Desde el pasado lunes, la Convención vive una fase que los convencionales anhelaban: las discusiones de fondo de los temas que se podrán incluir en la propuesta constitucional. Para ello, el órgano dividió su trabajo en siete comisiones temáticas. Así, cada uno de los 154 constituyentes estará asignado a uno de estos grupos, que funcionarán como la antesala de las discusiones que tendrán lugar en el pleno.

Son siete las comisiones encargadas de organizar el debate de los temas que incluirá el proyecto de Carta Magna: Sistema Político, Principios Constitucionales, Forma de Estado, Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Sistemas de Justicia y Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología y Cultura. Además de especificar cuáles son, el reglamento general, publicado la semana pasada, incluye en cada una de ellas los temas mínimos a abordar en los próximos meses.

Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral

La primera comisión, integrada por 25 constituyentes, tendrá la tarea de repensar la estructura orgánica de las instituciones, la organización del Estado y el régimen político. El debate sobre estas materias es clave, pues a través de él se decidirá si Chile conserva su actual régimen presidencialista, si este se atenúa o se pasa a un sistema semipresidencial o parlamentario. Pese a que aún no se debate esta materia en específico, la discusión sobre el régimen se adelantó y comenzó en medio de la votación del reglamento. Incluso, el propio vicepresidente de la Mesa directiva, Jaime Bassa, afirmó públicamente que es partidario de pasar a un sistema parlamentario.

En el caso del poder Legislativo, el órgano constituyente podría decidir que se deje atrás al bicameralismo y pasar a un sistema unicameral. Según datos recabados por La Tercera en el Match Constituyente realizado a 133 de los 154 convencionales, el 51,1% de ellos estaría a favor de pasar a un sistema unicameral.

También, el grupo de convencionales que compone esta comisión debatirá sobre la posibilidad de convertir a Chile en un Estado Plurinacional con libre determinación de los pueblos, un tema que, según la misma encuesta, cuenta con el respaldo de al menos 96 convencionales.

A la vez, esta comisión abordará temáticas como las materias de ley, su formación, el buen gobierno, relaciones exteriores, integración regional, cooperación fronteriza, probidad y transparencia pública, el sistema electoral y organizaciones políticas; seguridad pública, defensa nacional y rol de las Fuerzas Armadas.

Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía

Un punto clave que abordará esta comisión, compuesta por 19 convencionales, serán los mecanismos de democracia directa y participativa, un tema que cuenta con el respaldo de la mayoría de la Convención. Según sondeos de La Tercera, 123 de 133 candidatos encuestados estarían a favor de “incorporar mecanismos de democracia directa que complementen la representación como por ejemplo la iniciativa popular de ley y plebiscitos”.

Junto con los mecanismos de democracia directa, esta comisión abordará temas como la posibilidad de efectuar referéndums aprobatorios y revocatorios de mandato y de ley, iniciativas populares de ley, mecanismos de participación popular y democracia digital, la definición de un preámbulo para el proyecto de nueva Constitución, nacionalidad y ciudadanía, entre otros.

Esta comisión, según se desprende de datos analizados big data Unholster, tiene la particularidad de ser la que está más hacia el centro del espectro. Entre sus 18 miembros están los convencionales Martín Arrau (UDI), Jorge Baradit (PS), Eduardo Cretton (RN), Beatriz Sánchez (FA), Agustín Squella (Colectivo del Apruebo) y la presidenta de la Convención, Elisa Loncon (Escaños Reservados).

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

Este instancia fue una de las más cotizadas para los convencionales de regiones y de pueblos originarios. Se trata de la comisión que debatirá la organización del Estado y la descentralización, que abordará temas como la estructura organizacional y descentralizada del Estado, la organización territorial interior del Estado y la división político-administrativa con enfoque ecosistémico.

En concreto, está comisión, integrada por 25 convencionales, será la responsable de decidir si Chile mantendrá su actual organización en base a 16 regiones o si se reemplazará por otras variantes, debate para al que algunos convencionales ya han presentado iniciativas, como la de generar tres macrozonas, propuesta por los convencionales Bastián Labbe, Julio Álvarez, Ramona Reyes, Helmuth Martínez, Cristóbal Andrade y Hernán Velásquez.

Además, esta comisión también se hará responsable de determinar mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental, debatir sobre gobiernos locales y autonomías territoriales e indígenas; igualdad y cargas tributarias; reforma administrativa y modernización del Estado; territorios insulares y zonas extremas; ruralidad, entre otros.

Comisión sobre Derechos Fundamentales

Esta comisión, que tiene la particularidad de ser en la que más constituyentes participan (33), abordará temas como los derechos civiles, la igualdad ante la ley, la libertad personal, el derecho a la verdad y la justicia respecto de los delitos que constituyen violaciones a los Derechos Humanos, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la tierra y al territorio, al trabajo y su protección, a la educación, de las mujeres, de las disidencias y diversidades sexuales, de los migrantes, entre otros.

Debido a la amplia variedad de temas que incluye esta comisión, se prevé que esta instancia experimentará un intenso debate para llegar a consensos sobre aquellos derechos que deben quedar consignados en el proyecto de Carta Magna.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

Esta instancia, integrada por 19 convencionales, llevará a cabo un debate inédito en comparación a otros procesos constituyentes, pues considera como base que Chile y el mundo enfrentan una lucha contra el cambio climático. Por eso, este grupo de constituyentes debatirá temas como medioambiente, biodiversidad, crisis climática, delitos ambientales y principios de no regresión ambiental, principios de la bioética y bienes naturales comunes, desarrollo sostenible, buen vivir y modelo económico, régimen público económico y política fiscal, entre otros.

Un tema que llama la atención dentro de los estipulados por el reglamento es que esta comisión está encargada de discutir sobre la posibilidad de entregar derechos a la naturaleza y vida no humana. De esta forma, por ejemplo, se podría proteger recursos naturales como si fuesen personas jurídicas, como ocurre con el río Whanganui de Nueva Zelanda.

Según el estudio de Unholster, esta comisión es la que tiene la mayor tendencia hacia la izquierda. De sus 19 integrantes, cuatro pertenecen al bloque de Vamos por Chile, es decir, menos del 20% del total.

Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional

Esta comisión, integrada por 19 convencionales, abordará temas como el Poder Judicial, sistema de justicia constitucional, el Ministerio Público y sistema de persecución penal; órganos de control y órganos autónomos, justicia ambiental, entre otros.

Uno de los puntos claves de esta comisión es que será la encargada de determinar normas transitorias, las cuales serán fundamentales en caso de que se decida alterar el régimen de gobierno o pasar a un Congreso unicameral. Junto con esto, esta comisión también se encargará de definir la autonomía de organismos como, por ejemplo, el Banco Central, que, de acuerdo al sondeo efectuado para el Match Constituyente, cuenta con el respaldo de 117 convencionales para “mantener su autonomía constitucional”.

Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.

Por último, la séptima comisión, compuesta por 15 convencionales, abordará temas como la institucionalidad, gasto fiscal, presupuesto, fomento y políticas públicas de largo plazo en conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, comunicaciones, artes, patrimonios y humanidades, el rol del Estado en ellos, así como también el derecho a participar en la vida cultural y en el desarrollo de los conocimientos y sus aplicaciones, y a gozar de sus beneficios, entre otros.