Zonas de sacrificio y pueblos privados: las historias detrás de las comunas donde arrasó el “apruebo”

En la escuela Alejandro Noemi Huerta, la jornada escolar de cada lunes de diciembre de 2011 comenzaba siempre con un acto cívico. Una de esas mañanas, los estudiantes y profesores empezaron a sentir un fuerte olor a excremento que provenía de la planta faenadora de cerdos de la empresa Agrosuper. José Callejas (22) estaba en octavo básico y recuerda cuando vio cómo una alumna se desmayaba producto del hedor. La ceremonia escolar se suspendió y ahí se dieron cuenta de que la situación que se vivía en la comuna de Freirina, Región de Atacama, no daba para más. “Entre inspectores, profesores y alumnos nos preguntábamos qué hacer. Sabíamos que esto no podía seguir así”, recuerda Callejas.

Se programó una marcha para el día siguiente, una caminata hacia el centro en donde unieron fuerzas con la escuela Emilia Schwabe Rumohr, la escuela Alejandro Noemi y el liceo Ramón Freire Serrano. Ahí fue cuando partieron las manifestaciones que se extendieron por más de un año en la localidad de la provincia de Huasco. Según los vecinos, ahí también comenzó a gestarse la explicación del 91,77% que alcanzó en esa ciudad la opción del “apruebo” durante el plebiscito recién pasado. De hecho, esa fue la comuna donde la alternativa alcanzó el mayor respaldo a nivel nacional. “Desde ese entonces se arrastra esta preocupación de lo que puede pasar en un futuro y la idea de que se puede mejorar. La gente se dio cuenta que era necesario decir las cosas para que nos escuchen”, dice Callejas, ex estudiante y actual vecino de Freirina.

La comuna se ubica en el valle del río Huasco, en la Región de Atacama, y según el Censo de 2017 tiene 7.041 habitantes. Además, es parte de la zona que alberga al famoso desierto florido y es reconocida por el Consejo Regional (Core) de Atacama como zona de rezago en materia social. Mientras DataChile reporta que sus habitantes tienen un ingreso medio de $ 380.000, Freirina además es considerada como zona de sacrificio.

Precisamente, el año 2012 la localidad se dio a conocer en el país por el conflicto con Agrosuper. Fueron meses de manifestaciones provocadas por la situación sanitaria de la comuna, afectada por los residuos biológicos y los malos olores derivados de la planta de crianza y faenamiento de cerdos. El conflicto llegó a su fin el 31 de marzo, cuando la planta fue oficialmente cerrada. Pero mucho antes de esa resolución, los vecinos comenzaron a unirse en las calles.

“El 91% del ‘apruebo’ se explica desde ese año, cuando Freirina se levantó. Eso fue para nosotros un estallido social propio”, cuenta Andrea Cisternas, parte del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. “Vivimos en carne propia la desigualdad, en cuanto a vivir en un ambiente que influye en nuestra calidad de vida y salud. Eso es súper importante respecto al porqué votamos ‘apruebo’”, agrega. Según Mónica Altamirano, secretaria de una de las juntas de vecinos, el poder de los freirinenses está en su unión, porque “lo que salva a un pueblo de la pobreza es que esté unido y organizado”. También indica que “por eso es muy importante que haya juntas de vecinos, que haya organizaciones deportivas, de adultos mayores, de discapacitados”.

José Callejas recuerda esas primeras luces de aglutinamiento de fuerzas en 2012. “¡Necesitamos gente aquí!, ¡Vengan a ayudar!”, cuenta que decían en la radio cuando había enfrentamientos en las protestas. “Las vecinas bajaban del cerro a tocar la campana de la iglesia y todos subían al lugar donde estaba la barricada”, recuerda sobre las reyertas que se dieron con fuerzas especiales de Carabineros. Los freirinenses también se unían en marchas pacíficas y conversatorios territoriales, lo que fue generando mayor cercanía entre ellos.

Luego vino el estallido social de 2019, que también se replicó en Freirina. Ese evento dio pie para que se instalara la discusión constitucional y se debatiera cómo una nueva Carta Magna los podría ayudar o qué podría cambiar. Libby Osorio, presidenta de la junta de vecinos de Altiplano Sur de la comuna y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, comenta que comenzaron a hacer cabildos ciudadanos y a abrir espacios de diálogo. La participación era alta y las preocupaciones se repetían: la pobreza y el medioambiente.

El 91% del ‘apruebo’ se explica desde ese año, cuando Freirina se levantó. Eso fue para nosotros un estallido social propio

Andrea Cisternas, parte del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco.

