participación ciudadana, se gestó un movimiento estudiantil que llevó por nombre “la séptima papeleta”, que proponía la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de 1886. La idea era introducir una papeleta adicional en las elecciones legislativas. Si bien el Consejo Electoral no aceptó la inclusión oficial del voto adicional, la Corte Suprema reconoció esos votos.

En diciembre de 1990 se convocó a comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Los partidos utilizaron estrategias diferentes para la elección de sus representantes: la Alianza Democrática M19 y el Movimiento de Salvación Nacional decidieron lanzar listas únicas; el Partido Social Conservador se dividió en algunas listas para focalizar el voto y el Partido Liberal lanzó varias listas regionales en lo que se llamó la “Operación Avispa”. Por su parte, el movimiento estudiantil consiguió la elección de un constituyente, que se alineó con los liberales. Finalmente, se eligieron a 70 miembros con voz y voto. Además, había cuatro que no tenían voto (solo voz).

La Asamblea formó cinco subcomités temáticos, los que desarrollaron el texto inicial, basándose en parte en información obtenida de los 1.580 grupos de trabajo que se formaron en el país tres meses antes de que se conformara la Asamblea, así como de miles de recomendaciones escritas de grupos civiles, gubernamentales y de otro tipo. Uno de los aspectos que se destaca fue el gran nivel de acuerdo.

Dada la pluralidad de los partidos políticos representados en la asamblea, se hizo necesario llegar a un acuerdo sobre la conformación de la mesa directiva. Tras cinco meses de deliberaciones, la Asamblea Constituyente entregó la redacción final de la nueva Constitución Política, que fue promulgada el 4 de julio de 1991.

Brasil: la Carta Magna de la transición

Durante el gobierno de José Sarney (1985-1990) se concretó un pacto entre civiles y militares, en el que se mantuvo el espacio tutelar de las FF.AA. como garantes de la seguridad nacional. En la mitad de los 80, los movimientos sociales se encontraban en ascenso, reivindicando derechos laborales e impulsando nuevos reclamos ciudadanos. Los partidos políticos vieron como una de sus principales preocupaciones la redacción de una nueva Constitución, que se hizo a través del Congreso, que actuó como Asamblea Constituyente.

“Quien cambia y elabora una nueva Carta Magna en 1988 es la propia clase política. La participación popular para elegir la Asamblea Constituyente fue importante. Fundamentalmente se quería cambiar la forma cómo se elegía a la clase política en el Ejecutivo”, explicó a La Tercera el analista brasileño Rafael Duarte Villa. Finalmente, se realizó una enmienda constitucional por la que se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (el Congreso), que se instaló en febrero de 1987. “La Asamblea Constituyente fue representativa de los diferentes sectores políticos”, recuerda Duarte Villa.

Esta instancia trabajó por 19 meses para elaborar el texto. La Constitución, aprobada por 74 votos a favor, 15 en contra y seis abstenciones, aseguró la votación directa y secreta para elegir a las autoridades (desde el Presidente hasta los alcaldes). Se ampliaron también los derechos sociales, las atribuciones del poder público, se cambió la división administrativa y se estableció un orden económico basado en la función social de la propiedad y la libre empresa, limitada por la intervención del Estado.

Islandia: un texto a medio camino

El proceso constituyente islandés es reconocido como uno de los más innovadores y participativos a nivel mundial. La actual Constitución de Islandia fue escrita en 1944, cuando el país se separó de Dinamarca. Solo fue reformada en 1995, cuando se agregó un nuevo capítulo sobre derechos humanos. Sin embargo, la crisis económica de 2008 tuvo consecuencias devastadoras para el país: arrasó con sus principales bancos, Islandia tuvo que ser rescatada y el gobierno cayó luego de meses de protestas. En abril de 2009 se realizaron elecciones anticipadas y el tema de una nueva Constitución fue central.

En 2010 se dio inicio al proceso: se realizó una selección aleatoria de mil personas del total de la población del país (360 mil), bajo ciertos criterios que permitieron respetar la diversidad territorial y de género. “Primero se escogió a mil personas y de todos los grupos etarios, que constituyeron un “Foro Nacional”. Ellos decidieron los valores para una nueva Constitución. Sus nombres fueron sacados del registro nacional. Se reunieron solo por un día, el 6 de noviembre de 2010”, explicó a La Tercera la abogada Katrín Oddsdóttir.

