Matthew Hahn recuerda perfectamente el 20 de agosto pasado. Ese día, conducía de vuelta a su hogar a través de las montañas de California cuando, de pronto, se topó con uno de los más de siete mil incendios forestales que ya han arrasado la región durante el 2020. Entre las llamas y el humo, este hombre de 39 años escuchó varios sonidos que le eran familiares: motores de sierras que operaban sin cesar y órdenes gritadas a todo pulmón por las cuadrillas de bomberos. Hahn trabaja como electricista, pero hace algunos años era uno de los miles de reos que California entrena y despliega para combatir los cada vez más comunes y catastróficos incendios forestales. El calor sofocante y el fuego que parecía envolverlo todo también hizo que Hahn reviviera otra realidad, una que hoy está generando una batalla en torno a los derechos civiles y la reinserción de esos presos: “Al ir a los campamentos de entrenamiento, la mayoría sabe que no va a poder convertirse en bombero cuando salga de la cárcel. Están resignados a ese hecho, pero aún así participan porque es el mejor lugar para cumplir una condena en California. Sé que muchos estarían felices de volverse bomberos tras ser liberados, si es que esa fuera una opción más accesible”, cuenta Hahn a Tendencias.
El ex reo, quien estuvo tras las rejas por una serie de robos en casas y terminó su período de libertad condicional en 2013, señala precisamente que los bomberos convictos han recibido mucha atención en los últimos años, especialmente en California donde las temporadas de incendios forestales se vuelven cada vez más severas y destructivas. Mientras el año pasado las llamas arrasaron con unas 105 mil hectáreas y provocaron cinco muertes, en lo que va de este año ya han quemado cerca de 650 mil hectáreas y dejan un saldo de más de 30 fallecidos. Esta semana la crisis volvió a hacer noticia luego de que el llamado Glass Fire obligara a la evacuación de más de 70 mil personas en el famoso valle viñatero de Napa. En ese dantesco panorama, explica Hahn, la conversación en torno a los reos que combaten esos siniestros se ha enfocado en dos temas: “Uno es que los bomberos que están en la cárcel son esclavos modernos a los que no se les paga lo que corresponde por su labor. Segundo, que para ellos es casi imposible hallar trabajo en ese rubro cuando salen de prisión”.
El origen de este sistema se remonta a mediados del siglo pasado, cuando la II Guerra Mundial redujo de manera importante la fuerza de trabajo disponible y California decidió usar reos para combatir los siniestros forestales. El primer campamento de entrenamiento para bomberos convictos se creó en 1946, en Rainbow, recinto que en 1983 se dedicaría sólo a la preparación de reclusas. Hoy existen 43 de esas instalaciones repartidas por todo el estado, las cuales son operadas por el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR) y el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (Cal Fire). Los reos recluidos por crímenes como homicidio, violación e incendios intencionales no son elegibles para ser aceptados en este programa voluntario: los participantes deben estar al menos a cinco años de terminar su sentencia, tienen que superar una evaluación sicológica y reciben una reducción de dos días en su condena por cada jornada que permanezcan realizando labores en los campamentos.
“Fui porque quería irme antes a casa y deseaba vivir fuera de las paredes de la prisión, en la naturaleza, con buena comida”, comenta Hahn, quien gracias a esta labor logró adelantar su salida en 18 meses.
Rasheed Lockheart (42) relata una historia similar. El 30 de enero fue un hito para este hombre que, salvo una breve pausa cuando tenía 24 años, permaneció en prisión desde que era un quinceañero. Ese día salió de la famosa cárcel de San Quintín tras completar 18 de los 24 años de reclusión, producto de un robo a mano armada agravado por ofensas anteriores. Mientras estuvo preso, Lockheart recibió entrenamiento como bombero y también acondicionamiento físico: “Nos presentamos como voluntarios. Necesitamos ser entrenados para poder combatir incendios. También nos reducen las condenas. Queremos hacer este trabajo, pero el asunto es que el estado nos usa como mano de obra barata. Yo me inscribí porque quería cumplir mi reclusión de manera distinta”, señala a Tendencias.