“Aquí hay mucha sensibilidad por la justicia social; esperamos más oportunidades, educación y salud digna”, dice Osorio. “El otro tema es con nuestra tierra. Somos una comuna muy pequeña, pero estamos muy conectados con nuestro territorio, con nuestras raíces. Queremos desarrollo, pero queremos que sea integral, queremos justicia, pero queremos justicia para todos”, cuenta la dirigente. Por eso es que entre los vecinos se repite la preocupación por los temas y resguardos medioambientales que la nueva Constitución podría propiciar. Osorio dice que en Freirina se preocupan de cuidar el agua y que experimentan las sequías de cerca, pero que más allá del uso personal del recurso hídrico, buscan una protección que les asegure que tendrán acceso general y que el río local no será contaminado: “Somos el último valle verde de acá del norte y el día que nos falle el agua, el río, se muere el valle. No es porque seamos medioambientalistas, es porque tenemos conciencia ambiental”.

Por la pandemia del Covid-19 los encuentros de participación ciudadana se detuvieron en marzo. Aunque en las redes sociales se ven grupos como Movimiento Freirina Despertó, Freirina Organizado y Freirina Aprueba, los vecinos dicen que no hubo una campaña fuerte por el “apruebo”. Recién cinco días antes del plebiscito aparecieron un par de murales y algunas banderas con consignas, cuenta el profesor Mario Monardes. Él piensa que la campaña se dio más en las conversaciones de cada casa. Los demás vecinos concuerdan en que fue algo genuino y espontáneo. No se necesitó una campaña notoria para que el “apruebo” superara el 90% de apoyo.

“Yo creo que en Freirina la gente ha ido entendiendo y se ha ido empoderando con una idea de tener mejor vida, de proteger el patrimonio, y el ‘apruebo’ apareció como una respuesta, una posibilidad, y nos dimos cuenta que si queremos una mejor vida, necesitamos participación ciudadana”, dice el profesor. Quizás por ese motivo los habitantes de Freirina dicen que como constituyentes esperan la participación de vecinos y no políticos. De la Constitución sólo anhelan mejoras en la calidad de vida.

“Vivir en María Elena es como vivir en una cápsula del tiempo”, dice al teléfono el ingeniero y prevencionista de riesgo Jorge Urquiola, nacido y criado en esta particular localidad, ubicada 200 kilómetros al noroeste de Antofagasta. Fue en ese lugar donde el “apruebo” obtuvo el segundo mayor nivel de apoyo del país (91,20%), un resultado que es aún más llamativo si se considera que es la única comuna privada del país.

Todo ocurrió en 1982, cuando el gobierno militar incluyó el pueblo -creado en 1926 por la Anglo Chilean Consolidated Nitrate durante la fiebre del salitre- en el proceso de privatización de Soquimich, que tenía entre sus propiedades estos terrenos que en 1979 se habían transformado en municipio. “Vivimos en una comuna que es privada. No es la misma realidad que la del resto de los chilenos. El acceso a la vivienda acá es un problema, porque no podemos optar a proyectos de urbanización. No podemos postular a tener una vivienda en nuestra comuna”, cuenta Urquiola.

Mientras hace una pausa en sus labores como trabajadora social de la escuela D-133, Kissy Troncoso señala que en María Elena todas las casas son iguales. “Tienen las mismas características, no como en otros lugares donde la gente hace las viviendas como estime conveniente”. Ella explica que con el tiempo han surgido algunas diferencias en la medida que crecen las familias y levantan alguna habitación adicional. “Todas se hacen con material ligero, con cosas que encuentran tiradas en la pampa”, agrega.

Vivimos en una comuna que es privada. No es la misma realidad que la del resto de los chilenos. El acceso a la vivienda acá es un problema, porque no podemos optar a proyectos de urbanización. No podemos postular a tener una vivienda en nuestra comuna

Jorge Urquiola

La escasez de viviendas ha aumentado también por varios proyectos de energía solar que se han instalado en torno a la localidad de 6.814 habitantes. “El problema de ser comuna privada es que los dineros del gobierno, como proyectos Serviu, no llegan y todo debe pasar por SQM. Me imagino que mantener el campamento debe tener un alto costo, entonces creo que quieren aburrir a la gente para que se vaya, pero siempre llega más, sobre todo, extranjeros”, opina Troncoso.

“Para los pampinos, esta es nuestra tierra, la última salitrera del mundo. Muchas personas quieren quedarse y morir acá, ser enterradas en nuestro cementerio, pero estas no son nuestras casas, son de SQM”, explica Songel Aracena. Esta dirigente vecinal recuerda que al inicio de la pandemia quisieron bloquear los accesos a la comuna, y el alcalde Omar Norambuena solicitó varias veces que las autoridades decretaran cuarentena, pero eso nunca pasó. “SQM no nos dejó. Es como si ellos fueran dueños de las piedras, de todo lo que pisamos. Nos gustaría que se terminara eso, que pudiéramos ser libres y la Constitución es el camino”, dice Aracena.

