En plena madrugada del lunes, 24 de junio, los gritos y sonidos de golpes despertaron a los vecinos. Quienes pedían auxilio eran dos escorts brasileñas que habían arrendado un departamento a través de Airbnb en el piso siete de un edificio —ubicado en avenida Las Condes— para prestar sus servicios.
Sin embargo, cuatro venezolanos que estaban en la propiedad comenzaron a golpearlas. Después de que los agresores supieran que la policía estaba en camino, decidieron escapar “descolgándose” hacia abajo, según relataron los testigos a Las Últimas Noticias. Cuando llegaron al segundo piso, amenazaron al residente con un arma de fuego.
Los vecinos aseguraron sentir temor e inseguridad tras el hecho. Y es que en el edificio, hay distintos inmuebles que son arrendados por día a través de aplicaciones de ‘hotelería’ como Airbnb.
“Esta es la primera vez que ocurre algo así. Ya no nos sentimos seguros, sobre todo luego que ha quedado claro que ni las cámaras, ni las alarmas, ni el conserje, sirvieron para evitar esta intromisión donde hasta hubo armas de fuego”, le dijo al mismo medio Juan Pablo Pérez, un residente del lugar.
¿Qué pueden hacer los vecinos al respecto? ¿Hay alguna norma que prohíba el uso de Airbnb para estos fines?
El departamento en Las Condes que arrendaban para el comercio sexual
Según la página de Airbnb Chile, utilizar la aplicación para “visitas o citas para trabajos sexuales” y el “proxenetismo y obtención de servicios sexuales” está completamente prohibido.
No obstante, el mismo residente del edificio que registró problemas a raíz de dos escorts que arrendaban el departamento para esos fines, declaró que “en caso de robos, ataques o destrozos en el edificio, la aplicación no responde”.
La queja del hombre es que, aunque no tenga fines de comercio sexual, la plataforma permite el ir y venir de distintas personas que pondrían en riesgo a los vecinos establecidos en los departamentos a largo plazo.
“Es injusto que algunos propietarios ocupen sus departamentos para aplicaciones, ya que ponen en riesgo al resto de los vecinos, a los que elegimos este lugar para vivir, no para comerciar”, declaró.
No obstante, la abogada Adela Gómez de la Universidad Católica, aseguró al mismo medio que “quien debe responder ante la comunidad del edificio es el propietario de la unidad causante del problema, porque Airbnb es solo una plataforma en que se reúnen arrendatarios y arrendadores”.
La experta explicó que lo mejor que pueden hacer los vecinos que tienen problemas con un arrendatario o propietario es “unirse para cambiar el reglamento de copropiedad, prohibir esta práctica y permitir que el comité de administración aplique multas directamente”.
Sin embargo, en la práctica no es tan fácil: para lograr establecer un acuerdo, según la Ley de Copropiedad 21.442, se debe convocar una asamblea extraordinaria de mayoría absoluta y las modificaciones deben ser aprobadas por más de la mitad de los propietarios.
Después, esto debe ser inscrito ante un notario y un conservador de Bienes Raíces.