Las cuadrillas de reos, conformadas en su mayoría por afroamericanos y latinos, suelen ser las primeras en ser desplegadas cuando algún incendio amenaza bosques y propiedades. Divididos en equipos de 17 personas, supervisadas por algún capitán de Cal Fire o un oficial correccional, realizan tareas críticas y peligrosas como usar sierras, palas y hachas para fabricar cortafuegos que eviten el avance de las llamas hacia las casas. Cuando no hay incendios activos, sus labores incluyen remover árboles caídos para reducir el peligro de fuego, hacer mantención en parques y rellenar sacos de arena para ser usados contra potenciales inundaciones. De acuerdo con el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California, esos hombres y mujeres reciben entre dos a cinco dólares por día de trabajo más un dólar por hora -menos de ochocientos pesos chilenos- cuando están combatiendo incendios. En comparación, según el Institute for Justice –una ONG que se dedica a prestar ayuda legal a ex convictos- los bomberos regulares en California ganan unos 74 mil dólares al año más una serie de beneficios. “Nos explotan porque los bomberos que están presos le ahorran al estado casi 100 millones de dólares al año”, señala Rasheed Lockheart, dato que ha sido corroborado por voceros del propio CDCR.
Más allá del tema salarial, al salir de la cárcel los reos ya entrenados en el combate de las llamas enfrentan una serie de trabas para seguir una carrera que cada vez resulta más esencial en California. Además de barreras informales como la reticencia a contratar ex convictos, existen otras bastante concretas: por ejemplo, quienes postulan a trabajos de tiempo completo en los departamentos de bomberos municipales deben contar con una certificación específica conocida como EMT, la cual los habilita para prestar atenciones básicas como revisar la presión sanguínea, administrar oxígeno y realizar resucitación cardiopulmonar. Las normas vigentes en California señalan que cualquier persona que haya cumplido una condena está impedida por diez años de postular a la obtención de ese documento. Si el historial criminal muestra más de una sentencia, la prohibición es de por vida.
“Si el estado va a entrenar gente en prisión para combatir incendios, y si esas mismas personas son libres de presentarse como voluntarios o trabajar por temporadas en la lucha contra siniestros cuando son liberados, no tiene sentido evitar que combatan estos desastres a tiempo completo negándoles la certificación EMT”, señala a Tendencias el abogado Joshua House, miembro de Institute for Justice. Romarilyn Ralston , quien en 2011 obtuvo su libertad tras cumplir 23 años de cárcel y hoy dirige un proyecto educacional para ex convictos en la Universidad Estatal de California en Fullerton, manifestó una opinión similar en el periódico Sacramento Bee: “Al parecer está bien explotar el trabajo de los bomberos encarcelados mediante sueldos de esclavos, pero una vez que te liberan y has pagado tu deuda con la sociedad, como suele decirse, y aún teniendo estos talentos de alto nivel para combatir un incendio forestal, de alguna manera no puedes hacer esa labor”.
Hombres de naranja
Denise Boiselle no logró dormir la noche en que el llamado Valley Fire se desató a unos cientos de metros de su casa en Jamul, condado de San Diego. Era la madrugada del domingo 6 de septiembre y la mujer permaneció en el porche de su hogar, observando y escuchando a los bomberos que combatían el fuego. Ella sabía que los trajes de color naranja que divisaba entre las llamas no correspondían a bomberos regulares, sino que identificaban a los miembros de las cuadrillas de reos que intentaban frenar el avance del incendio. “Operaban como una máquina bien aceitada. Era impresionante. Se adentraron directamente en el fuego”, relató Denise al diario San Diego Tribune.
Matthew Hahn aún recuerda la reacción de las personas cuando veían trabajar a su equipo. Su primer gran incendio ocurrió el 2009 en Santa Bárbara y, mientras él y sus compañeros bajaban extenuados por una montaña, los residentes del sector estaban a un costado del camino alentándolos y mostrándoles carteles que decían “¡Gracias, bomberos!”. Para él, ese fue un momento de redención: “Se sintió bien recibir esa gratitud tras estar tantos años en prisión. Diría que es extraño ser llamado un héroe mientras estás preso, porque ser un reo por tanto tiempo hace que uno se sienta menos que el resto, como si uno no mereciera ser reconocido o no fuera digno de cualquier tipo de gratitud por parte de la sociedad”. Aunque al salir de la cárcel decidió no perseguir una carrera como bombero profesional, fue ese orgullo el que lo llevó a reaccionar tras ver el incendio del pasado 20 de agosto: en su cuenta de Twitter publicó que era un ex bombero preparado para combatir incendios forestales y que estaba dispuesto a colaborar donde lo necesitaran.
