El fallo de la Corte Interamericana que preocupa al gobierno chileno

La polémica por la ofensiva de cinco países -Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay y Chile, todos miembros de Prosur- que se materializó el jueves 11 en una carta que critica los procedimientos de los organismos regionales de derechos humanos y defienden la autonomía y soberanía de los Estados para definir la forma en que se resguardan los derechos esenciales en sus territorios tomó por sorpresa a sus emisarios, ya que, según reconocieron fuentes del gobierno, esperaban que la misiva se mantuviera en reserva.

La canciller (S), Carolina Valdivia, aseguró que el tema se venía discutiendo hace algunos meses y que varios países habían manifestado su preocupación por las condenas de reparación económica a las que eran sometidos los Estados.

Este es uno de los temas que inquietan al gobierno de Chile. El 29 de mayo vence el plazo de seis meses que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno dé a conocer y ejecute la sentencia que dictó el tribunal el 28 de noviembre de 2018 en el caso Órdenes Guerra y otros versus Chile.

El fallo obliga al Estado chileno a pagar una compensación civil de US$ 180 mil a cada uno de los 28 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973 y 1974. Además, ordena al Estado a modificar su legislación interna a fin de eliminar la prescripción en casos similares.

Hasta inicios del año pasado, según cifras del CDE, se habían presentado 939 demandas civiles, de las cuales 538 ya estaban terminadas y otras 401 seguían en tramitación. El Fisco, por conceptos de estas indemnizaciones, ya ha cancelado más de $ 79 mil millones.

Pese a lo anterior, la sentencia de la Corte Interamericana podría generar una nueva ola de demandas civiles contra el Estado. Chile reconoce el carácter de víctimas de torturas a 38 mil personas.