La Convención Constitucional acaba de aprobar su Reglamento General de funcionamiento. Esta es una buena notica por cuanto la Convención va cerrando tempranamente su primera etapa de trabajo y se apronta a despegar en los asuntos de fondo, ligados a la elaboración de una propuesta de nuevo texto constitucional.
Lo aprobado nos da luces sobre lo que ha pasado y lo que vendrá, En términos políticos, lo que se desarrolló en estos meses fue un cambio en el impulso y curso inicial del órgano constituyente, una modificación en el eje izquierda-izquierda, desde la Lista del Pueblo-PC hacia Apruebo Dignidad-Colectivo Socialista, situando a éstos últimos como el centro articulador de la Convención. Una de las diferencias principales entre estos actores es la apertura al dialogo político del Apruebo-Colectivo. Se visualiza una vocación de flexibilidad negocial, pero partiendo desde una posición transformadora y no sólo de puente político.
En esto hay una clave para lo que viene. La continuidad en la articulación conllevará también tomar decisiones de cómo y con quiénes se fraguará el pacto constitucional. Es claro que se sostendrá en una posición constitucional progresista, pero la interrogante es si este pacto involucrará a las fuerzas moderadas de derecha o sólo se sostendrá desde la centro-izquierda a la izquierda. Pero incluso a esto último se le adhiere una dificultad adicional con la aprobación de los plebiscitos dirimentes, pues los 3/5 (93 votos) necesarios para el plebiscito en caso de no obtener los 2/3 (103 votos) excluyen a las fuerzas de centro-izquierda (Colectivo del Apruebo), de manera que el acuerdo podría únicamente llegar hasta Independientes No Neutrales y plebiscitar. Esto está por verse.
Desde lo temático, el trabajo reglamentario ya configura el índice de la nueva Constitución. En esto hay cuestiones centrales. Caminaremos hacia una nueva Constitución, es decir, diferente a la actual. Ello se refleja en la importancia de la idea de derechos sociales que nos permite adentrarnos en el modelo social de Estado y la impronta adquirida por los distintos pueblos, permitiendo la convivencia entre los pueblos indígenas y no indígenas (cuestión muy propia del primer constitucionalismo chileno), cuestión ligada a la idea de plurinacionalidad como una nueva estatalidad. Se muestra una configuración de un nuevo modelo de desarrollo sostenido en la preeminencia de la protección de la naturaleza-medio ambiente y su equilibrio con la economía, dibujándose diferentes estatutos sobre los recursos naturales. Hay una clara voluntad de modificar sustancialmente el régimen político híper-presidencialista y adquieren importancia nuevos sujetos de derechos históricamente excluidos (mujeres, personas migrantes, privadas de libertad, etc) y los nuevos derechos (al deporte, al agua entre otros). Se edificará una nueva forma jurídica de Estado distribuyendo el poder territorial, reconociendo mayor autodeterminación política, administrativa y financiera creando autonomías territoriales e indígenas. Adquieren relevancia de los instrumentos de participación ciudadana directa y participativa e indígena y toma nueva importancia al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura.
Así, el proceso que viene ya tiene una traza clara. Lo dificultoso es, como en la creación de toda norma constitucional, cuáles serán las opciones constituyentes concretas que sostengan ese pacto constitucional que se indica más arriba (qué fuerzas concurrirán al acuerdo). También hay otro desafío particular, y es si de el índice temático tendremos una Constitución cargadamente programática con base a la lógica de reivindicaciones sociales muy propia de sociedades desiguales, pero que le resta juego a la democracia futura o, tendremos una carta fundamental habilitatoria y sobria en su extensión -pero con definiciones conceptuales claras y sustanciales- permitiendo que el futuro legislador democrático y el Gobierno vayan moldeando su ejecución concreta. Espero que este segundo camino sea la opción de nuestra constituyente.
