En noviembre de 2006 y después de tres meses de tensión tras la instalación de la Asamblea Constituyente de Bolivia, los partidos opositores y los comités cívicos regionales iniciaron una huelga de hambre con la adhesión de más de mil personas en reclamo a la modificación de la fórmula de voto establecida, que pasó de un quórum de dos tercios para aprobar reformas a una mayoría absoluta. Un cambio que benefició al oficialismo y desató la violencia en las calles del país.
El reclamo generó masivas marchas que presionaron por semanas a la incipiente Asamblea Constituyente y al mandatario boliviano, Evo Morales. Incluso, derivó en la paralización de las sesiones y choques violentos entre manifestantes, mientras se establecía un diálogo entre las fuerzas políticas. El 6 de agosto de 2006, los 255 constituyentes electos en las elecciones del 2 de julio de ese año asumieron por primera vez su rol en una ceremonia en Sucre. El Movimiento Al Socialismo (MAS), respaldado por la victoria electoral de Morales en 2005, logró alcanzar 137 escaños, una alta cifra, pero insuficiente de cara a los dos tercios necesarios (170 votos) para aprobar la nueva Carta Magna sin la necesidad de negociar con otros pactos.
Según el diario El País, los constituyentes acordaron el 1 de septiembre, con la ausencia de la oposición -que se levantó de la mesa- y en medio de fuertes disturbios, que el organismo aprobara los artículos de la Ley Fundamental por mayoría absoluta. Pasadas las cuatro de la madrugada, cuando el MAS leía la propuesta de nuevo reglamento estallaron los golpes entre los políticos, dejando al jefe de la bancada masista, Román Loayza, con un traumatismo que lo dejó en coma.
En este escenario, los constituyentes oficialistas decidieron cambiar la Ley de Convocatoria a la Asamblea para ratificar que el mecanismo de votación sería desde ese momento por mayoría absoluta, lo que corresponde a 128 de los 255 votos, para ratificar los artículos. Sin embargo, para dar luz verde al texto final seguía siendo de dos tercios.
El actual senador boliviano y excoordinador del equipo técnico del Pacto de Unidad en la Constituyente, Franco Gamboa, explica en conversación con La Tercera que “la ley de convocatoria a elección de constituyentes en Bolivia tenía una gran delimitación. Allí es donde se inicia la discusión. El sistema de conversión de votos en escaños implicaba que la primera fuerza política nunca podía tener los dos tercios de los escaños, por más que sacara el 95% de la votación, porque se establecieron circunscripciones y estas tenían la característica de dotar dos constituyentes a la mayoría y un constituyente a la segunda fuerza política en cada circunscripción”.
“El segundo elemento es que el viejo Congreso puso algunas limitaciones, porque el MAS tenía mayoría en la Cámara de Diputados, pero no la tenía en el Senado. La discusión del reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente se prolongó por varios meses, lo cual retrasó el inicio de la discusión sobre los temas que se iban a definir para la nueva Constitución”, detalla.
Según Gamboa, el Pacto de Unidad -que agrupaba al MAS, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)- propuso la conformación de 21 comisiones de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, y de ellas, el oficialismo presidía 14 de las 21 comisiones.
La estrategia era que los artículos y decisiones se adoptaran en la interna de la comisión para luego ser votados por dos tercios y posteriormente eran sometidas al pleno de la Constituyente por mayoría absoluta. Los temas que no lograran ser aprobados serían enviados a un referéndum.
Para el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, “la fórmula de dos tercios a mayoría absoluta tenía un problema importante, porque se intentaba garantizar que no todo saliera por dos tercios, no solamente porque el MAS no podía obtener los apoyos necesarios, sino también porque al interior del masismo, que era mayoritario, había muchos grupos organizados con intereses muy específicos de su propia corporación”.
“Por ejemplo, cuando había que tocar temas de derechos medioambientales, los sectores mineros no estaban de acuerdo, los campesinos parcialmente y las ONG tenían su propia agenda. Había una mezcla muy compleja de intereses, que hace que algunos actores impusieran sus temas. Ese fue un debate que trabó el funcionamiento de la asamblea por varios meses, no podían avanzar en nada y un elemento más que se sumó fue la pugna regional entre oriente y occidente”, agrega el analista.
Ante esto, la oposición exigió la revisión del Artículo 71 del Reglamento Constituyente para suspender las huelgas de hambre, que ya se habían multiplicado con concentraciones en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, con el respaldo de casi 2.000 personas, y en algunos puntos se vivieron jornadas de violencia, que dejaron decenas de heridos.
Según el diario boliviano Página Siete, cuatro gobernadores (Leopoldo Fernández, de Pando; Mario Cossío, de Tarija; Rubén Costas, de Santa Cruz, y Eduardo Suárez, de Beni), junto con líderes de los comités cívicos y al menos 15 senadores se sumaron al ayuno, en el que además se reavivaron demandas autonomistas.
El incremento de tensión en las calles llegó al punto que el entonces mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó que si Bolivia lo necesitaba, podrían enviar apoyo militar para frenar las protestas. El entonces canciller y actual vicepresidente, David Choquehuanca, rechazó la oferta y acusó que los medios de comunicación “magnificaban” las protestas, asegurando que no habría asistido un millón de personas, sino 40 mil.
Debido a la extensión del conflicto, el proceso de elaboración de la nueva Constitución debió ser prorrogado, mientras Evo Morales acusó un “complot” contra la Constituyente, y el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, intentó mediar la disputa. Sin embargo, por más de un año, entre septiembre de 2006 y noviembre de 2007, se generó una paralización de las sesiones, porque los asambleístas opositores también exigían cambiar la sede del gobierno de La Paz a Sucre.
“No hay que fijarse solamente en el tipo de movilización de aquellas personas que optaron por no aprobar la Constitución, porque estos grupos se opusieron a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, a su funcionamiento e hicieron campaña para que no se aprobara la Constitución. Las organizaciones y movimientos sociales decidieron marchar sobre La Paz para exigir la aprobación de la ley de convocatoria al voto popular para aprobar la nueva Constitución Política del Estado, el propio Evo Morales marchó contra el Congreso”, recuerda Gamboa.
Los disturbios fueron en aumento, los constituyentes debieron instalar la asamblea en un recinto militar en las afueras de Sucre, pero con tan solo 145 de los 255 constituyentes. El 24 de noviembre, finalmente, el pleno aprobó mediante una votación anticipada y a mano alzada los informes de las 21 comisiones, mientras en las afueras se confirmaba la muerte del primer manifestante, que recibió un disparo.
Al día siguiente, la prensa boliviana informó de otros tres fallecidos, incluido un policía, y más de 130 heridos. Tanto el oficialismo como la oposición volvieron a medir fuerzas con convocatorias de movilizaciones en La Paz y Santa Cruz, mientras seis de las nueve regiones iniciaron un paro.
No obstante, el 10 de diciembre de 2007 se aprobó el proyecto final del nuevo texto constitucional en Oruro. Luego, en un referéndum efectuado el 25 de enero de 2009, los bolivianos aprobaron por un 61% la nueva Constitución, que fue promulgada el 7 de febrero de ese año.
