Aunque se podría pensar que las escuelas deben promover el uso de las bibliotecas en sus alumnos, hoy en día eso no se aplica en todos lados.
Es el caso de algunos colegios del estado de Florida, en Estados Unidos, donde pilas de libros permanecen escondidos para que los estudiantes no puedan acceder a ellos. La medida que se ha tomado ha sido tan drástica que algunos libros han sido cubiertos con cartulina y materiales similares. O simplemente, los han puesto en cajas.
Sea cual sea la forma, el único objetivo es que los estudiantes no puedan ver ni leer el material educativo por ningún motivo. Hasta ahora, algunos de los condados más afectados con esta medida son Manatee y Duval.
¿Por qué está sucediendo esto? En breve, lo anterior se debe al inicio de la vigencia de la ley House Bill 1467, aprobada en julio de 2022 y que comenzó a funcionar en enero de este año.
Según se lee en el proyecto de la legislación, con esto se busca que los colegios sean más transparentes en cuanto a las decisiones de escoger los materiales educativos para los alumnos. También tenía por objetivo que los padres pudieran controlar los libros de instrucción que se les entregan los niños y niñas en las aulas.
Cuando se firmó la ley, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, aseguró que “en Florida, nuestros padres tienen todo el derecho de participar en la educación de sus hijos. No vamos a permitir que los políticos nieguen a los padres el derecho a saber lo que se enseña en nuestras escuelas. Estoy orgulloso de firmar esta legislación que garantiza la transparencia del plan de estudios”.
Lo que esconde la ley
Desde que salió a la luz su aprobación, algunos han señalado que corresponde a una forma de censurar por parte de los sectores más conservadores hacia lo que ellos denominan la ideología “woke” (despertar, en español). En breve, este concepto se usa para referirse a aquellas personas que están alerta de las desigualdades sociales y políticas, por ejemplo, el racismo.
En el caso del gobernador Ron de Santis —quien por estos días también se está perfilando como un posible rival a la candidatura presidencial de Donald Trump—, él ha declarado públicamente ser un férreo opositor a esta eventual “ideología”.
En particular, el gobernador ha rechazado que en las escuelas se enseñe sobre temáticas vinculadas a la comunidad LGBTIQ+, feminismo o la historia negra en Estados Unidos.
“Rechazamos la ideología woke. Combatimos el woke en la legislatura, combatimos el woke en los colegios, combatimos el woke en las empresas. Nunca jamás nos rendiremos a la gente woke. Florida es donde el woke va a morir”, expresó DeSantis en un discurso en noviembre de 2022.
Qué podría suceder si alguien infringe la legislación
Otros detalles que explicita la ley House Bill 1467 es que los materiales educativos que hay en las bibliotecas deben estar exentos de pornografía y deben ser idóneos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, así como también según su capacidad de comprensión.
Al mismo tiempo, los bibliotecarios o las personas involucradas en seleccionar el material que se utilizará dentro de las escuelas deben completar un programa de capacitación en línea, impartido por el Departamento de Educación de Florida.
Pero esto no es tan sencillo como suena. En diciembre de 2022, el Departamento de Educación de Florida afirmó que la ley operaría para las estanterías que los profesores tienen dentro de las salas.
Pat Barber, presidenta de la Asociación Educativa de Manatee, explicó a BBC que “el distrito escolar intentó colocar esas bibliotecas del aula en una situación de cumplimiento de la norma, por lo que pidieron a los maestros que no dieran acceso a los alumnos a las mismas hasta que todos los libros hubieran sido aprobados por el especialista en medios”.
Para el profesor de historia de la escuela secundaria de Manatee, Don Falls, la selección de los libros que podrían estar disponibles para los estudiantes es tremendamente difícil. “Si tiene muchos libros como yo, probablemente varios cientos, no es práctico pasarlos todos por (el proceso de investigación) de modo que tenemos que taparlos”, comentó al diario Herald-Tribune.
A esas dificultades se suman los riesgos a los que se enfrentan los educadores si la autoridad considera que ellos brindaron material inapropiado a los alumnos. En tal caso, podrían llegar a recibir desde sanciones menores hasta a arriesgar penas de cárcel.
“Dar pornografía a un menor es considerado como un delito grave de tercer grado (castigado con hasta cinco años de cárcel), por lo que existe la amenaza de violar la ley”, explica Pat Barber.
Debido a lo anterior, agrega que “es una gran preocupación que un maestro sea acusado de violar esta ley. No de que la violen, sino incluso simplemente de que sean acusados de hacerlo”.
Tal como señala Barber, otra de las incógnitas de esta medida radica en qué es lo que se considera como material inapropiado según la autoridad. Además, esto también impacta en las decisiones que toman los profesores al momento de impartir sus asignaturas.
“Ningún maestro tiene pornografía en la biblioteca de su salón, por lo que hacer toda esa revisión y quitar estas decisiones de las manos de los profesores, que han recibido un entrenamiento riguroso para determinar qué es apropiado para sus estudiantes, es algo muy perturbador”, dice.
