El Congreso dio este jueves luz verde a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo ministro o ministra será nombrado durante el segundo semestre de este año, tras la promulgación de la ley, según confirmó el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel. "En los próximos meses estará definido o definida una vez que se promulgue la ley", dijo a La Tercera.
Tras el nombramiento del jefe o jefa de la cartera comenzará el trabajo de implementación del ministerio, el que estará operativo en 2019.
Según informó este medio, algunas de las cartas que maneja La Moneda, hasta ahora, son Mario Hamuy, Mónica Rubio, Álvaro Fischer y Hernán Cheyre. Estos tres últimos trabajaron en el programa presidencial de Sebastián Piñera.
Hamuy, quien es hoy presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), estuvo este jueves con Blumel y señaló que la creación de la cartera "no es el punto de llegada, sino que el punto de partida" para mejorar el estado de la ciencia en el país.
Una de las preocupaciones de la comunidad científica es lo poco que gasta Chile en ciencia. Según un informe de la Dipres de enero, el gasto país en esta área es de 0,36% del PIB, un porcentaje que se ha estancado la última década. Blumel explicó que los nuevos recursos se definirán cuando se inicié la discusión del presupuesto 2019. "Aquí, lo más importante, más que el presupuesto en sí mismo, es para qué queremos invertir en ciencia, cuáles son los objetivos que nos ponemos como país y en eso el ministerio va a ser una gran contribución, porque lo que va a hacer es definir las grandes políticas".
Controversia
Si bien la noticia de la creación del ministerio ha sido valorada transversalmente, existe inquietud por la forma en cómo quedó el artículo sobre propiedad intelectual, que establece que si la persona o institución que recibió recursos estatales y "logra comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial, deberá restituir el 100% de los fondos asignados, y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho de propiedad industrial".
Claudio Martínez, vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la U. de Santiago, explica que esta medida, en la práctica, es un desincentivo a la transferencia tecnológica, porque se impone un gravamen (5%) a quien compre la invención. "El Estado, al aplicar estas normas, está cambiando su carácter de un Estado que impulsa y fomenta la transferencia tecnológica a un Estado que está haciendo una inversión y que quiere ganar una retribución económica. Lo que necesita el país es fomento, porque tenemos que levantar el sistema de innovación, un sistema que está naciendo no podemos impulsarlo con un gravamen"
Blumel explica que el fin del artículo en cuestión establece una "alianza estratégica" entre los investigadores y el Estado. "Por un lado, el Estado promueve y financia la investigación y el conocimiento, pero también esa mano que aporta establece que si ese conocimiento es exitoso y produce beneficios y riqueza, se puede devolver al Estado para que pueda seguir financiando más proyectos de ciencia o abordar otros desafíos fundamentales para el país".
