El fallecimiento del chileno Felipe Santander en Brasil a causa de fiebre amarilla trajo nuevamente al primer plano el tema de la antivacunación, postura que en un principio se pensó que habría sido por un asunto "ideológico", aunque posteriormente se aclaró que en absoluto tenía relación con las personas que deciden no vacunarse a ellos o a sus hijos.
Pero más allá del hecho mismo, es claro que el debate en torno al tema resurge cada cierto tiempo. Aunque desde 1978 Chile cuenta con un programa ampliado de inmunizaciones para recién nacidos y niños, la cobertura ha descendido notoriamente, pasando de un 98,3% en 2014 a un 85,5% en 2015 en el caso de la tuberculosis, siendo las regiones de Los Ríos y Atacama con los promedios más bajos del país. El programa de inoculación funciona a través de los vacunatorios públicos y privados que están en contacto con las Seremis de Salud de cada región, con cifras estimadas de la población a vacunar anualmente de 1.650.000 personas, aunque la campaña de influenza es un caso especial, con casi 4.500.000 personas.
Uno de los primeros casos conocidos ocurrió en 2012, cuando Desiree Becerra se negó a vacunar a su hija y el Servicio de Salud de Talcahuano interpuso un recurso de protección a favor de la niña de entonces cinco meses, alegando que no vacunarla atentaba contra su salud. Finalmente la Corte Suprema confirmó que la menor debe ser vacunada, con el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición.
"Lo que yo tengo claro es que no existe ley que obligue a vacunar, existen decretos pero no pueden pasar por encima de la Constitución y el Artículo 19 que garantiza el derecho a la vida, la libertad de conciencia y el derecho a la protección de la salud", señalaba por entonces Desiree, que posteriormente se convirtió en una de las fundadoras del movimiento "Libertad de vacunación para un Chile Democrático", que con 11.511 miembros en su cuenta de Facebook, dice "desaprobar la imposición de una cosmovisión de la medicina tradicional, así como también de acciones medicas obligatorias sin consentimiento de padres y pacientes", argumentando su postura en base a "la libertad de elegir cómo queremos cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, cómo queremos formarlos, y la calidad de vida que procuramos para ello".
Así, en el muro del grupo es posible ver información de blogs sobre los supuestos efectos adversos de la vacunación en los niños, consejos sobre qué hacer si los niños son obligados a vacunarse,
historias de padres y muchas teorías de conspiración.
Entre los riesgos de no vacunarse se cuentan enfermedades como difteria, tos ferina, tétanos y sarampión podrían resurgir, siendo el mayor problema el hecho que muchos médicos jóvenes no han visto o diagnosticado estas enfermedades y sólo la conocen por los libros, sin casos clínicos prácticos.
El origen
En 1998, el médico británico Andrew Wakefield publicó una investigación donde, tras examinar a 12 niños autistas, determinó un vínculo entre la enfermedad y la vacuna que protege a los humanos contra el sarampión, rubeola y paperas. A pesar de los cuestionamientos de la comunidad científica por lo pequeño de la muestra, el estudio causó gran polémica en el país, y los casos de vacunación descendieron de un 92% a un 85%, dando como resultado un nuevo brote de sarampión.
Posteriormente y con el objetivo de confirmar el polémico estudio, varios científicos intentaron replicar el experimento de un modo mucho más riguroso y con un muestreo más amplio, sin resultados. Ya en 2004, los cosutores de la investigación retiraron su nombre del artículo original y la revista científica que publicó el artículo, rectificó la información y cuestionó el estudio, retiráandolo de sus archivos en 2010.
No fue la única consecuencia. También en 2010, el Consejo General Médico del Reino Unido prohibió a Andrew Wakefield ejercer su profesión debido a su irresponsabilidad, mientras que al año siguiente y luego de siete años de investigación, el British Medical Journal reveló que tanto el médico como el centro hospitalario donde trabajaba habían estado envueltos en un plan que tenía como objetivo obtener beneficios económicos a causa del escándalo. La idea era desarrollar vacunas que reemplazaran a las originales, además de un método de diagnóstico de la "enterocolitis autística" (enfermedad inventada en el artículo fraudulento) y otros productos que en total cifraban 40 millones de dólares sólo en el Reino Unido y EE.UU.; todo con el apoyo de un abogado del movimiento antivacunas de nombre Richard Barr, quien financió algunos trabajos del médico y cuya meta era demandar a las farmacéuticas.
Por otro lado, la investigación reveló que Wakefield rechazó financiamiento para realizar el mismo estudio pero con 150 pacientes, dejando en claro que más allá del artículo fraudulento, en ningún momento tuvo la intención de confirmar sus resultados.
Sin embargo y a pesar de las contundentes pruebas, el daño ya estaba hecho y Wakefield se erigió como un líder entre el naciente movimiento mundial contra las vacunas, con celebridades como Jim Carrey y Ophrah Winfrey entregando su apoyo, lo que no sólo aumentó los seguidores de esta tendencia, sino también incrementó los casos de paperas, sarampión y rubeola en Estados Unidos. Diez años después, más de 5 mil padres de niños autistas demandaron al estado señalando que la vacuna antes mencionada era parte de una conspiración que involucraba al Gobierno y las empresas farmacéuticas. Actualmente, la investigación de Wakefield está considerada como uno de los mayores engaños de la historia de la ciencia y el hecho que los primeros síntomas del autismo sean detectados en la misma época en que los niños reciben la vacuna, más allá de una simple coincidencia ha sido tomada como bandera de lucha por miles de personas que actualmente, deciden no vacunar a sus hijos.
