Al mirar las críticas sobre la comisión propuesta por el gobierno, queda la duda de si sus detractores han hecho un mínimo trabajo de leer sus objetivos o de revisar el trabajo de sus miembros.

Este afán de crítica a sus antecesores es, precisamente, lo que explica la virulencia de las críticas que ha recibido la coalición oficialista en los últimos días. Su triunfo ha sido a costa de desbancar a toda una generación política bajo acusaciones de baja calidad moral.

Hay que notar que las acusaciones constitucionales son una gran performance. A pesar de contar con notables abogados de la plaza como defensores, la decisión está lejos de ser jurídica. El proceso es uno de apoyos políticos y negociaciones, donde la acusación se aprueba o se rechaza a partir de las simpatías que generan los acusados.

La Comisión Experta despachó su trabajo en los términos y el tono que se esperaba desde un principio. Incluso en aquellos temas donde no se logró acuerdo, hubo un intento por mantener un clima cordial y productivo. Se podría decir que fue una comisión de perdedores en términos individuales, pero exitoso en términos colectivos. Y ahí es precisamente donde se anticipa el primer punto débil del consejo electo.

La experiencia internacional no ha sido generosa con partidos como el Republicano cuando triunfan en las elecciones. Por el momento, tenemos que interpretar su voto más como una respuesta a un sistema democrático que no es capaz de ofrecer alternativas satisfactorias, que como un triunfo de valores ultraconservadores.

Si con la elección de Gabriel Boric se esperaba que el péndulo ideológico se mantendría en la izquierda, lo cierto es que no ha sido así en una serie de temas relevantes. El discurso en seguridad, por ejemplo, se mueve al ritmo de lo que proponen los sectores más reaccionarios de la ultraderecha. Lo mismo ha ocurrido con el debate sobre inmigración.

La discusión constitucional en la Comisión de Expertos ha avanzado hacia una noción de estado social, pero principalmente en los títulos. En el detalle, hemos visto cómo se cuela el mismo pensamiento que nos ha gobernado desde la recuperación de la democracia y que ha traído tantos problemas en el debate sobre la provisión de servicios claves, como la salud.

Para permitir que los partidos políticos sean verdaderos mecanismos de representación, es necesario que sean más convocantes y diversos. En el sistema actual, se premia la diferenciación y la fragmentación.

Es difícil que el gobierno pueda llevar adelante su agenda sin complicaciones y, lo que es más grave aún, cumplir con las expectativas de quienes lo eligieron. Como en cualquier relación por convivencia, lo que esperan los votantes son resultados concretos, no simbólicos.

Es cierto que una parte importante de la ciudadanía se ha ido retirando voluntariamente del proceso político desde el retorno a la democracia, y que esa tendencia se profundizó después de la incorporación del voto voluntario en 2013. Pero atribuirle homogeneidad a ese segmento no es consistente con lo poco que lo conocemos.

Hay quienes dudan que la estrategia de la lista única tenga buen pronóstico electoral. Hay un temor, no irracional, de que los votantes más moderados no quieran votar por una lista que incorpora al PC y a los sectores más extremos del FA. Además, la amenaza que plantean listas como las del PDG, los instan a actuar de forma estratégica. Otros opinan que el camino es el opuesto, que una estrategia de dos listas está destinada al fracaso.

La discusión de pensiones no puede, por cierto, centrarse en las preferencias actuales de la ciudadanía sobre los detalles del sistema, sobre todo con los bajos grados de información. Pero sí debiese atender a los anhelos que se expresan de forma clara: mayores pensiones, mayor justicia, reconocimiento del esfuerzo individual y de las labores de cuidado.