Las 5 claves QP de la semana

Los costos de la gratuidad en la educación superior suben como la espuma. Pero no son, a esta altura, costos financieros. Son costos políticos, casi personales. Los ministros del comité político, pero en particular Rodrigo Valdés (Hacienda) y Nicolás Eyzaguirre (Segpres), y también la ministra de Educación, Adriana Delpiano, pusieron todo el capital político que les queda sobre la mesa para sacar adelante la promesa de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria también se involucró personalmente. El "no me conocen" que se despachó cuando el TC dio a conocer su veredicto que obligaba a cambiar todo, aún se repite desde el Congreso hasta las oficinas del propio tribunal.

El gobierno se ha equivocado una y otra vez: dejar fuera del beneficio a tres universidades estatales, luego a nueve privadas, y ahora a los institutos y CFT, todas fórmulas con distintos grados de error, consideraciones e intereses. La presidenta no cumplió su anuncio de esperar a leer el fallo del TC antes de decidir por un camino, y envió la "ley corta" al Congreso justo cuando el tribunal publicaba el mamotreto de 150 páginas en su sitio web. En la oposición amenazan con volver al TC, en el oficialismo, como siempre, los descolgados vuelven a hablar de desprolijidad de La Moneda. Hasta ahora la "ley corta" salió del Congreso, tras un infructuoso trámite. Está por verse si la presidenta cierra el 2015 con una de sus principales promesas de campaña en el bolsillo. El final sigue siendo abierto.

Cuando las pocas energías que les quedan al gobierno y la presidenta Bachelet en los últimos días de 2015 estaban concentradas en conseguir la gratuidad en la educación superior, nuevamente se activa una bomba de racimo desde el interior del propio núcleo familiar de la mandataria. Su primogénito Sebastián Dávalos descolocó a La Moneda y a todo el mundo político con revelaciones sobre lo que él cree fueron las causas del origen del caso Caval: concentró todas las culpas en el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a quien acusó de operar políticamente en su contra para sacarlo de la Dirección Sociocultural de La Moneda y tapar el caso SQM, donde se encuentra vinculado.

Lo dijo frente al fiscal del caso Caval, Luis Toledo, en una declaración voluntaria, y que pidió para aclarar sus participación en todo. Cabe suponer que escogió el momento. Consciente o no, reactivó quizás uno de los episodios más complejos que ha pasado su madre en sus dos periodos en La Moneda. Sin necesidad y justo cuando la mandataria intentaba repuntar en las encuestas con estrategias comunicacionales más enfocadas en su figura y en reconquistar su mayor capital político y precisamente el que perdió tras el caso Caval: su credibilidad.

Un duro golpe para las arcas fiscales proyectadas para el próximo año trajo la proyección de crecimiento de diciembre y que, a diferencia de los auspiciosos pronósticos que el ex ministro Alberto Arenas citó al inicio del gobierno para dar impulso a reformas cruciales como la tributaria, los "brotes verdes" están lejos de aparecer.

Según el último Informe de Política Monetaria (IPoM), la tasa de crecimiento se espera en torno al 2 y 3%,  frente al 2,5 y 3,5% considerado en la anterior entrega. Al mismo tiempo, se notificó el alza  de la inflación por sobre el 4%  y se evidenció un deterioro mayor al presupuestado en el precio de los commodities, lo que afecta primordialmente al cobre.

"Sin crecimiento no hay reformas", se cansó de decir Rodrigo Valdés cuando llegó a hacerse cargo de la billetera fiscal, y su mano se ha notado al llevar el "realismo sin renuncia" a la práctica con un Presupuesto 2016 austero (es cosa de preguntar en el Ministerio de Salud), un reajuste en el límite, y una promesa de gratuidad que de ajustada se ha convertido en un dolor de cabeza. La pregunta ahora es si habrá reforma laboral (como quiere el PC y las fuerzas de izquierda) y si la reforma a la reforma tributaria cumplirá con las expectativas de aclarar sin tocar la recaudación esperada según el diseño inicial del gobierno.

Al conflicto entre la ANFP y el actual entrenador de la selección chilena, por diferencias contractuales que no permiten a su ex ayudante, Sebastián Becaccece, fimar como entrenador de la Universidad de Chile, se sumó un nuevo conflicto. Ayer, Ciper publicó un reportaje que establece que la ANFP pagó US$500 mil dólares al Servicio de Impuestos Internos por diferencias tributarias relacionadas con pagos a Sampaoli y su cuerpo técnico. El mismo reportaje aseguraba, además, que Sampaoli, Becaccece y Jorge Dessio constituyeron sociedades en Islas Vírgenes para recibir los dineros.

Si bien las dos listas que compiten por la presidencia de la ANFP tienen el discurso público de que buscarán asegurar la continuidad del casildense, los medios deportivos ven difícil la continuidad de un molesto Sampaoli, particularmente por la filtración de los montos que recibió como premios por la obtención de la Copa América. Por lo mismo, ya comienzan a sonar nombres para sucederlo, donde se ha mencionado incluso el que varios siempre han querido tener de vuelta: Marcelo Bielsa.

El 28% obtenido por el Partido Popular (PP) en las elecciones del domingo pasado, situó al partido del actual presidente español, Mariano Rajoy, como la peor primera mayoría luego de la vuelta de España a la democracia. Este porcentaje, sumado a la baja votación obtenida por su contendiente histórico, el Partido Socialista Obrero Español (22%), hacen temblar el modelo bipartidista que ha gobernado a España en las últimas décadas. Porque, si bien el PP podría conseguir el apoyo de Ciudadanos, la alta votación obtenida por Podemos (20,66%) hace que un eventual giro hacia el centro del PSOE se vea imposible.

De hecho, así sucedió: Rajoy intentó seducir al al partido de Pedro Sánchez ofreciéndole la presidencia del Congreso y la posibilidad de modificar un artículo de la Constitución con el fin de blindar el estado de bienestar, no lo logró. Así las cosas, lo más probable es que España deba convocar a unas nuevas elecciones en 2016, reviviendo una campaña que llamó la atención por la agresividad de sus contendores y que plantea un escenario nunca antes después del régimen franquista.