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El lunes 14 de octubre el Tribunal Supremo de España dictó una sentencia histórica. Condenó a nueve exlíderes y activistas catalanes por su actuación en las iniciativas independentistas de octubre de 2017. Los condenados recibieron sentencias que van entre 9 y 13 años de cárcel, por crímenes como sedición y malversación. Mientras, el expresidente catalán Carles Puidgemont, quien está en Bélgica, espera el resultado de la extradición solicitada por el gobierno español. Hace dos años era el principal actor tras el referendo y posterior declaración de independencia. Hoy, ve de lejos cómo quienes lo acompañaron en ese proceso son condenados a cárcel. Algunos los ven como rebeldes que intentaron romper la unidad de un país. Otros, como presos políticos, castigados por llevar adelante un proceso democrático. Las reacciones al fallo se hicieron sentir de inmediato en Barcelona y otras ciudades de Cataluña. Miles de manifestantes salieron a las calles, impidieron el funcionamiento del aeropuerto El Prat, cortaron carreteras y calles y se enfrentaron a las fuerzas policiales. Las protestas se han extendido toda esta semana y para mañana se espera una marcha multitudinaria en la capital catalana. En Madrid, en tanto, el gobierno del socialista Pedro Sánchez lidia con las presiones por tomar acciones más radicales y con su propia incertidumbre, enfrentado a unas próximas elecciones generales.

Fue una demanda laboral particular la terminó desatando una pugna inédita entre instituciones del Estado, que podría terminar incluso en una reforma constitucional. La tensión entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya estaba clara a principios de año, pero el texto de un fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal del país desató reacciones, críticas y acusaciones. Fue un "mensaje político" y una disputa sobre quién tiene la última palabra en materia de aplicación de la ley. De paso, volvió a poner en el centro de todo al ex presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz, y evidenció diferencias dentro del mismo tribunal. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde puede terminar este llamado "choque de trenes"?

Desde su origen, en la unión de los ríos Juncal y Blanco, en la cordillera de Los Andes, hasta su desembocadura en Concón, el río Aconcagua recorre 166 kilómetros. A lo largo, viven actualmente 730 mil personas. Desde hace siglos, diversas poblaciones se han establecido o movido en su entorno para encontrar ahí su fuente de subsistencia. Ya desde el siglo XVI se registran poblaciones. El río Aconcagua fue el corredor por donde pasó el Ejército Libertador, y el que hasta hace sólo unos años la gente seguía aprovechando para regar sus cultivos, alimentar a sus animales o simplemente subsistir. El panorama hoy es radicalmente distinto. El calentamiento global, la megasequía, el mal uso del agua que denuncian los pobladores y la poca fiscalización han disminuido el caudal del Aconcagua hasta transformarlo en algunos tramos en apenas un triste arroyo, o menos.

El presidente Lenin Moreno decidió trasladar las operaciones del ejecutivo desde Quito a Guayaquil para sortear lo que llamó un intento de golpe de Estado. En una semana de protestas, cinco civiles han muerto, 122 personas han resultado heridas, ocho policías han sido secuestrados por manifestantes y 766 personas han sido detenidas.

Desde hace tres años, crecientemente, la Tercera Sala de la Corte Suprema ha fallado en favor de una serie de pacientes o familiares de pacientes de enfermedades con tratamientos de alto costo. Acogiendo recursos de protección, el Tribunal ha ordenado al Estado financiar los medicamentos que pueden salvarle la vida a los recurrentes. Han establecido que el derecho constitucional a la vida está por encima de las limitaciones del presupuesto público. Estas últimas, sin embargo, existen. El Estado tiene una cantidad limitada de dinero para gastar en medicamentos. A veces, los números no dan. Y los pacientes que sufren enfermedades poco frecuentes (que no son un mercado masivo ni "atractivo") y necesitan medicamentos demasiado costosos, parecen condenados a morir. A veces los números no dan. A veces la gente está condenada a morir. A veces son niños. ¿Puede la Corte Suprema cambiar esa realidad? ¿Puede el Estado cumplir y, más aún, evitar que esto suceda?

Con este caso el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y la muerte de cientos de niños bajo el cuidado del Estado salió a la luz pública. Se metió en la gran lista de pendientes sobre los que las campañas políticas hicieron promesas, reformas y denuncias. Todo eso después de que Lissette Villa, una niña de 11 años, muriera a manos de quienes debían cuidarla en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, CREAD Galvarino, del Sename. Eso fue el 11 de abril de 2016. A fines de la semana pasada se conoció el informe final de la Contraloría, que determina las responsabilidades administrativas en este caso.Son las primeras sanciones, a las que se sumarán los castigos en el juicio penal contra quienes la Fiscalía acusa de ser culpables. El juicio oral comenzará en los próximos días. ¿Quiénes deben responder por la muerte de Lissette Villa? ¿Cómo está el Estado chileno, dos años y medio después, tratando a los niños a los que debe cuidar?

Las protestas en contra del sistema de pensiones han visibilizado desde hace algunos años el descontento de una gran parte de la población con las pensiones que reciben o recibirán, y con la manera en que se administran. Desde hace unas semanas, un nuevo frente se ha abierto: el judicial. Aunque decenas de casos han sido rechazados en diversas cortes, la decisión de un tribunal en Antofagasta de enviar el caso al Tribunal Constitucional elevó el tema a otro nivel e introdujo en el debate una variable nueva: la posibilidad de que un afiliado quiera retirar la totalidad de sus fondos acumulados, de una sola vez. Aunque la decisión del Tribunal Constitucional resulta evidentemente relevante, la estrategia judicial logró instalar el tema, en medio de la discusión de la reforma previsional. ¿Qué escenarios se abren ahora para el sistema de pensiones?

