Sección: Podcast

El 2 de diciembre iba a comenzar una fiesta. La Conferencia de las Parte 25 iba a comenzar en Santiago de Chile y todo el país se estaba preparando para recibir a las delegaciones gubernamentales que vendrían a negociar un nuevo pacto ambiental para el planeta. Pero ya sabemos lo que pasó. El estallido y la crisis social, política y de seguridad pública en Chile significó que el país renunciara a ser sede, y que todo el evento fuera trasladado a Madrid. Aun así, Chile mantuvo la presidencia del evento, y el trabajo que un amplio y destacado grupo de científicos venía desarrollando en preparación de la cumbre será de todas formas aprovechado. ¿Qué rol tendrá Chile ahora en la Cop25?

La crisis de seguridad pública desatada desde el inicio del estallido social en Chile es un foco que permanece activo, desestabilizando la vida de miles de personas y la economía de todo el país. El grado de violencia y la extensión del problema preocupa a las autoridades, y la incapacidad para ponerle fin ha extendido la preocupación a varios sectores de la sociedad. Mientras el gobierno intenta sacar adelante una agenda legislativa de seguridad pública, busca en la oposición el respaldo para tomar medidas más drásticas. ¿Qué viabilidad y efectos pueden tener las leyes para enfrentar el problemas? ¿Qué armas tiene el gobierno y la clase política para hacerse cargo?

En Colombia saben lo que es estar en guerra contra un enemigo poderoso. El narcotráfico y la violencia de las FARC han marcado a generaciones de colombianos y muchas veces han llevado a su ciudadanía a manifestarse en las calles. Pero las razones por las cuales han salido desde el pasado jueves 21 de noviembre son otras. Ese día, un paro nacional marcó el inicio de una seguidilla de movilizaciones diarias, seguidas de episodios de violencia, vandalismo y acusaciones de represión policial. Parece un libreto conocido si lo leemos desde Chile, pero las manifestaciones que desafían al gobierno del derechista Iván Duque guardan diferencias importantes con el proceso chileno.

Desde el 18 de octubre, miembros de la policía chilena han cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones. Es parte de lo que consigna el informe de Human Rights Watch, que constata no sólo los abusos policiales (que comprenden también maltratos, abuso sexual y torturas durante la detención), sino además da cuenta de una insuficiente rendición de cuentas por parte de la policía a las autoridades y de las extenuantes condiciones de trabajo de los carabineros durante estas semanas de crisis. Human Rights Watch también hace recomendaciones como reformular Carabineros de manera urgente. La semana pasada, el informe de otra organización, Amnistía Internacional, fue enérgicamente rechazado por el gobierno e incluso por las Fuerzas Armadas. Esta vez, la recepción del gobierno fue radicalmente distinta. ¿En qué posición queda el gobierno frente a este informe? ¿Qué margen de acción tiene sobre Carabineros cuando el orden público sigue sin reestablecerse en las calles?

Fue anunciado con gran solemnidad, con discursos breves pero cargados de conciencia de estar en un momento histórico a las 2 y media de la madrugada de un viernes. Pero el celebrado acuerdo transversal firmado el 15 de noviembre en el ex Congreso Nacional tuvo una corta luna de miel. Las objeciones se hicieron sentir en la calle y también en parte del mundo político. Y de pronto, eso que parecía tan histórico como trascendente comenzó a verse, por lo menos, puesto en duda. ¿Quiénes están objetando el compromiso alcanzado por los partidos políticos? ¿Tendremos plebiscito en abril de 2020? ¿Está en peligro el acuerdo constitucional?

En más de un mes de crisis, emergencias, disputas y discusiones, dentro del Palacio de La Moneda ha quedado claro el segundo gobierno de Piñera comenzó a cerrarse la noche del viernes 18 de octubre. Ahora, los esfuerzos están puestos en lo que en el gobierno esperan que sea el tercer periodo: con un presidente forzado a cambiar y con el objetivo prioritario de proteger el llamado Acuerdo por la Paz que fija un itinerario constitucional para el Chile que viene. ¿Cómo ha vivido Sebastián Piñera la crisis más grave de la democracia chilena después del fin de la dictadura? ¿Qué plan tiene para lo que resta de su periodo?

Las bajas pensiones y la situación de los adultos mayores más pobres han sido unas de las demandas más claras en el estallido de un conflicto con muchas reivindicaciones. La madrugada del jueves el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a senadores oficialistas y de oposición acordaron una serie de medidas inmediatas que contemplan el aumento de la pensión básica solidaria y ayudas económicas en transporte público y medicamentos, entre otras. Pero a pocas horas de celebrado el trato, comenzaron a surgir los primeros detractores desde la oposición. ¿En qué consiste el acuerdo y cuál es el futuro de estas medidas ahora?