Varios ex convictos lo contactaron para prestar ayuda, pero varios enfrentaban una traba muy distinta a no tener una certificación particular: estaban sometidos a regímenes de libertad condicional que restringían su capacidad de desplazamiento. Finalmente, Hahn se unió a miembros de la comunidad en Bonny Doon: “Se rehusaban a evacuar y decidieron quedarse a salvar sus casas. Fui aceptado con los brazos abiertos, pero no eran bomberos. Técnicamente, no se suponía que estuviéramos ahí, pero no había ningún bombero cerca, así que nosotros combatimos las llamas”. Esta emergencia lo llevó a escribir la siguiente reflexión en el portal Marshall Project, una organización informativa sin fines de lucro que cubre temas sobre el sistema judicial norteamericano: “Los contribuyentes han pagado miles de dólares para que las personas en prisión sean entrenadas como bomberos, para que tomen parte en desastres como los que están ocurriendo ahora. Y están sentadas en sus casas. La temporada de incendios se está alargando. Los incendios son cada vez más grandes. Necesitamos más gente”.
Antes del coronavirus, California albergaba cerca de tres mil hombres, mujeres y ofensores juveniles en sus centros de entrenamiento, conocidos formalmente como “campamentos de conservación”. De ellos, cerca de dos tercios estaban entrenados para combatir incendios, mientras los demás actuaban en roles de apoyo. Debido a la pandemia –que llevó a las autoridades a dejar salir a muchos presos para evitar brotes en la población penal- y al régimen normal de liberación, a mediados de septiembre sólo había 1.845 internos en los campamentos. De ellos, apenas 1.263 están preparados como bomberos. Una carencia que podría resultar cada vez más crítica, ya que según un estudio publicado hace algunos días por la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, el cambio climático sólo está empeorando los incendios en California: entre 1979 y 2019 el número de días de otoño con condiciones para incendios forestales extremos se duplicó en ese estado.
Rasheed Lockheart conoce de cerca esta carencia de mano de obra, pero señala que, pese a su experiencia, intentar conseguir un trabajo como bombero tras salir libre habría sido demasiado complejo. Cuando era un reo estaba asignado a una estación de bomberos similar a las que se ven en una ciudad y su primera emergencia fue un incendio estructural. “Era el ingeniero en uno de los carros. En ese siniestro sólo me encargué de proveer el agua, pero nuestra técnica fue inmaculada. Tenía una cuadrilla de tres hombres que incluía un capitán y desde que nos llamaron hasta que apagamos las llamas tardamos sólo 14 minutos. Esa sensación de propósito, camaradería y orgullo fue diferente a cualquier otra cosa que había sentido en mi vida”, señala. Sin embargo, decidió que al salir no seguiría esa carrera producto de exigencias como la certificación EMT por parte de algunos departamentos de bomberos y la renuencia de otras instituciones forestales a contratar ex convictos: “Tengo 42 años y estoy intentando restablecer mi vida desde cero. Si hubiera logrado que mi servicio contara como un aprendizaje formal, podría haber iniciado alguna postulación inmediatamente, pero como no era así me habría tomado dos a tres años optar sólo para un trabajo temporal”, afirma Lockheart, quien en prisión también aprendió jardinería y hoy trabaja para Plant Justice, una organización que educa a ex presos en temas como cultivos autosustentables.
La lucha legal
Normas como las que rigen la entrega de la certificación EMT a personas con historial criminal son comunes en Estados Unidos: hoy existen unos 15.000 estatutos similares que limitan las opciones de estas personas para obtener licencias que dan accesos a trabajos tan disímiles como barbero y entrenador de atletismo. De hecho, el Institute for Justice representa a dos mujeres de Pennsylvania que no pueden trabajar como esteticistas debido a sus antecedentes penales. Esa misma organización impulsa otra acción que se ha vuelto icónica: una demanda federal por parte del ex convicto Dario Gurrola contra la Autoridad de Servicios Médicos de Emergencia de California y Northern California EMS.
