La discusión constitucional en la Comisión de Expertos ha avanzado hacia una noción de estado social, pero principalmente en los títulos. En el detalle, hemos visto cómo se cuela el mismo pensamiento que nos ha gobernado desde la recuperación de la democracia y que ha traído tantos problemas en el debate sobre la provisión de servicios claves, como la salud.

Para permitir que los partidos políticos sean verdaderos mecanismos de representación, es necesario que sean más convocantes y diversos. En el sistema actual, se premia la diferenciación y la fragmentación.

Es difícil que el gobierno pueda llevar adelante su agenda sin complicaciones y, lo que es más grave aún, cumplir con las expectativas de quienes lo eligieron. Como en cualquier relación por convivencia, lo que esperan los votantes son resultados concretos, no simbólicos.

Es cierto que una parte importante de la ciudadanía se ha ido retirando voluntariamente del proceso político desde el retorno a la democracia, y que esa tendencia se profundizó después de la incorporación del voto voluntario en 2013. Pero atribuirle homogeneidad a ese segmento no es consistente con lo poco que lo conocemos.

Hay quienes dudan que la estrategia de la lista única tenga buen pronóstico electoral. Hay un temor, no irracional, de que los votantes más moderados no quieran votar por una lista que incorpora al PC y a los sectores más extremos del FA. Además, la amenaza que plantean listas como las del PDG, los instan a actuar de forma estratégica. Otros opinan que el camino es el opuesto, que una estrategia de dos listas está destinada al fracaso.

La discusión de pensiones no puede, por cierto, centrarse en las preferencias actuales de la ciudadanía sobre los detalles del sistema, sobre todo con los bajos grados de información. Pero sí debiese atender a los anhelos que se expresan de forma clara: mayores pensiones, mayor justicia, reconocimiento del esfuerzo individual y de las labores de cuidado.

Ya no hay credibilidad de que esta tragedia vaya a terminar. Al contrario, pareciera que sólo queda la convicción de que la confianza ciudadana no puede caer más bajo (porque, efectivamente, está en el fondo) y que eso les da más tiempo para seguir pretendiendo que negocian.

Resulta sorprendente, y esperanzador, que el fracaso de la Convención Constitucional no haya afectado la necesidad de contar con un nuevo texto. Incluso, es interesante observar los grados de urgencia con que la ciudadanía pareciera mirar el proceso, muy a contrapelo de la demora que han tenido los actores políticos en resolver los mecanismos.

La sobrevivencia de nuestros sistemas democráticos en el largo plazo pasa, en mi opinión, por asegurar mejores mecanismos de representación, donde las expectativas de la ciudadanía tengan un correlato con la acción de los gobiernos.

El proceso constituyente puede haber fracasado en su primer intento, pero no nos podemos dar el lujo de dejarlo partir. El primer paso es que quienes, desde sus posiciones de poder, han actuado de forma estratégica (incluso intransigente) debiesen asumir que ese camino no conduce a nada.