Marcos Emilfork (Ind-UDI): “Debe reformularse completamente la forma en que el Estado realiza su tarea a nivel proteccional con niños y niñas vulnerables”

Proviene del mundo de la justicia y asegura que no da lo mismo quien escriba la nueva Constitución. El abogado y ex fiscal que lideró las investigaciones del caso Sename, Marcos Emilfork, está por estos días en pleno puerta a puerta en el distrito 26, que compone las comunas de Puerto Montt, Ancud, Quellón y Palena. Estará en la papeleta constituyente como independiente con cupo UDI, en la lista de Vamos por Chile.

Según Emilfork, esta es la única oportunidad de jugarle limpio al país. “No es un lugar para ir a improvisar, aprender a hacer carrera política o mirar el interés personal”, manifiesta.

Usted fue el fiscal encargado de investigar la gran cantidad de muertes en el Sename. ¿Qué es lo que se debería transformar en esa institución?

Los derechos de los niños y niñas, atendida su calidad de niños y niñas, deben ser derechos reforzados constitucionalmente. Especialmente tratándose de niños y niñas que se encuentran bajo la custodia del Estado. Pero luego, es el ordenamiento jurídico a través de las leyes, que deben estar acordes a la Constitución, son las que establecen la orgánica vinculada a los niños y niñas, a su protección y cuidado.

Indudablemente, debe reformularse completamente la forma en que el Estado realiza su tarea a nivel proteccional con niños y niñas vulnerables que han sufrido una vulneración de derechos, y que por esa razón el Estado se hace cargo de ellos. Por otro lado, en el sistema de responsabilidad penal adolescente, donde a mi juicio ni la ley de responsabilidad penal adolescente ni el aparato del Estado vinculado a la reinserción social o al cumplimiento de pena ha estado a la altura.

¿Qué falta por garantizar con respecto a los derechos de la niñez?

Hay una deuda pendiente histórica que no se ha cumplido, en relación con los niños y niñas de nuestro país. Es por eso que la Constitución también debe hacerse cargo de ello en el proceso constituyente, reforzando los derechos de los niños y niñas de nuestro país, en una mirada de ellos como sujetos de derechos y no como objetos de tutela por parte del Estado. No como objetos de protección, objetos o sujetos de protección o de tutela sino que como sujetos de derechos frente al Estado.

¿Cómo buscaría incorporar una mayor descentralización del poder para las regiones en la nueva Constitución?

A mi juicio, debe descentralizarse de una vez por todas el poder desde la perspectiva política, administrativa y presupuestaria, entregando a las regiones como aquella en que yo vivo, que es la región de Los Lagos, la posibilidad de tomar las decisiones acá.

En materia de reforma a la justicia, ¿qué ajustes propone para el Poder Judicial o en el mismo acceso a la justicia?

Es importante revisar los sistemas de nombramientos de los jueces y fiscales, también los tiempos de duración en los cargos. Asimismo los sistemas de accountability o de rendición de cuentas de la justicia a la ciudadanía, y el sistema de control que puede tener el Ministerio Público desde la perspectiva administrativa y social.

¿Cómo podría ser abordada la protección al medioambiente?

Creo en el desarrollo y en el emprendimiento, por cierto que sí, pero que ese desarrollo económico tiene que ser sustentable con el medio ambiente y las futuras generaciones. Desde esa perspectiva, debe garantizarse y fortalecerse la garantía de protección del medio ambiente y el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Por otro lado, debe establecerse canales, vías o mecanismos de exigibilidad para que la protección del medio ambiente realmente sea efectiva. De tal manera, que entonces pueda dar una protección que abarque y que sea más omnicomprensiva el día de mañana.

¿Qué rol debería cumplir el Estado en materia de seguridad y orden público en la nueva Constitución?

Ese rol que tiene el Estado y que hoy día no tiene ninguna fórmula de exigibilidad por parte de los ciudadanos, debe ser algo que se asuma en el proceso constituyente desde la perspectiva de asegurar a las personas el derecho a la seguridad pública por parte del Estado. Con mecanismos formales de exigibilidad a las autoridades que son responsables de garantizarnos a todos.