Los campamentos tras nueve meses de pandemia

“No tenemos de dónde sacar mascarillas, guantes ni alcohol gel. En Batuco está todo agotado y las personas que los venden lo hacen al triple del precio normal”. La frase es de Pamela Reyes, presidenta del campamento Jerusalén, ubicado en Batuco dentro de la comuna de Lampa. La dijo en marzo cuando fue entrevistada para un artículo publicado en Tendencias y que describía cómo se preparaban los campamentos para la pandemia que empezaba a apoderarse del país.

Nueve meses después, Reyes evalúa cómo fue pasar un invierno tan crítico en un campamento: “Fue peor de lo que creía. No pensé que iba a ser tan crudo con el frío. Estar inundada y tapada en barro fue complicado. Además de ver poca gente, muchos abortaron la misión por así decirlo y volvieron a donde vivían antes, se fueron de la toma”.

Como en su casa, en muchos de los 47.050 hogares que habría en las 802 tomas que existen en el país -calculadas en el Catastro Nacional de Campamentos 2019 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de octubre del año pasado- se sacaron cuentas y se siguen sacando. No es fácil sobrevivir a una pandemia en un lugar que carece de al menos uno de los tres servicios básicos (agua potable, electricidad y sistema de alcantarillado).

“El invierno fue peor de lo que creía. No pensé que iba a ser tan crudo con el frío. Estar inundada y tapada en barro fue complicado”, dice Pamela Reyes, del campamento Jerusalén de Lampa.

Este ejercicio de comparación también lo hizo la “Encuesta Covid-19 en Campamentos de Chile”, realizada por la Escuela de Gobierno UC y la organización Techo a más de 5.600 jefes de hogar que viven en este tipo de emplazamientos. Diego Gil, profesor asistente de la Escuela de Gobierno UC, explica que el primer sondeo fue aplicado en mayo -en un momento en el que los casos de coronavirus aumentaban aceleradamente- y el segundo se realizó en septiembre, cuando el nivel de contagios a nivel nacional iba a la baja. En la investigación además participaron Eduardo Undurraga y Eduardo Valenzuela, también de la Escuela de Gobierno UC.

Hace un mes que el hijo de nueve años de Pamela Reyes volvió a su casa en el campamento Jerusalén. Como muchas madres de la toma, ella prefirió enviarlo a pasar la pandemia con su abuela, en lugar de exponerlo a un invierno pasando el frío en una mediagua sin todas sus paredes. “Enfrentamos la pandemia con casas incompletas. Afortunadamente, no tuvimos casos de Covid-19 en cantidad; hubo una o dos familias, pero se retiraron mientras pasaban la cuarentena. Igual fue complejo porque hubo mucho resfrío por las casas incompletas”, reconoce la dirigente.

El invierno lluvioso marcó este campamento, donde unas 50 de las 170 familias que lo componen abandonaron sus sitios en busca de refugio donde familiares. “Ahora recién volvieron”, dice Reyes.

Ahí también vive Ester Pinto (36), quien llegó el año pasado a la manzana ocho del campamento. Es madre soltera y tiene dos hijas de 20 y 13 años; con esta última vivía al principio en una carpa en su sitio. La casa la levantó a los dos meses en un cuarto donde dormía con su hermano, sus sobrinos y su hija menor, pero después se fue cada uno a su sitio y se quedó sola con la adolescente. “Este invierno fue horrible, porque estuvieron muchas casas inundadas. A mí se me llovió tres veces la mía y tuve que cambiar el techo. Ocho vecinos se inundaron. Caminabas en la calle y te enterrabas en el barro”, cuenta Pinto.

Ella personifica esos momentos en su hija menor. “Del invierno me acuerdo de ella en el barro. Le decía que cuando yo era chica Batuco era igual y andaba jugando en el barro. Quería que viera que las cosas cuestan y que para obtener algo debes esforzarte. ‘Si no sale, no importa’, le decía, ‘Vamos a tener una historia para contarles a tus hijos’. Le hacía ver lo lindo dentro de lo malo”, explica la mujer, que trabaja en un local de comida rápida cercano al campamento.

