Columna de Valentina Rosas: Presidenciables y la Convención: ¿qué esperar de esta relación?

Tres veces hemos sido llamados a las urnas en lo que va del año y aún nos quedan dos más en este convulso 2021 cargado de política. Pronto cerraremos un ciclo en el que todos los cargos de elección popular habrán tenido su momento, incluyendo algunos inéditos como la elección de convencionales constituyentes —con más novedades de las que cualquiera predijo— o la elección de gobernadores y el consecuente acomodo de funciones con los delegados presidenciales.

En la recta final del año, nos toca la difícil tarea de sumirnos en la incertidumbre electoral por unas semanas. Periodo que además coincide con la implementación de lo que se espera sea la etapa de mayor participación en torno al proceso constituyente.

Así, nos enfrentamos a un cierre de año con dos grandes procesos políticos y a pesar de la sana separación de aguas entre el debate presidencial y el debate constituyente, también se hace necesario mirar el escenario político en su conjunto.

¿Cuáles son los límites de esta relación?

Una revisión superficial a los programas presidenciales deja rápidamente en evidencia la diferencia de posturas. En algunos casos los programas fueron explícitos en expresar sus anhelos sobre la Convención y en otros, la total ausencia de referencia es la señal más clara de la postura al respecto.

Palabras más o palabras menos, la persona que finalmente se haga de la Presidencia del país, tiene entre sus tareas ineludibles el acompañar el proceso constituyente.

Desde lo más institucional, tal como quedó explícitamente estipulado en la reforma a la Constitución que dio origen al proceso, se entrega al Presidente de la República la responsabilidad de “prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención”. Tareas que, tal como hemos visto, no son un aspecto menor a la hora de favorecer la calidad del debate.

Sin embargo, desde lo político el llamado es también cuidar el proceso. Ni pautar, ni rodear ni dejar a la deriva. En este contexto sí hay una clara tarea compartida: el clima de participación.

En estos días la ciudadanía será una vez más llamada a las urnas, pero también a las audiencias, jornadas y cabildos constituyentes y en todos ellos se juega una expectativa grande, una incertidumbre que busca respuestas y una esperanza que se encuentra estirada al límite. Una competencia de cabildos por sector no contribuye de ninguna manera al objetivo final de la participación ciudadana.

El llamado de la ciudadanía a cambiar el funcionamiento de la política es demasiado contundente como para desoír o creer que es el otro proceso, el otro debate o el otro sector el cuestionado. Hoy, la política es vista como un todo, y una política en función de las personas es sobre todo aquella que abre caminos para su participación y entrega las garantías para cuidar aquello por lo que la ciudadanía votó.

De esta forma, la apertura de la etapa participativa de la Convención es un hito que está lejos de ser irrelevante, sino que pone en evidencia la importancia de garantizar espacios seguros y confiables de participación, en entusiasmar a la ciudadanía a apropiarse de esos espacios y en, especialmente, permitir la participación de la mayor cantidad de personas posibles. Hoy, lamentablemente hay muchos que aun no saben cómo participar, no pueden hacerlo o no quieren hacerlo.

La responsabilidad de romper esas barreras recae en quienes tienen el deber de representarnos en los espacios de deliberación. Son los miembros de la Convención y la o el futuro presidente quienes deben generar condiciones más allá del voluntarismo tan común en el lenguaje político.

Solo luego de un proceso realmente participativo, será la ciudadanía quien, habiendo sido parte, juzgue si el resultado de este proceso logró cumplir con las expectativas y los anhelos que millones de ciudadanos depositaron en las 154 mujeres y hombres que hoy tienen una tarea histórica: proponernos, por primera vez en nuestra historia, una nueva Constitución.

*La autora de esta columna es subdirectora de la plataforma de participación ciudadana Tenemos que Hablar de Chile, impulsada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y de la cual ya han participado más de 100.000 personas. Es cientista política de la PUC y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.