En la localidad recuerdan lo que ocurrió con Pedro de Valdivia, otra oficina salitrera que cerró sus puertas en 1996 y temen correr esa suerte. “Hemos vivido demasiados años al alero de SQM y mucha gente tiene miedo de tener que irse porque al final para el pampino, y así lo sentí yo siendo pequeña cuando cerraron Pedro de Valdivia, es como un exilio, te exilian de tu tierra”, explica Aracena. Ella se refiere a una situación que se seguía dando hace algunos años: si alguien no trabajaba en SQM corría el riesgo de quedar sin casa y tener que irse, pero hoy la compañía arrienda propiedades cobrando también luz y agua. Algo de lo que se queja Álex Lambert, prevencionista de riesgo del municipio que explica que las casas están en paupérrimas condiciones, ya que nunca fueron reparadas tras el terremoto de 2007. “Las personas están aburridas de eso. Quieren que de una vez por todas este terreno sea fiscal y se pueda armar un casco nuevo con casas Serviu. Esa es la bandera que tiene el pampino en la nueva Constitución”, comenta.

Las personas están aburridas de eso. Quieren que de una vez por todas este terreno sea fiscal y se pueda armar un casco nuevo con casas Serviu. Esa es la bandera que tiene el pampino en la nueva Constitución

Alex Lambert

Lambert explica que esta es una comunidad donde se vota por las personas más que por colores políticos. Eso quizás explica por qué, a diferencia de Freirina o Mejillones, en María Elena la alta votación por el “apruebo” no fue fruto de la organización ni de campañas entre sus habitantes. “La comuna es tan pequeña que todos se conocen: un vecino conversa y comparte las problemáticas, lo habla en el mercado o en la escuela al ir a buscar a los niños. Ahí es donde uno empieza a conversar”, comenta Cristián Gallardo, estudiante de administración de empresas, sobre la votación que subió la participación electoral en la comuna en un 8,33%.

“Lo que pasa es que la gente conversa mucho y hay harto diálogo. Hay muchas juntas de vecinos y organizaciones culturales que participan activamente. Entonces ellos informan, les gusta participar”, comenta Urquiola, quien destaca que para el estallido social, esta fue una de las pocas comunas donde no hubo destrozos. “La gente fue bastante respetuosa. Hubo algunas manifestaciones artísticas y música en la Plaza de Armas, también marchas pacíficas”, añade.

“Lo que pedimos a gritos es ser parte de Chile. Somos comuna, pero no se nota. Nos ha costado tener una salud como todos los chilenos; acá no te puedes enfermar después de las 10 de la noche”, cuenta Aracena, aludiendo al consultorio comunal que cierra a esa hora y no tiene maternidad. “Si se te enferma un hijo de noche, tienes que tener plata porque SQM tiene un hospital, que era el de María Elena, pero funciona como una clínica privada donde se atienden sus trabajadores”, dice al referirse a un centro de salud donde en caso de que un vecino no tenga previsión el municipio se hace cargo de su cuenta.

“La esperanza de la comuna es que pueda ir alguien de acá a formar parte de la mesa constituyente y dar a conocer nuestra situación”, explica Troncoso, aunque aclara que no han tenido ningún tipo de organización al respecto. Algo con lo que concuerda Songel Aracena, aclarando que no quieren que cierren el pequeño campamento: “No lo vamos a dejar tan fácil porque el pampino quizá estuvo dormido por muchas cosas, pero ahora que dicen que Chile despertó, quizás nosotros también despertamos”.

El 27 de octubre de 2019, el trabajador social y gestor cultural Manuel Tapia estaba en su casa de Plaza Ñuñoa, en Santiago, donde cursaba un posgrado. Veía en su computador un concurrido cabildo que se realizaba a más de 1.100 kilómetros, en la sede del sindicato de Estibadores de Mejillones, localidad de la Región de Antofagasta donde él nació y que el domingo pasado fue la única del país en estar tanto en la lista de las 10 comunas con mayor apoyo al “apruebo” (89,30%) como en la de mayor aumento en la participación electoral, con un salto del 11,37%.

“Ahí decidí volverme. Ver esas ganas, organización y convocatoria me hizo decir ‘tengo que estar allá’”, recuerda Tapia, quien viajó al norte al día siguiente. “Cuando llegué me encontré con que ya había una asamblea de jóvenes autoconvocada y un cabildo ciudadano autoconvocado también”, señala. Por esos días, la organización se hacía presente en esta comuna, ubicada en una de las llamadas zonas de sacrificio, con la realización de seis cabildos participativos separados por temáticas como medioambiente, deporte, cultura, empleo, salud o territorio.

