¿Pinochet fue Presidente? Los historiadores debaten sobre su legitimidad

Fue un debate arduo. El pasado martes 11 de julio, la Cámara de Diputados aprobó por 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones, una resolución que excluye la incorporación del general Augusto Pinochet en las reseñas de Presidentes de la República de la Biblioteca del Congreso. La iniciativa -propuesta por el PC y apoyada por Apruebo Dignidad- levantó gran polémica, entre quienes apoyaron la idea, y quienes la rechazaron (como el Partido Republicano).

La iniciativa señala: “Rechaza la incorporación de Augusto Pinochet en las reseñas de presidentes de la República de la Biblioteca del Congreso, definiéndolo como militar y político y como régimen autoritario a la dictadura. Y solicita el retiro de dicha reseña de la colección de presidentes”. Y agrega: “A los 50 años del golpe de Estado no nos podemos permitir versiones ‘soft’ de quienes fueran los perpetradores y responsables de una política de exterminio, tortura y desaparición contra civiles”.

Más allá de las tensiones propias de los debates en los mullidos asientos del Congreso, y en vista a los 50 años del golpe de Estado en que justamente Pinochet asumió el poder tras derrocar al mandatario en ejercicio, Salvador Allende, en Culto consultamos a un grupo de historiadores -que han investigado el siglo XX-: ¿Tiene legitimidad histórica llamar Presidente a Augusto Pinochet?

La historiadora María Elisa Fernández, académica de la Universidad de Chile, argumenta ampliando la discusión a otros casos: “Creo que Pinochet no fue Presidente legítimo. Es un tema para discutir. Si se considera Presidente a cualquier persona electa con mayoría -absoluta o relativa-, en ese caso, no debería estar Carlos Ibáñez, dictador entre 1927 y 1931. Si hiciéramos ese mismo ejercicio en Bolivia, en cada golpe de Estado cada militar que asumía se autonombraba Presidente. En el Congreso en La Paz hay 10 paredes llenas de nombres de los presidentes. Y si uno ve cuánto rato duraron: 1 año, o 5 días, 6 meses, la verdad da risa, eso me llamó mucho la atención”.

“En nuestro caso, con pocos golpes de Estado, es una problemática. Pinochet era quien presidía la Junta de Gobierno, ¿cómo pasó a Presidente? Solamente por la Constitución del 80. Pero no puede ser que una Constitución te de el rango de Presidente que entrega la democracia. Según la Constitución del 25, era todo aquel electo con mayoría absoluta o relativa, pero Pinochet tuvo que hacer una carta constitucional para que se le reconociera. Ibáñez, si hubiera seguido esa Constitución, no debería estar como Presidente de la República”.

El historiador Igor Goicovic, de la USACH, señala: “No corresponde que Augusto Pinochet Ugarte esté consignado en el listado de reseñas que distinguen a los Presidentes de la República. La condición que lo identifica es la de dictador, no la de Presidente de la República. Su llegada al poder fue por medio de un sangriento golpe de Estado, que depuso a un gobernante (Salvador Allende), democráticamente electo. Asumió el cargo de Presidente de la República mediante un Decreto Ley (N° 806, de 17 de diciembre de 1974), promulgado por él y por quienes lo acompañaron en la asonada golpista de 1973, es decir, José Merino Castro (comandante en jefe de la Armada), Gustavo Leigh Guzmán (comandante en jefe de la Fuerza Aérea) y Cesar Mendoza Durán (General Director de Carabineros de Chile). La condición de Presidente de la República, tanto en las leyes federales de 1826, como en las constituciones políticas de 1828, 1833 y 1925, se obtenía por sufragio. Y este, evidentemente, no es el caso de Pinochet”.

Al igual, que Fernández, Goicovic también pone el acento en otros nombres: “No obstante, muchos de quienes accedieron a la condición de Presidentes de la República en Chile carecen, también, de la legitimidad política suficiente. Los gobiernos conservadores del ciclo 1831-1871, fueron electos en un sistema electoral censitario, que solo reconocía la ciudadanía a quienes acreditaban un patrimonio. Mientras que los Presidentes de la República del ciclo 1871-1952 mantuvieron la exclusión de las mujeres. Los analfabetos, por su parte, que constituyeron un grupo relevante de la población hasta la década de 1960, solo fueron reconocidos como sujetos de derechos electorales en 1970. Es decir, ningún Presidente de la República, hasta la elección de Salvador Allende en septiembre de 1970, fue electo bajo un régimen de voto universal”.

