El último condenado a muerte

El viernes 8 de enero de 1999, cuando el atardecer iluminaba las pocas casas de Santa Cruz, en la VI Región, Paula Camila (10) salió de su hogar a comprar un globo, ya que minutos antes se le había reventado el único que tenía mientras jugaba con su hermano menor. La niña, que caminó casi cinco cuadras por la calle Adriano Díaz, llegó a un precario quiosco dentro de la casa de Hugo Gómez Padua (54), un colombiano que vendía artículos de aseo, dulces y globos.

Con el pasar de las horas, la familia notó que Paula Camila no regresaba, por lo que pidieron ayuda a sus amigos y vecinos para buscarla. Uno de ellos contó que la vio comprando en el quiosco, pero que nunca salió de ese lugar. Al llegar donde Gómez Padua, el hermano menor de la niña vio el zapato de su hermana en el patio de tierra de la casa y avisó que ahí estaba. Esa imagen no la olvidó nunca más.

La familia llamó rápidamente a Carabineros, los que al ingresar a la casa vieron una escena que no dejó indiferente a nadie. Paula Camila había sido golpeada con un palo en la cabeza, violada, descuartizada en siete partes y enterrada en el mismo patio. Todo el pueblo quedó conmocionado con la situación, generando una rabia colectiva que exigía un solo destino para el autor del crimen: pena de muerte.

Carlos Muñoz, vecino de la familia, logró reunir más de cinco mil firmas que exigían a las autoridades el fusilamiento de Gómez Padua. "La delincuencia es una plaga y las plagas hay que eliminarlas", comentó a un diario local de aquella época. "Mi hija era una niña tranquila, no pasaba en la calle, al contrario, era muy hogareña. Salió a comprar unos minutos y encontró la muerte de esa forma tan terrible. ¿Quién merece eso?", reflexiona hoy María Jesús Galdames, mamá de la menor.

El 12 de mayo de 2000, Gómez Padua fue condenado a muerte, pero la fecha exacta de su ejecución dependía de muchos factores, como por ejemplo, que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema lo sentenciaran, y que después el Ejecutivo decidiera si se aplicaba el indulto presidencial, que, en este caso, estaba en manos del entonces mandatario Ricardo Lagos.

Mientras el colombiano esperaba encarcelado, en 2001 Chile abolió la pena de muerte, por lo tanto, la justicia cambió el dictamen de Gómez Padua al presidio perpetuo que se aplicaba hasta el momento de su condena. En ese entonces, la norma que existía permitía optar a la libertad condicional tras 20 años de prisión si es que la persona cumplía requisitos como buena conducta. El próximo año, el colombiano podría optar al beneficio. De esta forma, Gómez Padua evitó pararse frente al paredón al igual que otro homicida, el chileno Luis Carrasco Mardones, quien también en 1999 mató a una menor y fue sentenciado a muerte. Carrasco falleció tras las rejas en 2006 (ver recuadro).

En 1999, María Jesús Galdames también estuvo entre las cinco mil personas que firmaron la petición por su hija. Sin embargo, a 19 años del crimen, su opinión sobre la pena de muerte ha cambiado, incluso teniendo en cuenta que el autor del asesinato pueda salir en libertad. "En ese momento tenía pena, rabia y dolor. Si me lo ponían en frente, lo mataba", recuerda.

¿Aún desea la pena de muerte para Gómez Padua?

Han pasado varios años, pero mis heridas nunca sanarán. Lo que viví es algo que no olvidaré. Mi familia y amigos también me han preguntado lo mismo, les explico mi situación y la respuesta es siempre la misma: no.

Desde que Chile volvió a la democracia, bajo el mandato del ex presidente Patricio Aylwin, se comenzó a discutir la eliminación de la pena de muerte instaurada desde 1875. El debate se centró en el derecho a la vida y a la rehabilitación de los delincuentes, versus el derecho de la sociedad a protegerse de los criminales que cometieran delitos como robo con homicidio, homicidio calificado, asalto con homicidio, homicidio con incendio y homicidio con violación, considerados como los más graves. También se puso en duda si esta medida servía para persuadir a otros potenciales criminales de cometer los mismos delitos.