“Luego se eligieron a 25 personas (10 mujeres y 15 hombres) de un total de 522. Yo fui una de ellas, para reescribir la Constitución. La mayoría de las elegidas eran de Reikiavik, con educación superior y algún tipo de perfil público: profesores universitarios, periodistas y otros”, dijo Oddsdóttir. Esas 25 personas definieron materias como derechos civiles y de medioambiente y en cuatro meses escribieron la Constitución.

Cada semana estas personas comunicaron vía internet sus avances y luego consideraron los comentarios ciudadanos para la redacción final. Estas 25 personas recibían el mismo sueldo que los miembros del Parlamento. Al final aprobaron un texto en forma unánime que enviaron al Parlamento en julio de 2011, instancia que quedó a cargo del proceso. El texto fue sometido a referendo no vinculante (fue aprobado por el 67%) y hasta ahora el Parlamento no lo ratifica

Ecuador: “Revolución Ciudadana”

Rafael Correa y su proyecto de “Revolución Ciudadana” plantearon la redacción de una nueva Constitución durante su campaña para las elecciones de 2006. Una vez que asumió la Presidencia se inició una lucha con el Congreso para que se permitiera hacer una consulta sobre una Asamblea Constituyente. Finalmente, en abril del 2007 se desarrolló la “Consulta Popular”, en la que se aprobó una asamblea para que redacte una nueva Constitución.

En septiembre de ese mismo año se realizó una votación ciudadana para elegir a los constituyentes (100 en base a una circunscripción provincial, 24 en base a listas de los partidos y seis en representación de ecuatorianos en el extranjero). El partido oficialista Alianza País obtuvo 80 de los 130 escaños, ya que negoció con otras colectividades de izquierda para formar una mayoría absoluta. La Asamblea Nacional Constituyente tuvo plenos poderes y ordenó la disolución del antiguo Congreso Nacional, pasando a ejercer las funciones legislativas. Se formaron 10 comisiones para ver las distintas áreas que abarcaría la nueva Constitución.

El 24 de julio de 2008, la asamblea terminó la tarea de escribir el texto, que fue aprobado por 94 miembros. Un día después, se presentó el proyecto de Constitución para que fuera sometido a un referendo en septiembre de ese mismo año. Finalmente, el 63% de la población aprobó el documento, que comenzó a regir ese mismo año. En 2011 se hicieron enmiendas a la Constitución y tres años después Correa incluyó entre los cambios la reelección indefinida de todas las autoridades.

Finlandia: los dos tercios constitucionales

Durante los años 90, el Comité de Ley Constitucional se manifestó respecto de la necesidad de cambiar la Constitución para darle una mayor uniformidad. En 1994 emitió un reporte en el que señaló que los cambios que ya se le habían hecho al texto y los que estaban en proceso de ser implementados deberían ser seguidos por un cambio en el foco de la “consistencia” de la Carta Magna.

El proyecto “Constitución 2000” formaba parte del nuevo gobierno tras las elecciones parlamentarias de 1995. Se designó a un grupo de expertos, conocido como Grupo de Trabajo de Constitución 2000. Este grupo propuso todas las provisiones que se agruparon en un solo estatuto y delineó una propuesta para estructurar una nueva Constitución. Posteriormente, cuando el grupo entregó un reporte, el gobierno designó a una comisión compuesta por parlamentarios, que tenían como fin escribir la nueva Carta Magna.

El proyecto fue analizado por el Comité de Ley Constitucional, que dio su aprobación al texto. La nueva Constitución necesitaba ser aprobada por dos tercios del Parlamento, algo que se logró en junio de 1999. Además, necesitaba la ratificación del Presidente. Finalmente, fue promulgada en marzo de 2000. El texto no solo asegura derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la libertad personal y la prohibición de la pena de muerte, sino que también recoge el derecho al medioambiente, la condición jurídica del extranjero, los derechos de la mujer y de los niños.