Este punto es lo que el director social de Techo, Vicente Stiepovich, considera la variable habitacional. Una de las tres, junto a la económica y la sanitaria, que identifican dentro del impacto de la pandemia en los campamentos. Respecto a la situación habitacional, los campamentos se caracterizan por la materialización precaria de sus construcciones, lo que según Stiepovich hizo que quedaran más expuestas. “Los problemas de materialidad se acrecentaron en el invierno y al final la situación de campamento se vio más vulnerada, porque los problemas que ya existen en los campamentos se manifestaron en mayor medida, sobre todo lo habitacional: hacinamiento, carencia de luz, agua y una precaria materialidad en invierno”, plantea.

A esta realidad se sumó a la crisis económica de los habitantes del sector de Jerusalén. “Estuvo rudo. Había hartas personas que lo pasaron mal porque se quedaron sin pega, no tenían lucas ni para comer. Nos llegaban cajas de mercadería y se las dábamos a las familias más necesitadas y estuvimos haciendo ollas comunes también”, cuenta Pinto.

“Estuvo rudo. Había hartas personas que lo pasaron mal porque se quedaron sin pega, no tenían lucas ni para comer”, cuenta Ester Pinto, quien vive en el campamento Jerusalén.

Sin embargo, de a poco se han ido solucionando algunas cosas. “Ahora está un poco mejor en cuanto a trabajo. Algunos han recuperado sus empleos en ferias o de vendedores ambulantes, pero económicamente no estamos bien por todos los meses que la gente estuvo sin trabajo. Los que trabajan están pagando sus atrasos de deudas”, comenta Reyes.

Los datos de la encuesta de la UC y Techo son elocuentes al respecto: de los entrevistados, un 73% tenía empleo antes de la pandemia, en mayo un 34% lo mantenía y la cifra baja al 25% en septiembre. “Es importante notar que la caída en el empleo es más profunda que en el resto de la población nacional. Si uno compara la evolución del empleo a nivel nacional, ve que en los últimos meses se han ido recuperando, mientras que en los campamentos la tasa de participación laboral ha seguido disminuyendo”, explica Gil.

Eso también se ve cuando se les pregunta a los habitantes de los campamentos por sus expectativas de encontrar trabajo. Si en mayo un 11% creía que podía lograrlo inmediatamente, la cifra se redujo al 2% en septiembre. Quienes creen que lo encontrarán en un mes desciende del 21% al 8%, y los que proyectan que se demorarán seis meses en hallar un empleo saltan del 13% al 40%. “Muchos individuos que habitan en campamentos tienen empleos informales, con ingresos diarios, sin contratos formales, y la inmensa mayoría requiere presencialidad. Ese tipo de empleos se han visto fuertemente afectados por la pandemia, y mientras no exista una vacuna, va a ser difícil recuperarlos. Eso se está sintiendo en las familias de campamentos”, explica Diego Gil.

En el caso del Jerusalén, se necesitó de la ayuda del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y de las cajas de alimentos entregadas por el gobierno para enfrentar la crisis laboral. “Para la primera etapa tuvimos que hacer una protesta en la línea férrea, porque no nos tenían considerados. Después para la segunda etapa de las cajas, no nos entregaron nada”, cuenta Reyes.

“Muchos individuos que habitan en campamentos tienen empleos informales, con ingresos diarios, sin contratos formales, y la inmensa mayoría requiere presencialidad. Ese tipo de empleos se han visto fuertemente afectados por la pandemia”, dice Diego Gil.

A pesar de casos como éste, los datos de la encuesta de la UC y Techo revelan que quienes viven en campamentos aumentaron su confianza en la capacidad de las autoridades para hacer frente a la pandemia. Al preguntar si se cree que el Estado ha ayudado mucho o bastante a quienes lo necesitan durante la crisis, el 79% de los habitantes de campamentos responde afirmativamente, en una cifra que baja al 47% a nivel nacional. También aumenta la confianza en el sistema de salud: en mayo el 27% de los encuestados consideraba que podrían disponer de una cama de UCI con ventilador mecánico si él o alguien de su familia, lo llegaba a necesitar. Ese porcentaje subió a 46% en septiembre.

”Que las personas de campamentos hayan visto que la cobertura hospitalaria no se haya visto desbordada, aunque estuvo al límite, probablemente ayudó a un aumento en la confianza”, cree Gil.

”Fue duro para nosotros, muy duro, porque teníamos demasiado miedo”. Así recuerda el invierno María Quiroz, dirigente del campamento Los Eucaliptos en Chillán, caracterizado por la gran cantidad de adultos mayores que habitan en él.