Finalmente, fue derogada en junio de 2001, a través de la promulgación de la Ley 19.734, bajo el mandato del ex presidente Ricardo Lagos, quien a partir de entonces la reemplazó por el presidio perpetuo en dos modalidades. Según la normativa actual, recién después de 20 o 40 años de reclusión efectiva —dependiendo si la condena es simple o calificada— la persona puede optar a la libertad condicional.

Una de las opciones que tenían los condenados antes de la derogación era el indulto presidencial, donde el mandatario reemplazaba la pena de muerte por el presidio perpetuo de ese entonces. Uno de los casos más recordados es el de Cupertino Andaur, quien en 1992 violó y asesinó al menor de nueve años Víctor Zamorano Jones. "La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Sólo Dios da la vida, sólo Dios puede quitarla", dijo en 1996 el entonces presidente Eduardo Frei en una cadena nacional en la que anunció el indulto a Andaur.

Hoy la pena de muerte ha vuelto a tener protagonismo debido al caso de Sophie, una menor de un año y 11 meses que presuntamente fue abusada sexualmente y asesinada por su padre en Puerto Montt. El hecho congregó a miles de personas para marchar y comenzar la campaña de "Ley Sophie", que busca crear un proyecto de ley que endurezca aún más las penas de cárcel para los violadores y asesinos de menores de edad. Incluso, la muerte de Sophie hizo que un grupo de diputados UDI le enviara una carta al presidente electo, Sebastián Piñera, en la que le pedían convocar un plebiscito sobre el tema, iniciativa que Jaime Bellolio —parlamentario de la misma colectividad— calificó en radio Cooperativa como "incoherente" para un sector que se manifiesta a "favor de la vida".

La última encuesta Cadem reveló que el 65 por ciento de la población chilena dice estar de acuerdo en que se restablezca la pena de muerte para los delitos más graves como un asesinato (ver recuadro). Sin embargo, Chile se suscribió en 1969 a la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyas cláusulas no permiten restablecer la pena capital una vez que haya sido abolida. Hoy existen tres países de Latinoamérica, Cuba, Jamaica y Guyana, que aún tienen vigente la sentencia a muerte para delitos comunes.

Después del crimen cometido por Gómez Padua, mucha gente de Santa Cruz quedó expectante a lo que sucedía con el caso, incluso se reunían en las calles para verlo entrar a los juicios. Adriana Zala, profesora de lenguaje de la menor asesinada de la Escuela N°4, recuerda que varias veces vio como la gente de la misma localidad golpeaba al asesino en las afueras del Segundo Juzgado del Crimen. "Estaba todo rasguñado en su cara, la gente quería quemarlo vivo en la plaza. Todos tenían un gran odio hacia él", cuenta. En esa época, el diario El Rancagüino publicó que la gente gritaba "maten a la bestia, sáquenlo para hacer justicia con nuestras propias manos".

Además, el odio hacia el inculpado se incrementó cuando se comprobó que no era la primera vez que cometía un delito de este tipo. En 1975 había asesinado a una menor de siete años de la misma forma en Colombia. En esa ocasión fue condenado a 21 años de cárcel, pero sólo cumplió una pena de 15 años y llegó a Chile.

El funeral de Paula Camila se realizó en el Cementerio Parroquial de Santa Cruz, donde llegaron miles de personas. La profesora aún recuerda un poema que leyó a su alumna: "Tu familia, amistades y los que te queremos deseamos que el tiempo no pase en vano y pedimos como hermanos que se castigue fuertemente al que nos hizo tanto daño. Santa Cruz y la patria entera están consternados por lo sucedido y solicitamos a todas las autoridades que nos apoyen y que no nos dejen al olvido".