“Por otro lado, Presidentes de la República, como José Joaquín Prieto (1831-1841), Jorge Montt (1891-1896), Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) o Juan Esteban Montero (1931-1932), accedieron al cargo después de sangrientas guerras civiles (Prieto y Montt), de asonadas golpistas (Ibáñez) o inestabilidad política (Montero). Es evidente, entonces, que la trayectoria institucional del país se edificó sobre la base de los intereses de clase de los grupos dirigentes, la exclusión sistemática de los pobres y las mujeres y, en no pocas ocasiones, apoyándose en la fuerza de las armas. Si Pinochet debe estar en una lista de reseñas biográficas esa debe ser la lista de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”.

Joaquín Fernández Abara, historiador de la Universidad Finis Terrae, señala: “En primer lugar, es necesario partir el debate distinguiendo los hechos históricos de la legitimidad que les atribuimos con el tiempo. Tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 el poder fue asumido por la Junta de Gobierno. En junio de 1974 asumió el cargo de Jefe Supremo de la Nación y en diciembre de dicho año la Presidencia de la República. Se trata de nombramientos que no fueron realizados por elecciones populares. El 11 de septiembre de 1980 se realizó un plebiscito nacional que aprobó la nueva constitución, la que permitió a Pinochet continuar en la presidencia por 8 años más con posibilidad de reelección. Dicho plebiscito, ha sido esgrimido como argumento para legitimar la calidad de presidente de Pinochet. Sin embargo, dicho plebiscito no tuvo las mínimas garantías de transparencia, entre otras cosas porque no existían registros electorales, los que habían sido destruidos por orden la Junta al comenzar el Régimen y no hubo voluntad de crear registros nuevos. En este sentido no me parece que se pueda considerar ‘legítima’ la presidencia de Pinochet, más aún cuando en nuestra historia republicana nos hemos atenido a un régimen representativo”, señala categórico Fernández Abara.

Sin embargo, muestra un matiz respecto a la resolución tomada por la Cámara: “En todo caso, dado que la Biblioteca del Congreso y especialmente los recursos que ofrece en su página web es una fuente de consulta para parlamentarios, investigadores, estudiantes público general, considero necesario que exista información sobre el período, que se diga que en su período fue nombrado Presidente, pero que su legitimidad como tal ha sido cuestionada . Defender los valores democráticos y tener y hacer explícita una perspectiva sobre la legitimidad de un gobierno o un período histórico es perfectamente compatible con no borrar la historia por incómoda que esta sea”.

Un punto de discrepancia lo marca el historiador Cristóbal García-Huidobro, académico de la facultad de Derecho de la USACH. “Yo creo que es indiscutible que Augusto Pinochet tuvo el tratamiento y cargo de Presidente de la República, por lo menos desde 1974. De hecho, cuando se le detuvo en Londres, en 1998, la Cámara de los Lores tuvo eso en consideración para calcular el tiempo en que había sido presidente y ver en qué momento se le podía considerar como culpable de haber violado la Convención contra la Tortura. Pinochet fue jefe de la Junta Militar de Gobierno, luego, Jefe Supremo de la Nación, y después, en 1974, se convirtió en Presidente de la República. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema ya despejado. Fue Presidente de la República”.

Además, García-Huidobro también pone el ojo en otros casos que pueden dar para discusión. “Si vamos a empezar a hablar de si fue Presidente de facto o si no lo fue, habría que hacer esa distinción con varios Presidentes de la República, partiendo con José Manuel Balmaceda, que por lo menos hasta el 2 de enero de 1891 gobernó como Presidente de la República y después derechamente como Presidente de facto y hoy día no conozco a ningún historiador que no diga que Balmaceda se convirtió en un dictador por gobernar sin Congreso, sin partidos políticos, y haber precipitado al país a una guerra civil. Lo mismo que pasaría con Arturo Alessandri a partir de enero de 1925, que llega convertido en Presidente sin Congreso Nacional porque estaba cerrado, sin partidos operativos, y aún así, llevó adelante un plebiscito constitucional que nos dio la Constitución del 25. Lo mismo pasará con Juan Esteban Montero, con Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, bajo esos preceptos, de empezar a tratar de dilucidar si un Presidente es de facto o constitucional, creo que es una finalidad absoluta y completamente inoficiosa”.