”Nosotros dependemos de la ayuda que llega acá. No vamos ni al centro, todo lo encargamos”, explica Quiroz, y menciona el invierno lluvioso que pasaron en la capital del Ñuble. Ella recuerda la necesidad de conseguir agua, la que muchas veces obtienen de un canal que cruza el campamento, pero que no es potable y deben echarle cloro. Eso hizo que perdieran el contacto habitual. “No hablamos mucho con el vecino, estamos de lejitos. Los jóvenes de Techo nos han enseñado a cuidarnos, para poder superar esto, con alcohol gel, mascarillas y guantes”, explica la dirigente.

”Nosotros dependemos de la ayuda que llega acá. No vamos ni al centro, todo lo encargamos”, explica María Quiroz, dirigente del campamento Los Eucaliptos en Chillán.

En la mayoría de este tipo de emplazamientos la ayuda de fundaciones fue clave. Mientras en el resto del país un 5% de las personas declara haber recibido apoyo de organizaciones como Techo, en campamentos la cifra salta al 40%. Les siguen las municipalidades (32% versus 27% a nivel nacional) y las organizaciones vecinales, clubes o asociaciones (23% contra 9% en el resto del país). Al contrario, un 26% reportó no haber recibido ningún tipo de ayuda de familiares, amistades, empresas, fundaciones, iglesias o municipios.

Ahora María Quiroz espera para volver a su trabajo como personal de aseo en el terminal de buses María Teresa en Chillán. “Tengo mi contrato vigente, no estoy despedida, pero por el Covid-19 no puedo ir a trabajar”, dice y cuenta que tiene suerte porque hay varios vecinos aún cesantes. Además, dice que en el campamento hay esperanza porque desde abril del próximo año empezarán a entregarles las casas en la solución habitacional por la que dejarán la toma en que muchos llevan más de 30 años.

Un caso así es el de Hilda Soto, quien vive en el campamento con un hijo de 46 años. “Yo estaba con depresión mucho antes, pero me dio más fuerte con esto. Me han venido a ver del consultorio; es terrible acá el invierno”, reconoce la mujer de 69 años.

Un 26% de las personas que vive en campamentos reportó no haber recibido ningún tipo de ayuda de familiares, amistades, empresas, fundaciones, iglesias o municipios.

“Esto me da miedo y ansiedad. Digo ‘¿estará bueno que nos vayamos ya?’”, cuenta Soto, quien explica que ha soportado estos meses de encierro gracias a un tratamiento psiquiátrico que empezó seis meses antes de la pandemia. “Una noche me dio mucha ansiedad, me llevaron al hospital y me dieron una pastilla que yo no sabía qué era. Esa noche me quería tirar al canal. Se me salió el alma del cuerpo, estaba drogada, dopada, todo. Escucho tanta cosa que me pongo ansiosa, digo: ‘¿qué va a pasar con nosotros?, ¿qué vamos a hacer aquí?’. Me preocupa si aparece una persona contagiada y de repentito vamos a estarlo todos”, reflexiona.

El estudio de la Escuela de Gobierno UC y Techo da cuenta de las graves consecuencias que ha tenido la pandemia en la salud mental de quienes viven en campamentos. Entre mayo y septiembre aumentaron las personas que se sienten deprimidas (de 32% a 37%), las que reportan problemas para dormir o que duermen mucho (34% a 43%), los cansados o con poca energía (28% a 39%) y los con poco apetito o que comen mucho (36% a 46%). En resumen, quienes padecen tres o más síntomas de malestar en su salud mental subieron de 33% a 41%. ”Todos esos indicadores de salud mental empeoraron en alrededor de un tercio si uno compara los promedios reportados en septiembre con la tasa en mayo”, explica Gil.

”Nosotros no podemos lavarnos las manos todos los días y a cada rato como sale en las propagandas, en las noticias y en todo. Es imposible”. La frase es de Sonia Toro, dirigente del comité Camino del Desierto del campamento Villa Constancia, en Antofagasta. Eso opinaba esta boliviana de 33 años, cuando en marzo se le pidió proyectar la pandemia en su campamento.

Hoy, luego de pasar el invierno en esta toma que se caracteriza por la gran cantidad de inmigrantes que viven en ella, Toro dice que el mayor problema que enfrentaron fue la cesantía. “Vecinos míos querían partir e irse a sus países. Pero la mayoría ha tenido que aguantar acá, porque las fronteras están cerradas. El mismo consulado no colabora como debería, no está la ayuda”, explica.

