¿Qué legitimidad tiene un ministro tan cuestionado como Montes, por acción o por omisión, para liderar un Ministerio que ha sido vulnerado gravemente por corrupción? ¿Qué confianza hay en las decisiones que éste pueda tomar hacia adelante en el plan de emergencia habitacional o en otras áreas, si no pudo advertir el grave escándalo que se urdía, supuestamente a sus espaldas?

¿Tenía sentido volver a abrir la discusión constituyente? ¿No había sido suficiente el payaseo de los convencionales y la propuesta de texto refundacional, divisorio y anti-chileno que promovió la izquierda radical y que el mismísimo Presidente Boric había defendido con uñas y dientes? A la luz de la incertidumbre del resultado de hoy, seguramente varios lo están pensando.

Ningún niño de 5 años debería morir en estas trágicas circunstancias y la comuna de residencia, la condición social o los privilegios de una familia no deberían ser el único seguro de vida frente a la violencia y la delincuencia que desbordan nuestra realidad nacional. Y en este contexto, el Estado cumple un rol fundamental, un rol que lamentablemente no está cumpliendo.

¿Cómo es posible que un fraude de estas proporciones se le haya pasado completamente a la Directora de Presupuestos? ¿De qué rumores hablan los testigos de la causa de Democracia Viva que le asignan a ella tener información sobre el caso? ¿Conocía ella a Daniel Andrade y qué tipo de comunicación tuvo con él durante este periodo? ¿Cuánto no sabemos del rol y responsabilidad de Martínez en estos hechos?