“Es claro lo siguiente. Que como el gobierno del general Pinochet fue de facto -y sobre eso no hay dudas, haya tenido un período constitucional o no- que no gusta a aquellas personas que sufrieron su persecución (porque eso es cierto, hubo persecución de miles de personas así como mandó a ejecutar) aquí se está utilizando desde el punto de vista político el tratar de despojar a Pinochet del título presidencial. Esto me recuerda a lo que se hacía con los faraones cuando eran derrocados, que el nuevo faraón borraba de todas las inscripciones egipcias el nombre del anterior. Por eso creo que es inoficioso lo que se está haciendo. Le guste a muchos o a pocos, el general Pinochet sí detentó el cargo de Presidente de la República, que gobernó de facto entre 1974 a 1981 -cuando entra en vigor la Constitución del 80- y que por otro lado suena artificiosa la excusa que se está dando. Esto es porque simplemente hay personas que consideran que el gobierno de Pinochet fue aberrante y que por lo tanto no se le debe considerar como tal por el mero hecho de utilizar el título. Creo que no vale la pena entrar en este debate. Lo que pasa es que el debate me parece artificial, no por sus motivaciones, sino por los argumentos que han dado aquellos que promovieron el proyecto de resolución, que por lo demás tampoco tiene ningún peso ni obligatoriedad legal ¿Tiene legitimidad histórica llamar a Pinochet como Presidente? Sí, porque fue Presidente de la República “.

El historiador Sergio Grez Toso, de la Universidad de Chile, señala: “Desde el punto de vista estrictamente formal, esto, es legal y constitucional, no tiene ninguna legitimidad. Tampoco la tiene desde una perspectiva democrática. Conviene recordar el itinerario a través del cual Pinochet fue acumulando cargos hasta autodenominarse Presidente de la República. En un primer momento, tras el golpe de Estado, fue designado como presidente de la Junta Militar de Gobierno. Nombramiento a la cual poco después, en junio de 1974, agregó el de Jefe Supremo de la Nación, fórmula mediante la cual se autoconfirió el poder Ejecutivo. Un tercer momento, es cuando se autodesigna Presidente de la República, el 16 de diciembre de 1974. Ahí empieza a usar la denominación”.

“Este cargo le fue supuestamente ratificado en el plebiscito fraudulento de 1980, que estableció -dentro de la nueva Constitución- el cargo de Presidente. Pero todos sabemos cuáles fueron las condiciones de ese plebiscito: no habían registros electorales, dado que los militares golpistas los habían quemado, eso es lo meramamente formal, lo básico para cualquier elección. Tampoco habían libertades públicas, existía un clima de terrorismo de Estado, habían miles de muertos, desparecidos, exiliados, exonerados, los partidos políticos se encontraban ‘en receso’ según la fórmula oficial desde el 11 de septiembre de 1973. A lo cual se agrega el hecho que durante la realización misma del plebiscito se cometieron todo tipo de fraudes. En algunas provincias, había un mayor número de votos que de electores según los cálculos de entonces”.

“De manera tal, que desde el punto de vista legal, constitucional, no existe ninguna base para legitimar la autodesignación de Pinochet como Presidente. Menos aún desde el punto de vista político o democrático. Puesto que el poder ejecutivo lo ejerció tras un sangriento golpe de Estado, al margen de toda disposición legal. No solo violando la Constitución entonces vigente, la de 1925, también anulándola por completo. Además, este es el régimen que concentra la mayor cantidad de características exacerbadas de lo que se considera como un régimen dictatorial”.

Por su parte, el historiador Julio Pinto Vallejos, Premio Nacional de Historia 2016, indica: “La respuesta descansa sobre la connotación que queramos darle al nombre de “presidente”. En nuestro país, dicha denominación se asocia históricamente a una tradición republicana, según la cual un presidente debe ser elegido por votación popular dentro de los marcos de un orden constitucional legítimo. En el caso de Pinochet, entre diciembre de 1974 y marzo de 1981, ostentó dicha jerarquía solamente de facto, mediante un decreto dictado por la Junta Militar. A contar de 1981 mantuvo ese cargo conforme a los artículos transitorios de la Constitución de 1980, cuya aprobación, como se sabe, se produjo en un proceso lleno de irregularidades y en condiciones de ausencia de libertad propias de un régimen dictatorial”.

“En suma, Pinochet nunca fue elegido presidente mediante un procedimiento democrático, y ejerció el cargo, durante los últimos diez años de su gobierno, bajo un ordenamiento constitucional desprovisto de legitimidad democrática de origen. Por lo tanto, estimo que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados está en lo correcto”.