La encuesta comparó la recepción de bonos y subsidios entre inmigrantes y no inmigrantes en los campamentos y se nota una diferencia. Los pobladores nacidos en Chile recibieron más el Bono Covid-19 (46% versus 24% de los migrantes), el Ingreso Mínimo Garantizado (7% versus 4%) y el Ingreso Familiar de Emergencia (54% versus 45%). La caja de alimentos del gobierno llegó al 82% de ambos grupos y al Seguro de Cesantía se acogieron más migrantes: 21% versus 14% de los trabajadores nacidos en Chile.

En Villa Constancia tuvieron otro problema con el agua. Toro cuenta que le solicitaron a la empresa sanitaria que opera en Antofagasta que ampliara la red de alcantarillado hasta el campamento, pero no tuvieron respuesta. La solución fue abrir de forma irregular un collarín de las cañerías que cruza por debajo la avenida para que subiera hasta el campamento. “Nos tocó trabajar en plena cuarentena, abrir la calle, partir el collarín e instalar cañerías para poder tener agua como corresponde”, cuenta la mujer, y agrega que el trabajo, los materiales y la mano de obra lo financiaron entre todos. Gracias a eso, dice, hoy en otras cinco comunidades de la toma tienen agua potable, cada una con sus cañerías y llaves de paso.

Al igual que los vecinos de Antofagasta, en distintos campamentos el acceso al agua se volvió la principal problemática. “La habitabilidad precaria -como es en campamentos- no está preparada para recibir a las familias durante tantos días, entonces tuvimos problemas de desabastecimiento de agua en muchos campamentos y muchas veces los gobiernos locales tenían otras prioridades”, dice Stiepovich.

Los pobladores nacidos en Chile recibieron más el Bono Covid-19 (46% versus 24% de los migrantes), el Ingreso Mínimo Garantizado (7% versus 4%) y el Ingreso Familiar de Emergencia (54% versus 45%).

”Los campamentos son lugares que dependen mucho de su organización social y de la ayuda entre vecinos. Su fortaleza social les ayuda a enfrentar el contexto de vulnerabilidad en que viven sus habitantes. Eso se ha reflejado durante la pandemia”, dice Gil. Explica que su encuesta arrojó indicadores que muestran cómo la colaboración entre vecinos -en ámbitos como ayuda doméstica, escuchar los problemas mutuos, entregar ropa y comida y cuidar de los niños- aumentó en comparación con el escenario prepandemia.

En el 67% de los campamentos del país dijeron haber montado ollas comunes. Además, la evolución del involucramiento en las actividades de la comunidad en general -como asambleas o bingos- aumentó del 63% al 68% entre mayo y septiembre. Por último, si en el resto del país el 65% de los encuestados cree que en pandemia las personas han tratado de ayudar a los demás, esa cifra sube al 75% si se pregunta en campamentos.

Ese trabajo comunitario también se vio en las tareas de los niños. En Villa Constancia hubo voluntarios que los ayudaron a hacer las tareas online cuando los padres no entendían o estaban trabajando. “En cuanto a internet, los vecinos que tenían se lo compartían a los que no. También se buscó ayuda en fundaciones o en los colegios, porque la mayoría estábamos en el mismo. Ahí nos dieron algunos chips para que los niños pudieran pasar clases”, cuenta Toro.

Para el investigador de la Escuela de Gobierno UC, la marca de la pandemia ha sido grande y sigue creciendo, por el aumento en la cantidad de familias que llegan a estos emplazamientos por la crisis. “Es necesario que el Estado y la sociedad civil respondan con urgencia a las necesidades de los campamentos, con medidas que puedan mitigar ese impacto en el corto plazo. La pandemia debiera ser una oportunidad para que el Estado de Chile se haga cargo de modo estructural del problema que presentan los campamentos”, opina Gil.

“Es necesario que el Estado y la sociedad civil respondan con urgencia a las necesidades de los campamentos, con medidas que puedan mitigar ese impacto en el corto plazo”, dice Diego Gil.

Mientras tanto, en el emplazamiento Jerusalén de Lampa, Ester Pinto dice que siguen firmes. “Tengo toda la fe de que nos va a ir bien; yo voy a seguir luchando por mí y por mi gente. Lucho como mamá porque nunca me he ganado un subsidio para una casa y he andado como gitana de un lado para otro, viendo cada cosa”, dice la mujer, quien reconoce tener la esperanza de que la situación va a mejorar en los campamentos. “Yo quiero seguir en esta lucha por la gente y por mí, por darle algo a mi hija”.