Ahí también estuvo presente el ex diputado Rafael Arratia (DC), quien entonces apoyaba la pena de muerte: "No queremos que la mano le tiemble al juez ni a la autoridad cuando tengan que legislar al respecto", dijo en ese entonces en el diario El Rancagüino. Hoy Arratia piensa lo contrario: "Uno va evolucionando y tengo derecho a cambiar. No soy partidario de la pena de muerte, pero sí de que las penas sean reales y efectivas para los delincuentes. De la misma manera que un criminal tiene derecho a defensa, las personas agredidas, asaltadas y violadas también tienen derecho a justicia. Eso hoy no se está cumpliendo", comenta.

El crimen de Santa Cruz generó un debate político, donde parlamentarios apoyaron la pena de muerte, mientras otros se negaban y sólo pedían cadena perpetua. Uno de ellos fue el ex senador Rafael Moreno (DC), quien comentó en esa época que "como cristiano siempre he dicho que la vida no la doy ni la quito y, por lo tanto, en eso seré consecuente y por muy repudiable que sea la acción, yo haré todo lo posible para que lo sequen en la cárcel, pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte". Hoy, y con la polémica reciente, mantiene su postura y asegura que casos como el de Sophie no justifican venganzas, represalias o que se crea que la pena de muerte logre persuadir a los delincuentes de cometer delitos. "Si pensamos que cualquiera puede tomar la vida de otro, estamos creando dentro de nuestra sociedad un principio pernicioso del cual hay que arrepentirse", afirma.

La defensa de Gómez Padua en tribunales tampoco fue fácil de solucionar, porque muchos abogados se negaron a asumirla debido a la magnitud del crimen. "Se excusaban porque era un caso espeluznante, además había que defenderlo de la pena de muerte. Nadie quería hacerlo", recuerda la abogada Visitación Carrillo, quien tomó el caso por encontrarse de turno. Carrillo tuvo que entrevistar al asesino y recuerda que su actitud era muy fría. "Él reconocía el delito y su participación. También decía que merecía la pena de muerte. Me pidió donar sus órganos si llegaban a matarlo, en compensación por lo que había hecho", relata.

La actitud resignada de Gómez Padua sorprendió a la abogada, pero aún así ella admite que no había muchas opciones para defenderlo en tribunales. Por eso, en un escrito de sólo cinco líneas se limitó a pedir una pena mínima, lo que le ganó una amonestación de la fiscalía y del Colegio de Abogados, que la acusaron de no esforzarse más por defender al colombiano. "¿Qué más se podía hacer? Estaba todo claro, no podía decir que era inocente y tampoco apelar que no tenemos derecho a terminar con su vida, porque ese mismo ser humano tampoco tenía derecho a terminar con la vida de la niña", agrega.

El tribunal decidió anular su defensa y cambiar el abogado para Gómez Padua. Carrillo hace un mea culpa de su actitud de esa época y asegura que si el caso fuese hoy, la gente volvería a pedir la pena de muerte. "Ese año yo había sido mamá y tenía depresión postparto, entonces saber cómo este hombre había violado y descuartizado a una menor me afectó mucho. Eso me jugó en contra y no tuve la mente fría para poder elaborar una buena defensa", reconoce.

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Imagen de Gómez Padua acompañado de funcionarios de Gendarmería, al momento de su ingreso a la cárcel de Santa Cruz. Publicación del diario La Tercera, el 12 de enero de 1999.

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Uno de los primeros jueces que sentenció a pena de muerte a Gómez Padua fue Mauricio Silva, pero su fallo fue anulado por considerarse vaga la defensa que la abogada Carrillo había presentado. El caso lo asumió la jueza María Angélica Mulatti, que dictó la misma condena. "Apliqué la pena de muerte porque consideré que fue un crimen atroz, al igual que el caso de Sophie. Ha sido el más terrible que he visto en mi vida", dice Mulatti. Era la primera vez que la jueza de Santa Cruz aplicaba ese dictamen: "Interiormente fue muy complejo porque dices 'quién soy yo para decretar que se le quite la vida a una persona', pero la legislación me lo permitía. Si este crimen no merecía la pena de muerte, no podía imaginar otra condena".

