Los reguladores japoneses comenzaron el miércoles una inspección final antes de que las aguas residuales radiactivas y tratadas de la planta nuclear de Fukushima sean liberadas al Océano Pacífico.
La inspección comenzó un día después de que el operador de la planta, Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), instalara el último equipo necesario para la liberación: la salida de un túnel submarino excavado para descargar las aguas residuales a 1 kilómetro de la costa.
Tepco dijo que los inspectores de la Autoridad de Regulación Nuclear examinarán los equipos relacionados con la descarga de agua tratada y sus sistemas de seguridad durante tres días, hasta el viernes.
El permiso para descargar el agua podría emitirse una semana después y Tepco podría comenzar a descargar al mar el agua tratada poco después, aunque no se ha decidido una fecha exacta.
Preocupación por las aguas tratadas de Fukushima
El plan ha enfrentado fuertes protestas de grupos pesqueros locales, preocupados por la seguridad y el daño a la reputación de la zona.
El gobierno y Tepco prometieron en 2015 no liberar el agua sin el consentimiento de los grupos de pescadores, pero muchos en la comunidad pesquera dicen que el plan fue impulsado de todos modos.
Países vecinos, como Corea del Sur, China y algunas islas del Pacífico también han planteado sus preocupaciones de seguridad.
En Beijing, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, instó el miércoles a que Japón “deje de promover por la fuerza el plan de descarga en el océano, deshacerse seriamente del agua contaminada con energía nuclear de manera científica, segura y transparente, y aceptar una estricta supervisión internacional”.
El secretario en jefe del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, dijo a los periodistas el miércoles que el gobierno ha cumplido “con su política de no realizar una liberación sin el entendimiento” de los grupos de pesca en Fukushima.
Aseguró que el gobierno continuará comunicándose estrechamente con ellos y otras personas involucradas, al tiempo que garantiza la seguridad y aborda el problema del daño a la reputación.
