De acuerdo a la reforma constitucional que facilitó el actual camino hacia una eventual nueva Constitución, pueden ser candidatos aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Constitución, esto es, “ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva".

La norma establece que aquellos que ejercen cargos públicos, tales como ministros, intendentes, gobernadores, alcaldes, cores, concejales, subsecretarios, consejeros del Banco Central o del Servicio Electoral, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública, del TRICEL, y los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública cesarán de sus cargos de manera automática al inscribir sus candidaturas.

Como se impuso la Convención Constitucional, significa que habrán 155 cupos que se elegirán bajo las mismas reglas actuales en de las elecciones para la Cámara de Diputados, o sea con listas y elección popular por distribución de distritos, con una importante salvedad, que en esta convención constitucional se garantizará la paridad de género, como se estableció en marzo de este año.

Así, los partidos, listas y pactos que quieran participar están obligados a presentar listas paritarias: 50% hombres y 50% mujeres, que deberán estar encabezadas siempre por una candidata y ordenada de forma alternada con los candidatos de forma sucesiva.

Pero ¿Qué pasa si quiero ser candidato independiente? Es el principal dolor de cabeza que han tenido quienes impulsan reducir al mínimo las trabas para que las personas que no pertenece a partidos políticos puedan ser candidatos. Al parecer hay ánimos transversales para esto, desde Pablo Longueira (UDI) a Gabriel Boric (FA), esto porque al contrario de los pactos políticos ya establecidos, los que quieran ir como independientes.

Se encuentra en el Senado el proyecto que busca disminuir de un 0,4% a un 0,2% de los electores que votaron en la elección parlamentaria anterior el número de patrocinios que requerirán quienes no militen en un partido político para inscribir sus candidaturas. Además de rebajar de un 1,5% a un 0,5% el total de firmas exigibles cuando se trate de una lista de independientes. Y, a su vez, permite al Servicio Electoral validar patrocinios con firma electrónica a través de la Clave Única ante el Registro Civil.

Entre las consignas para votar Rechazo, las franjas han destacado el gasto que significaría el proceso mismo. Más allá de eso, lo concreto por ahora es que en una convención constitucional el sueldo será de aproximadamente $2,5 millones.

Redactar una nueva Constitución. Esa es la única atribución que tendrá la Convención, pese a que durante el año surgieron voces de tener más poder soberano frente a la coyuntura del país. Y no de manera indefinida, pues se supone que tiene nueve meses más un prórroga de tres más para redactar una propuesta de nueva Carta Fundamental.

Y como se lee en el artículo 135 del texto constitucional, “el texto de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Además de esto existen limitaciones: los integrantes de la convención constitucional no podrán postular a cargos públicos hasta un año finalizado el trabajo. La inhabilidad de los parlamentarios podrán optar a una nuevo periodo, no así la otra mitad, o sea, los elegidos por voto en abril próximo.

Además del proyecto que facilitaría la participación de independientes, hay temas como los escaños reservados para pueblos originarios (aunque al menos desde esta semana estaría peligrando esta opción). Los principales nudos siguen estando en si los escaños que se van a asegurar para los distintos pueblos originarios serán supernumerarios, adicionales al número de convencionales constituyentes definidos en el acuerdo del 15 de noviembre, y bajo qué parámetros se van a identificar los indígenas al momento de la votación.