Columna de Óscar Contardo: Con dientes y muelas

En 2003 se cumplieron 30 años del Golpe de Estado. En Chile, muchas cosas habían cambiado desde ese entonces y nuestras autoridades querían que eso se notara, no solo dentro del país, sino también en el mundo. El 10 de septiembre de ese año, el diario El País de España publicó una extensa entrevista al Presidente Ricardo Lagos. La nota estaba cargada de simbolismo: hacía referencia a la familia Allende y a la militancia socialista del mandatario. Un país diferente, una izquierda nueva, avances, crecimiento económico, tranquilidad. Para cada pregunta el presidente tenía una respuesta que no solo contestaba la duda precisa del entrevistador, también ilustraba con ejemplos y, en ocasiones, corregía. Una de las interrogantes planteadas era el rol que estaban teniendo las Fuerzas Armadas con Pinochet aún vivo. Lagos dijo con aplomo que "claramente" existía una "subordinación del poder militar al poder civil". Ese fue el título de la entrevista. Un año después, aquellas palabras fueron coronadas por el documento escrito por el general Juan Emilio Cheyre, que en su calidad de comandante en jefe del Ejército reconocía los delitos cometidos por la institución durante la dictadura. El "nunca más de Cheyre" parecía ser el fin de un capítulo y se ajustaba a la versión democrática y moderna que el gobierno quería dar sobre la relación entre el mundo civil y el militar. El general fue acunado por la dirigencia política, elevado al rango de símbolo y protegido como se hace con quienes prestan valiosos servicios al Estado.

Han pasado 25 años desde ese momento. Cheyre acabó condenado por encubrir el fusilamiento de 15 personas durante el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena. El juez a cargo del proceso comprobó que el general había mentido para disimular su rol en la masacre. Pero no era la única verdad que había sido mantenida a resguardo y barnizada para pretender normalidad en los años posteriores al fin de la dictadura.

Durante los últimos 30 años, los escándalos de contrabando y fraudes que involucran a miembros del Ejército se han sucedido como un ruido blanco que no termina de sobresaltar a la institución. Ha habido de todo: desde tráfico de armas, malversación de caudales en la compra de tanques, hasta fraudes millonarios con los fondos de la Ley Reservada del Cobre y con los viáticos para oficiales. Frente a estos escándalos, el rol de cada uno de los ministros de Defensa de los gobiernos sucesivos ha sido poco más que encogerse de hombros y manifestar su total apoyo a la institución. Lo mismo sucede con los ministros del Interior cuando han debido enfrentar los fraudes que se cometen en Carabineros y los abusos en el uso de la fuerza que acaban en crímenes.

Ninguna autoridad parece estar dispuesta a reconocer las irregularidades, por llamarlas de alguna manera, que involucran uniformados. Nadie asume responsabilidades políticas. Lo único que la opinión pública escucha son explicaciones absurdas, como las ofrecidas por el actual general director de Carabineros, que frente a la muerte de Camilo Catrillanca -baleado por un comando de la policía militarizada- fue capaz de repetir sin pestañear los argumentos más inverosímiles y vulgares con tal de zafar del escrutinio público.

Esta semana, el senador José Miguel Insulza aseguró en una entrevista en CNN que desde el retorno a la democracia "las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos". Insulza era el ministro del Interior cuando Ricardo Lagos concedió la entrevista a El País en donde aseguraba la total subordinación de los uniformados al poder civil. Todo indica que la versión del senador era la más ajustada a la realidad. ¿Cuál era, entonces, el costo que se pagaba por fingir normalidad donde no la había? ¿Qué se arriesgaba?

Este jueves, The Clinic difundió una grabación en la que se escucha al general Ricardo Martínez, actual comandante en jefe del Ejército, admitir, entre otras cosas, que hay militares chilenos vendiéndoles armas a los narcos. Martínez habló en plural, por lo que se deduce que no se trataba de un caso aislado, sino de algo más extendido. Eran cerca de 900 los militares que escucharon de su boca un recuento de las investigaciones en curso que involucraban a miembros del Ejército. Martínez detalló en su discurso los esfuerzos por morigerar la presión de la Contraloría y les advirtió a sus subordinados que los problemas no pararán. Además, admitió que el homenaje a Miguel Krassnoff -condenado en innumerables casos de violaciones a los derechos humanos- en la Escuela Militar fue un asunto planificado y no un error. El registro, hecho de manera subrepticia -¿quién?, ¿con qué fin?, ¿cuál es la pugna interior?-, contiene además una suerte de arenga sobre un aspecto netamente político: las pensiones de los militares, quienes gozan de un sistema groseramente distinto al del resto de la sociedad chilena. "Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas", dijo el general Martínez, sugiriendo la imagen de una animal amenazado capaz de morder a quien considera su adversario. Luego de esa frase la franqueza inicial del general Martínez cobra otro sentido; más que un mea culpa adquiere el tono de una advertencia sombría deslizada por una institución dispuesta a mostrar los colmillos si los controles sobre ella aumentan. Una mueca que nos recuerda que la democracia es algo más que un discurso hecho con aplomo o una fachada luminosa que esconde los escombros de un pasado que de tanto en tanto se hace presente.