Este es el segundo capítulo de nuestra serie especial en torno al tema más importante y urgente del planeta: el calentamiento global. Según el Banco Mundial el 88% de la población de Chile vive en ciudades, lo que nos convierte en uno de los países más urbanizados del mundo. Eso es un problema. Y uno grande, si consideramos cómo hemos hecho ciudad, generalmente en contra de la naturaleza. ¿Cómo cambiar el enfoque? ¿Qué está pasando o debería estar pasando en nuestras ciudades para adaptarnos y en lo posible luchar contra los efectos del calentamiento global?

En tanto, la excandidata presidencial del conglomerado, Beatriz Sánchez, participó del encuentro pero no dio declaraciones a la prensa.

A fines de la semana pasada, Latam Airlines, una de las principales empresas chilenas, hizo noticia al sellar un negocio que la cambiará radicalmente. Se trata de el ingreso a la propiedad de la compañía de Delta Airlines, que comprará el 20% de la empresa a través de una oferta pública de acciones, por 1.900 millones de dólares. Además, Delta, la segunda aerolínea más grande de Estados Unidos y del mundo, invertirá otros 2 mil millones de dólares en comprar parte de la flota. Delta, ha estado adquiriendo participación en varias líneas aéreas del mundo: Ya tiene el 49% de Virgin Atlantic y también el 49% de Aeroméxico. Además tiene acuerdos comerciales con Air France-KLM, Korean Air, Virgin Australia y China Eastern. El negocio con Latam tendrá consecuencias importantes en el mercado continental, y de hecho comenzó a tenerlas de inmediato, al obligar a American Airlines, quien hasta ahora era socia de Latam, a reaccionar. Pero también se espera que tenga consecuencias a nivel de los consumidores y la manera en que las aerolíneas se relacionan con ellos, como por ejemplo los programas de fidelización de clientes a través de alianzas internacionales.

El fracaso de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el martes, no sólo salvó su permanencia en el gabinete. Además, sirvió para constatar el estado de las alianzas y pugnas políticas. Principalmente en la oposición, donde volvieron a comprobar que contar con una mayoría parlamentaria no garantiza ganar. ¿Cómo quedó la correlación de fuerzas políticas en la oposición? ¿Cómo podemos esperar que se unan o se dividan de cara a los próximos procesos electorales?

La creciente tensión entre el gobierno peruano y el parlamento de ese país reventó el lunes, cuando el Presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones para enero de 2020. La maniobra, haciendo uso de una facultad presidencial contemplada en la Constitución de 1993, desató una crisis institucional que hoy tiene a Perú con dos presidentes. Poco después del anuncio presidencial, el Congreso decidió suspender de su cargo a Martín Vizcarra y tomó juramento a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, ungida como "presidenta en funciones". Paralelamente, los jefes de las Fuerzas Armadas peruanas concurrían al palacio de gobierno para reafirmar su reconocimiento a Vizcarra como máxima autoridad del país. Se trata del último episodio de una crisis institucional marcada por la lucha de poder y cruzada por la causa de corrupción que ha sacudido a la política peruana: Odebrecht.

La semana pasada, la Corte Suprema escribió un capítulo más en la acontecida historia de un proyecto minero aún es incierto. A lo largo de la historia de Dominga, la institucionalidad ambiental chilena ha sido puesta a prueba, y los coletazos políticos de la tramitación del proyecto han incluído la caída de un subsecretario y dos ministros, en dos administraciones diferentes. Según el dictamen de la Corte Suprema, el caso debe volver al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que esta vez debe resolver sobre los temas de fondo, relativos al cumplimiento de la normativa ambiental vigente. ¿En qué se jugará ahora el futuro de Dominga? ¿Por qué este proyecto se ha transformado en uno de los casos más relevantes de los últimos años?

Durante las próximas semanas, a medida que se acerca la realización en Santiago del evento de política medioambiental más relevante del mundo, la COP 25, estaremos presentando una serie especial en torno al tema más importante y urgente del planeta: el calentamiento global. La edición de ayer de La Tercera Domingo estuvo íntegramente dedicada al Calentamiento Global, sus consecuencias y la lucha por mitigar sus efectos. Hoy destacamos dos historias de esa edición. Comenzamos en un lugar donde este problema se ha manifestado con especial dramatismo. Un pueblo amenazado en la región de Coquimbo. En Monte Patria, a aproximadamente 120 kilómetros de La Serena, viven un poco más de 30 mil habitantes. Más del 80 por ciento de su economía depende de la producción de la tierra. Por eso, la pérdida de más de dos mil hectáreas productivas como consecuencia del cambio climático ha tenido efectos devastadores.

Desde el turbulento inicio de la presidencia de Donald Trump, ha sido una palabra que se ha escuchado en los círculos políticos de Washington: impeachment. El juicio político que puede terminar en la destitución de un presidente. Pero representaba una demanda extrema del ala más progresista y menos pragmática del opositor Partido Demócrata, circunscrita a la investigación en torno a la eventual colusión de la campaña de Trump con Rusia en las elecciones de 2016. Todo eso cambió el martes pasado, cuando otro escándalo motivó a la jerarquía demócrata a iniciar formalmente el camino que podría llevar al impeachment. Al otro lado del Atlántico, otro líder controversial enfrenta un panorama complejo. Inéditamente desautorizado por la Corte Suprema Británica, el primer ministro Boris Johnson ha debido enfrentar al parlamento que, según la justicia, había suspendido ilegalmente. Su margen de acción para ejecutar el Brexit a su manera se ve ahora reducido, y su propia continuidad, cuestionada.