“Es súper relevante el trabajo que se hizo previo al plebiscito; eso se reflejó en las urnas”, indica Horacio Fredes, parte del movimiento Despierta Mejillones y la Asociación de Turismo local, quien recuerda que en las asambleas y cabildos generalmente la temática derivaba a la zona de sacrificio. “Siempre había cuestionamientos o la conversación se iba hacia el lado medioambiental por parte de la comunidad. La gente se iba informando y en base a eso me imagino se votó por el ‘apruebo’”, apunta.

Siempre (en los cabildos) había cuestionamientos o la conversación se iba hacia el lado medioambiental por parte de la comunidad. La gente se iba informando y en base a eso me imagino se votó por el ‘apruebo’

Horacio Fredes, parte del movimiento Despierta Mejillones y la Asociación de Turismo local.

Los cabildos contaron con abogados y asistentes sociales para hablar del tema constituyente. “Mi rol fue explicar la importancia de la Constitución en la vida de las personas. Trabajamos varios que normalmente no trabajamos juntos. Como dicen, nos miramos a la cara después de tanto tiempo”, cuenta el abogado Nicolás Bribbo, quien agrega que los resultados de los cabildos se transformaron en un petitorio que luego fue entregado simbólicamente en la Intendencia Regional en Antofagasta, después de que un grupo de vecinos caminara toda la noche desde Mejillones.

En la comuna se habla de un cambio profundo en esta comunidad de 13 mil habitantes. Marcela Sepúlveda, una de las organizadoras de la única olla común que hay desde el inicio de la pandemia, cuenta que “este era un pueblo súper callado, súper sometido al sistema. Pero en un año la gente ha cambiado mucho, se volvió súper sociable, ahora nos saludamos. Hay gente de la que tú no tenías idea y es súper consciente de lo que está pasando. Este pueblo despertó”. Esta sorpresa aumenta pensando en los conflictos generacionales que provoca la industria dentro de la comunidad. “La gente tenía temor, porque se da mucho que el papá trabaja en una empresa que contamina y sus hijos están trabajando en el movimiento medioambientalista tratando de cerrar esa empresa, entonces hay una disyuntiva familiar”, apunta Tapia.

Justamente el barrio industrial y sus ocho plantas termoeléctricas son objeto de gran parte de las discusiones. “Hace un tiempo queríamos que se cerrara, pero hoy sabemos que eso es imposible. Hemos cambiado el petitorio y hoy pedimos más regulación sobre las empresas, que mejoren las tecnologías de funcionamiento y que el sector privado aporte al desarrollo local”, cuenta Tapia. Mientras que Fredes cree que el tema también pasa por el abandono que sufre la localidad. “Las autoridades no se han dado cuenta de que la comuna no tiene un plan de desarrollo comunitario actualizado, ya que el nuestro está vencido desde 2018. No hay plan de desarrollo turístico y el plan regulador se actualizó por última vez en 2013”.

De cara al futuro del proceso constituyente, dicen que hay muchos interesados en participar, pero lejos de los políticos. “Hay una resistencia de la gente a afiliarse a partidos por algo obvio: están muy mal mirados y se han hecho una mala imagen ellos mismos”, comenta Fredes, quien dice que de todas maneras el objetivo es que al menos un mejillonino logre un escaño como constituyente o que haya alguno a nombre de las zonas de sacrificio.

Christian Rojas, uno de los gestores del Cabildo Mejillones, dice que ya están conversando por grupos de WhatsApp para coordinar y lograr posicionar al menos a una o dos personas locales que puedan mostrar la visión de la comuna. “Somos el patio trasero de la minería. Esperamos que se considere la ecología para renovar a pueblos pequeños como Mejillones, que fueron arrasados por la industrialización, pero nunca les llegó la tajada que siempre esperaron. Continuamos con el mismo hospital, la misma tenencia y sólo nos construyeron una escuela. Terminamos mirando cómo se reparten la torta”, opina.

En la comunidad están confiados en la manera en que ha logrado articularse su movimiento medioambientalista. Un ejemplo es que el mismo Fredes junto a otros mejilloninos fueron invitados el año pasado al Congreso a exponer sobre la contaminación en su comunidad. “Tras el estallido, el cabildo de Mejillones se ha articulado con otros cabildos de comunas como Antofagasta, Calama y Tocopilla”, cuenta Tapia. Además, tienen vínculos con otras organizaciones, como la ONG FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente), el movimiento Chao Pescao o la alianza Chao Carbón, que agrupa a organizaciones territoriales de distintas zonas de sacrificio del país.

Bribbo asegura que ya le han propuesto que se lance como constituyente representando a Mejillones, pero que es algo que aún está en estudio con el resto del movimiento local. Mientras que Marcela Sepúlveda cree que es la hora de que los políticos les tiendan una mano para lograr conseguir los cupos y postularse: “Tenemos contacto con hartos partidos que vinieron para la campaña del ‘apruebo’. Espero que aparezcan ahora que nosotros necesitamos de ellos, porque antes eran ellos los que nos necesitaban”.