Una reacción desproporcionada, contradictoria y preocupante

Esta semana hemos sido testigos de la polémica que ha generado la concesión de libertades condicionales a un grupo de internos, beneficio penitenciario que conforme a la ley constituye un "derecho" para los condenados a una pena de más de un año de privación de libertad siempre que cumplan ciertas condiciones que atienden a sus posibilidades de reinserción social.

Llama la atención la desproporcionada reacción de las autoridades toda vez que las libertades condicionales y beneficios intrapenitenciarios en nuestro país tienen una aplicación bajísima. Sin ir más lejos, esos 538 condenados a quienes se les concedió la mencionada libertad no superan el 3% de la población penitenciaria de la región metropolitana y en el caso de la quinta región, constituye el 15%. Según cifras de Gendarmería de Chile, en abril de 2016 se otorgaron beneficios intrapenitenciarios -salida dominical, de fin de semana y de salida controlada- solo al 5% de la población penitenciaria nacional.

Además, no debe olvidarse que estas personas siguen cumpliendo condena, esto es, continúan limitadas en sus derechos y sujetas al control de la policía, y la inobservancia de las condiciones impuestas durante el periodo de prueba necesariamente traerá como consecuencia el reingreso al régimen cerrado.

También llama la atención la contradictoria reacción de las autoridades. Después de la tragedia de San Miguel, el Estado decidió emprender un necesario camino tendiente a descongestionar las cárceles nacionales. De forma positiva se publican leyes y se despliegan otras medidas dentro de las unidades penales para lograr tal objetivo; a modo de ejemplo: la Ley N° 20.603, que establece las nuevas penas sustitutivas a las penas privativas de libertad; la Ley N°20.588, que regula la conmutación de penas y la Ley N°20.587, que modifica algunos aspectos de la libertad condicional. Como resultado, Chile ha reducido su población penitenciaria desde una tasa de 313 presos por cien mil habitantes -récord en la región-  a una tasa cercana a los 240 (para tener una referencia Finlandia tiene una tasa promedio de 56 y Alemania de 76).

En este contexto, las noticias que nos entregan las comisiones de libertad condicional deberían generar satisfacción en las autoridades. Sin embargo, pareciera que contra toda lógica y criterio racional, se quiere retornar al precario escenario del 2010, esto es, llenar las cárceles más allá de sus capacidades máximas y profundizar el hacinamiento y las condiciones indignas de vida, así como limitar la salida y los vínculos con el medio libre de aquellos que tienen menos compromiso criminógeno y acabar definitivamente con sus posibilidades de reinserción social. Cambio de rumbo que no sólo dejaría sin efecto el importante esfuerzo técnico, legislativo y económico desplegado en los últimos años, sino que pondría de manifiesto que en nuestro país no existe voluntad de enfrentar la reincidencia de forma seria formulando una política penitenciaria de largo plazo.

Por último, la reacción de las autoridades es preocupante. Se insiste en la agenda corta y no se enfrenta la delicada situación en que se encuentra el sistema penitenciario, el cual no está en condiciones de recibir la carga adicional que significará la mencionada reforma.  En este momento el sistema tiene un déficit de mil quinientas plazas y con la agenda corta este déficit podría aumentar a más de seis mil. Este fenómeno, como es sabido, no solo agudiza los problemas que conlleva el hacinamiento y los peligros asociados a ella - peleas, motines, enfermedades, suicidios, higiene, huelgas de hambre y problemas entre los internos y funcionarios penitenciarios- sino un costo económico enorme para el Estado, a las empresas concesionarias por mayores gastos o en la construcción de nuevas cárceles.

En este escenario, que es una perenne profecía autocumplida, sobran las críticas a quienes cumplen su labor en conformidad a la ley. Si las autoridades quieren enfrentar seriamente el problema, hace décadas que se encuentra pendiente la modernización de Gendarmería, la dictación de una ley penitenciaria para adultos y adolescentes que contemple la figura del juez de ejecución de penas y medidas, y  el diseño y financiamiento de programas de reinserción social serios y eficientes.