Desde su instauración jurídica en 1875, la pena de muerte fue aplicada en 58 personas y la mayoría se realizó a manos de un pelotón de fusilamiento de Gendarmería. El último ocurrió en enero de 1985, con los carabineros Carlos Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, también conocidos como los "sicópatas de Viña del Mar", autores de diez homicidios y cuatro violaciones. En la ejecución estuvo presente Sebastián (su nombre ha sido cambiado), actual jubilado de Gendarmería. En caso de haberse concretado la muerte de Gómez Padua, él también tendría que haberlo presenciado. "Es una experiencia muy traumática. La pena de muerte también afecta a los funcionarios", dice.

En el fusilamiento de los sicópatas, recuerda Sebastián, se llamó a ocho gendarmes voluntarios, de los cuales sólo llegaron cuatro. El resto tuvo que ser obligado a participar. "No te podías negar ni decir algún comentario", relata. Según el ex gendarme, dos personas dispararon fuera del blanco, lo que dejó agonizando a uno de los sentenciados. Si los médicos confirmaban que seguía vivo, el oficial del pelotón tenía que darle el tiro de gracia. Sebastián recuerda que finalmente se confirmó la muerte de ambos condenados, por lo que miró al oficial y vio cómo su rostro se aliviaba al no tener que usar su arma. "Él cambió mucho después de ese día, dormía mal y siempre lo recordaba. Nunca volvió a ser el mismo", asegura.

Tras la abolición de la pena de muerte en 2001, a todos los sentenciados se les aplicó presidio perpetuo como nueva condena. El Ministerio de Justicia confirmó que sólo dos imputados habían sufrido este cambio: Hugo Gómez Padua y Luis Carrasco Mardones. Gómez Padua fue trasladado de Santa Cruz a Santiago, donde hoy cumple presidio perpetuo en Colina I y el próximo año podrá solicitar la libertad condicional. Uno de los últimos, y casi único, en visitarlo antes del traslado fue Jaime Oda, quien entonces era seremi de Justicia, y mientras revisaba las condiciones de las cárceles de la Sexta Región conversó con él. "Recuerdo que su celda estaba llena de libros, sentí que estaba dedicado a estudiar. Me pareció un tipo muy especial para el crimen que había hecho", cuenta.

Oda asegura que retomar la pena de muerte sería un acto sin sentido. "El sentimiento no debe llevarse a la realidad, aunque cueste", sostiene y aconseja que se debieran aumentar las penas. Opinión que comparte la jueza Mulatti, quien señala que el país necesita sentencias más severas y no un sistema tan garantista. "Hay una gran diferencia entre los jueces antiguos, entre los que me encuentro yo, y los jueces modernos. Hay que dar señales de que existen penas severas. Falta más coherencia con los bienes jurídicos que estamos protegiendo", asevera.

Según cifras de Gendarmería, hasta el 31 de enero de este año hay un registro de 522 personas en Chile que cumplen la condena de presidio perpetuo (no especifica entre simple y calificado). De esa cifra, 166 han obtenido el beneficio de la libertad condicional, es decir, un 32 por ciento. Guillermo de la Barra, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidente de la comisión de libertades condicionales de 2017, dijo recientemente a La Tercera que "por lo bajo, en Chile una persona condenada a (cadena) perpetua calificada va a estar 40 años en la cárcel. Después recién pueden postular al beneficio, lo mismo para la perpetua simple. No significa que a los 20 años va a salir en libertad, sino que recién ahí podrá postular".

Hoy, María Jesús Galdames vive en Santiago y atiende un minimarket en Cerrillos. Cuenta que ha tratado de hacer una vida normal después de lo que le ocurrió a su hija Paula Camila. Aun así, todos los días le surge la misma pregunta: "¿Por qué me pasó esto a mí? Voy a partir de esta Tierra y nunca lo sabré", reflexiona.