Bolivia vive su propia crisis social y política. Después de unas controvertidas elecciones en las que el presidente Evo Morales se declaró triunfador para un nuevo mandato en primera vuelta, un primer estallido social terminó por motivar su renuncia, acusando un Golpe de Estado. Con Morales partiendo a México, un segundo estallido, esta vez liderado por los partidarios del líder boliviano, agregó más inestabilidad y violencia a un escenario más que complejo. Ahora, mientras el gobierno interino liderado por la senadora Jeanine Añez intenta tomar el control y convocar a elecciones, el panorama en el país vecino es incierto. ¿Se acabó la era de Evo Morales o se fue para regresar? ¿Quiénes pretenden liderar a Bolivia ahora? ¿Fue Evo Morales removido por un golpe de Estado?

La expresión de la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe fue una de las postales de la madrugada del viernes pasado, cuando la mayoría de los partidos políticos anunciaron el acuerdo que sellaba el camino para un nuevo proceso constituyente. En la intensa negociación, la UDI se vio obligada a ceder hasta un punto que hasta hacía tres semanas era inimaginable. Ahora, el partido fundado por Jaime Guzmán debe transitar entre lo dogmático y lo pragmático para enfrentar el proceso electoral que viene. Todo, con la amenaza de un exmilitante por el flanco derecho: José Antonio Kast.

Una nueva Constitución y una consulta popular para decidir sobre una eventual Asamblea Constituyente. Era una lista de deseos corta pero ambiciosa, que particularmente un conglomerado político venía enarbolando desde hacía años: El Frente Amplio. Considerando que en el acuerdo político transversal anunciado la madrugada del viernes por la gran mayoría de los partidos y movimientos desde la derecha hasta la izquierda planteaba justamente eso, un observador externo podría haber esperado un carnaval en el Frente Amplio. Pero lo que sucedió fue lo contrario. ¿Por qué el acuerdo del viernes pasado tensionó tanto al Frente Amplio? ¿Qué puede pasar con ese bloque político en la campaña hacia el plebiscito de abril?

En las masivas movilizaciones desatadas en el país desde el 18 de octubre, llamó la atención la ausencia de banderas de partidos políticos. Pero también la presencia de las banderas de las principales barras de los equipos chilenos. En la estatua del General Baquedano, la Garra Blanca y Los de Abajo compartían espacio y regalaban imágenes que en un estadio serían impensables. Pero no fue su única figuración en la crisis socia. Su boicot al reinicio del campeonato profesional de fútbol en el país, con presiones y amenazas, comenzó a levantar suspicacias sobre su papel en las movilizaciones y en la violencia. La detención de un menor de 16 años en La Florida acusado por participar en el atentado incendiario en la Estación Metro Pedrero aumentó las sospechas cuando se reveló que el estudiante pertenecía a una facción de la barra de Colo colo. ¿Existe realmente una conexión entre las barras y la violencia de estas semanas? ¿Cuál ha sido históricamente la relación entre las barras y la política? ¿Qué papel han tenido las barras bravas en estas movilizaciones sociales?

Hace casi un mes, en el inicio de la crisis social y política que aún vivimos, varios alcaldes comenzaron a sacar la voz para interpretar las demandas populares. Al cabo de unas semanas, agrupados en la Asociación Chilena de Municipalidades, anunciaron la realización de un plebiscito sobre un cambio de constitución, sobre el procedimiento para avanzar en ese camino, y sobre las prioridades de la llamada agenda social. Ayer, antes de que el oficialismo y la oposición anunciaran un acuerdo sobre el mecanismo para crear la nueva Constitución, las municipalidades continuaban avanzando en su propia consulta popular, que debería realizarse el 7 de diciembre. ¿Qué futuro tiene el plebiscito comunal?

El martes fue una "intervención verbal". Ayer el Banco Central decidió intervenir para detener el aumento del dólar, que esta semana llegó al récord de $ 800. El propio banco dijo que el objeto de la medida es "mitigar eventuales tensiones" producidas por "los acontecimientos sociales recientes" combinadas con "la menor liquidez que usualmente se observa en la última etapa del año". El alza del dólar y su impacto en la economía es solo una de las consecuencias en este ámbito de la crisis derivada de lo ocurrido tras el estallido social y el inicio de la violencia el 18 de octubre. Ya después de tres semanas de movilizaciones, los mercados empiezan a acusar el golpe del frenazo de la actividad económica, de la caída de las inversiones, del desplome de las expectativas y del proyectado impacto en el empleo de los chilenos. ¿Cuánto está costando en lo inmediato esta crisis social, política y de seguridad pública? ¿Qué se proyecta que suceda? ¿Cómo se mide este impacto hasta ahora?