El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional aborda las críticas por la lentitud en la tramitación de algunos casos que involucran dineros fiscales que fueron entregados de forma irregular a fundaciones. A 20 meses de que se abriera la primera arista del caso, insiste en que se investigará sin límite a todos los involucrados. Durante 2025, adelanta, esta megainvestigación entrará en su año clave y varias causas podrían llegar a juicio y otras nuevas aristas se llevarán ante tribunales.

A un año y ocho meses de que se iniciara la primera investigación que abrió la puerta a indagaciones por transferencias a fundaciones, el Ministerio Público suma una serie de resultados, aunque se adelanta que 2025 sería un año clave.

La iniciativa comenzó su diseño a fines de diciembre pasado, por instrucción del ministro Jaime Gajardo. Se identificaron recintos donde ocurrieron mayor número de episodios para, entre otras gestiones, disponer de más insumos para la clasificación y segmentación de la población penal. "Este es un desafío particularmente complejo y difícil", sostuvo el secretario de Estado.

El exsubsecretario del Interior vio frustradas sus gestiones -al menos por ahora- para recuperar su Clave Única. Esto, tras presentación de un recurso de Gendarmería, desde donde estimaron que acceder a un PC en Capitán Yáber no es necesario para concretar ese tipo de trámites. Además, sostienen, esto vulnera las condiciones de seguridad del recinto donde el imputado cumple prisión preventiva hace tres meses.

Para la jornada de este jueves está programado que la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revise el recurso de protección interpuesto por Fuerza Ciudadana. ¿Se mantendrá o no la jurisprudencia de “confianza legítima” que impuso el antecesor de Pérez?

El otrora precandidato presidencial por la Lista del Pueblo está formalizado y estuvo más de un año en prisión preventiva por lavado de activos, aunque no deja de insistir en que no cometió delito alguno. Esta semana salió de la cárcel, tras el pago de una cuantiosa fianza, y "disparó a mansalva" acusando un montaje similar al de "Operación Huracán". En entrevista con La Tercera, adelanta que está evaluando acciones judiciales para que el Estado responda por lo que denomina como una "prisión injusta".

Se indagó al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas. "No se han reunido antecedentes suficientes para formalizar", señaló al tribunal en un escrito el fiscal Cristian Aguilar.

De acuerdo con los registros, a dos años de la aprobación de la ley que creó la herramienta, el 96% de las personas que aparecen en los listados son hombres.

El Equipo de Casos Complejos de la Fiscalía Regional de Coquimbo oficiará al gobierno a fin de que remitan los antecedentes en base a los cuales se decidió contratar al abogado Jonatan Valenzuela. Asimismo, analiza si citará o no tanto al mencionado profesional como al propio Mandatario.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, valoró la determinación e insistió en que la parlamentaria junto a Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica se concertaron con miras a defraudar al Fisco para "fines políticos". Por su parte, la defensa recalcó que se trata de imputaciones falsas y confirmó que recurrirán ante la Corte Suprema, junto con cuestionar lo "rápido" que el tribunal de alzada resolvió la petición del Ministerio Público.

El fiscal Cristián Aguilar espera encausar a la parlamentaria como autora de tres delitos de fraude al Fisco. A su juicio, ella fue quien propició la firma de convenios con que se afectaron gravemente las arcas estatales.

El pasado 14 de enero, el organismo comandado por Raúl Letelier anunció que había decidido querellarse contra la parlamentaria por Antofagasta. En el escrito describen la serie de acciones que habría realizado con miras a que Democracia Viva lograra la suscripción de convenios con la Seremi de Vivienda y que estos se perpetuaran. A juicio de la entidad, tiene responsabilidad directa en el fraude al Fisco por el que también están imputados Daniel Andrade, Carlos Contreras y Paz Fuica. En su caso, como cómplice.

El titular de Justicia respaldó la labor de la Fiscalía chilena y afirmó que ante una eventual solicitud de extradición contra Diosdado Cabello por parte de la justicia chilena, "se debe cumplir la tramitación como las normas establecen”.

El abogado representante de la parlamentaria entregó una contestación de 47 páginas en donde resume los requerimientos, entrega antecedentes y solicita el oficio de entidades del Estado.

La comisión encabezada por Miguel Mellado (RN) envió, a principios de diciembre, un documento con 29 consultas al exsubsecretario.