¿Por qué no desea la pena de muerte para Gómez Padua?

Porque es dársela fácil, va a descansar sin sufrir en vida lo que mi hija sintió. Él tiene que pagar el daño que nos hizo.

¿Con qué condena estaría conforme?

Cadena perpetua, pero que nunca salga de la cárcel para hacer daño. Quizás nunca pagará lo que le hizo a mi familia, pero de alguna forma se puede remediar.

Galdames reconoce que estas últimas semanas han sido bastante fuertes para ella, en especial con los casos de Sophie y Emmelyn, quien fue raptada por varios días en Licantén, junto con saber que existe la posibilidad de que Gómez Padua opte a la libertad. "Él no tiene derecho a estar libre. Es una burla que le den la opción a un tipo que cometió dos veces el mismo delito", dice. "Haré todo lo que esté en mis manos para que no salga. Si es necesario ir a encadenarme a La Moneda, lo haré. Voy a luchar por los niños de Chile, para que nadie sufra lo que yo sufrí. Voy a luchar para que no olviden lo que pasó", agrega.

¿Cómo recuerdas a Paula Camila?

Mi hija siempre está presente, en todos lados. Para mí nunca creció, se quedó como una niñita de 10 años. Me ha costado aceptar que ya no está. Hace poco empecé a vivir con su recuerdo, pero siempre ha estado en mi corazón. A veces imagino que está aquí, conmigo.

RECUADROS

¿QUÉ PIDE LA LEY SOPHIE?

Este movimiento, organizado por Marcha x ellos y Fundación Infancia, pide que el presidio perpetuo calificado suba de 40 a 60 años, y que los condenados no puedan optar a ningún tipo de beneficio para rebajar sus penas. Además, quieren lograr un sistema de protección integral a nivel nacional y que haya ayuda sicológica a la familia de los niños que han sido vulnerados para ayudarlos a reinsertarse. Pero no están de acuerdo con el restablecimiento de la pena de muerte porque sería un retroceso para la sociedad.

Según Pablo Ortúzar, antropólogo social del Instituto de Estudios de la Sociedad, el fondo de la discusión entre quienes piden que se reinstaure está en si lo sagrado es la vida humana o la inocencia. "Si lo es la vida humana, no se puede disponer de ella, pero si lo es la inocencia, los culpables no merecen vivir", explica.

¿Cómo se justifica que, según Cadem, el 65% de la sociedad esté a favor de la pena de muerte si está comprobado que no tiene efectos disuasorios?

La pena de muerte fue abolida en Chile en un contexto en el cual, después de una dictadura que violó los derechos humanos, había una especial sensibilidad por el valor inalienable de la vida. Pero el tiempo pasa, los problemas cambian, los hechos se olvidan y las sensibilidades mutan. Estamos en un contexto que mezcla una alta desconfianza por las instituciones y una fuerte noción de soberanía individual. Entonces es obvio que la pena de muerte, que se mira como un remedio contra la supuesta inoperancia y corrupción institucional y que se justifica porque el criminal se ve como culpable de sus actos, reaparezca en el horizonte. A nadie parece importarle, por ejemplo, que la mitad de los presos haya pasado por el Sename. Esos niños le dan pena a todos porque son niños, pero cuando ya no lo son y hacen portonazos o cosas peores la gente pide su cabeza en una estaca porque ahora son "culpables".

EL OTRO CONDENADO

El 24 de marzo de 1999, en Cabrero, VIII Región, Luis Carrasco Mardones (38), asesinó a Sonia Andrea (15), hija de su conviviente. El hombre violó a la menor y la ahogó con la corbata del colegio. Luego la escondió bajo la cama donde dormía con su hermana gemela, siendo ella misma la que después la encontraría al volver de clases. Ese mismo año fue sentenciado a muerte por el Juzgado de Letras de Yumbel, y posteriormente, tras ser abolida la pena de muerte, cumplió su condena a cadena perpetua en la cárcel de Concepción. En el 2006 se suicidó en ese mismo lugar.