Este hombre de 38 años vive en Alturas, una pequeña ciudad californiana cercana al límite con Oregon, y recibió entrenamiento como bombero cuando fue un recluso juvenil. En 2003, cuando tenía 22 años, fue condenado por portar un puñal oculto. Dos años después volvió a caer en la cárcel por atacar a un guardia de seguridad. Fue liberado en 2011 y desde entonces se ha convertido en un bombero completamente entrenado, con docenas de certificaciones y una extensa experiencia combatiendo incendios de manera temporal en instituciones como Cal Fire y el Servicio Forestal de EE.UU. Incluso aprobó un examen ante el Registro Nacional de Técnicos Médicos de Emergencia, el cual muestra que puede realizar resucitación cardiopulmonar o administrar oxígeno. Sin embargo, sus dos estadías en la cárcel lo inhabilitan de por vida para obtener la licencia EMT requerida por los 900 departamentos municipales de bomberos californianos para ser contratado a tiempo completo en esas instituciones: el año pasado Northern California EMS le rechazó la certificación debido a su pasado criminal y tras apelar le volvió a ser negada.
“Este debate sobre la gente que está en custodia y combate incendios y su acceso a la certificación EMT es parte de una discusión mayor en torno a la reforma de la justicia criminal. Uno de cada 12 americanos tiene alguna condena por una felonía. Y cada año el gobierno crea nuevas felonías. Esta sobre criminalización crea un sistema donde pequeños errores, cometidos incluso durante la juventud, pueden crear una vida de estigmas y oportunidades denegadas. Estados Unidos es una tierra de segundas oportunidades, pero aquellos que han cometido algún crimen a menudo no tienen acceso a ellas”, señala Joshua House, abogado del Institute for Justice. El profesional comenta que Dario Gurrola no ha reincidido en una década y que no deberían existir tantas barreras para la certificación EMT: “Es bastante básica. No te da permiso para manejar una ambulancia o entrar a las casas. Simplemente, establece que eres capaz de prestar soporte vital simple y primeros auxilios. Muchas otras carreras la usan; por ejemplo, quienes trabajan como guías outdoor o asistentes en gimnasios. No hay una buena razón para evitar que gente calificada la obtenga sólo porque cometieron algún delito en su pasado”.
Stephen Slivinski, investigador del Centro para el Estudio de la Libertad Económica en la Universidad Estatal de Arizona, y quien ha analizado cómo estas barreras contribuyen a la reincidencia de los ex reos, señala a Tendencias que la única razón por la que “a estos bomberos se les prohíbe obtener una licencia obedece a leyes de ‘buen carácter moral’ que evitan que aquellos con un historial criminal entren a esa profesión, aun cuando tengan los talentos necesarios”. El economista agrega que estas leyes no sólo han probado ser incapaces de aumentar la seguridad pública, sino que son más propensas a llevar a los reos de vuelta a una vida delictual: “Todo lo que hacen estas normas es dejar afuera a nuevos trabajadores a expensas de una potencial y exitosa reintegración de ex prisioneros que simplemente anhelan una segunda oportunidad”. De hecho, según el CDCR, el índice de reincidencia de quienes han estado en cuadrillas antiincendios es del 50%.
Hoy existen algunas organizaciones sin fines de lucro como Forestry and Fire Recruitment –creada en 2014 por dos ex convictos que se conocieron combatiendo incendios- que ayudan a los ex reos a especializarse, con el fin de conseguir trabajos en Cal Fire y otras instituciones estatales que no requieren la certificación EMT. Aun así, la tarea no es fácil, más aún para alguien con antecedentes: Cal Fire recibe entre 2.500 y 3.000 postulaciones para los trabajos que requiere cada temporada de incendios y sólo un 10 por ciento son aceptadas. Matthew Hahn explica que aquí entra en juego un factor anexo a los impedimentos legales: “El estigma de tener una condena. Mucha gente postula para ser bomberos. ¿Por qué los departamentos contratarían a gente con antecedentes cuando hay candidatos que no los tienen?”.
Por ahora hay algo de esperanza en la norma AB 2147, firmada el pasado 11 de septiembre por el gobernador californiano Gavin Newsom. La reforma, que se convertirá en ley estatal el 1 de enero de 2021, permitirá que quienes prestaron servicios en los campos de entrenamiento borren sus antecedentes al ser liberados, lo que removería gran parte de los obstáculos que enfrentan al buscar trabajo. Sin embargo, Joshua House explica que según esa norma sus clientes “aún tendrían que solicitar ante una corte que se eliminen sus registros, frente a lo cual un juez tiene el poder discrecional de negarse”. Ante este cambio, Rasheed Lockheart indica que su esperanza a futuro es que “los bomberos encarcelados consigan una igualdad de salarios para que cuando sean liberados tengan mejores opciones de sobrevivir mientras intentan postular a algún departamento contra incendios”.
