Una crisis interminable: la trastienda de las últimas salidas que remecieron al Ministerio de las Culturas

Las intempestivas renuncias de la subsecretaria de Culturas, Andrea Gutiérrez, y de la exseremi de Culturas de la RM, Alejandra Jiménez, fueron uno de los temas que abordaron el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, el lunes 31 de agosto durante su visita a la Comisión de Cultura de la Cámara, acompañado por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari. “No nos gusta que estas cosas pasen”, señaló el titular ante los diputados presentes.

Ambas salieron como consecuencia de vínculos previos que mantenían con instituciones a las que autorizaron traspasos de fondos mientras eran autoridades. Una situación compleja en un ministerio que suele trabajar en relación con muchas fundaciones y organizaciones sociales vinculadas a las artes.

En el caso de Andrea Gutiérrez, quien ya venía con una serie de cuestionamientos, renunció tras informar al equipo del Presidente de dos convenios que firmó en su calidad de subsecretaria con la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan). En rigor, según aclaran desde ese organismo, Gutiérrez estuvo en la Dirección de la Fundación Cultural de Santiago, que, a su vez, es dependiente de Cordesan, justo antes de incorporarse al gobierno.

Por su lado, la exseremi Alejandra Jiménez, quien estuvo subrogando a Gutiérrez por vacaciones entre el 24 y el 28 de julio, según confirmó el ministro De Aguirre en la Cámara, renunció tras firmar dos convenios generados vía fondos concursables con la ONG El Circo del Mundo, de la cual fue una de las fundadoras y en la que participaba en la dirección antes de asumir la Seremía. En ambos casos se establecieron sumarios.

Otro dato que salió en estos días fue que la actual subsecretaria de Patrimonio Cultural fue la encargada de metodologías de la Fundación Democracia Viva, actualmente en investigación por la firma de convenios con la Seremi de Vivienda en la Región de Antofagasta.

Consultado por la comisión si estaba enterado o no del convenio de Jiménez, el ministro De Aguirre señaló: “Yo me enteré hoy en la mañana (la del lunes 31) del tema de la Seremi, porque ella me lo fue a comunicar. Me dijo ‘ministro, tengo que comunicarle que yo estaba disponible para asumir como subrogante, en el caso de la subsecretaria, es importante que usted sepa esto, me tiene preocupada, no creo que sea la persona que deba subrogar’. Ella fue la que fue a decirme que tenía un problema (...) Esperemos resolver eso de la manera que corresponde, de la manera más institucionalmente que se pueda”.

Ese día se informó que Francisco Javier Pinto Larenas, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Administración y Finanzas, asumió la subrogancia para mantener la actividad de la cartera. Se trata de un funcionario administrativo que acumula una larga trayectoria en el aparato estatal. Fue jefe de la División de Gobierno Interior, del Ministerio del Interior, durante el período del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Eso sí, fuentes del ministerio consultadas por Culto dicen que este se mantendrá por un tiempo mientras se busca al nombre definitivo.

De todas formas, dicen esas fuentes, las salidas de ambas exautoridades descomprimió el ambiente a nivel laboral, más aún cuando estas ocurrieron cuando La Moneda les quitó piso a ambas. Respecto de las responsabilidades, De Aguirre señaló que “el Estado es el llamado, a través de sus instituciones, a fiscalizar y eso es lo que haremos”. También el ministro estaría particularmente preocupado de que situaciones como las de Gutiérrez y Jiménez no se repitan y se pidió la mayor rigurosidad a la hora de tramitar los convenios derivados de fondos concursables.

En un comunicado, la Anfucultura manifestó su conformidad con las medidas tomadas respecto a los casos de Gutiérrez y Jiménez. “Valoramos las decisiones políticas y medidas administrativas instruidas en lo inmediato por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y del ministro Jaime de Aguirre Hoffa, ya que efectivamente es la forma de hacer frente, de cara a la ciudadanía, cualquier actuación dentro de un gobierno que contravenga la ética pública e infrinja las normas en la administración del Estado. En dicho tenor, respaldamos el proceso disciplinar como el mecanismo institucional para determinar las posibles ilegalidades y responsabilidades administrativas en los convenios firmados por la subsecretaría y la Seremi”.

Agregan que “también creemos muy necesario permanentemente reforzar una cultura de la integridad, pues nos protege y defiende de la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Ciertamente, además de las implicancias administrativas y legales, en estos dos lamentables casos falló la ética y la rigurosidad que exige la función pública de las autoridades, afectando la fe pública y la honra de nuestro ministerio y sus funcionarios/as frente a la ciudadanía y el país. Esperamos que en adelante las autoridades que continúan en el ministerio tomen conciencia de ello y sean las y los primeros en informar cualquier posible conflicto de interés en sus decisiones y actuaciones, así como también tengan muy claro que no pueden usar sus cargos para favorecer intereses personales, por muy “de buena fe” que “crean” que están obrando”.

Respecto del caso de la seremi Jiménez, se señala que “la convocatoria y la resolución que seleccionó los proyectos culturales se realizó en la administración del gobierno anterior y los convenios fueron firmados en este gobierno. En ningún caso se ha puesto en cuestión la pertinencia de los programas, fondos y convocatorias del servicio, así como tampoco la labor de las y los funcionarios y funcionarias que a lo largo del país realizan la gestión, supervisión y control de los mismos, pese a las precariedades con las que nos enfrentamos día a día para cumplir con nuestro trabajo (falta de dotación, falta de digitalización de los procesos, falta de recursos para ejecutar actividades en terreno, etc.) y que motivaron nuestra reciente movilización y paro nacional”.

Durante la sesión, el ministro De Aguirre fue consultado por la situación del Bafona, el que todavía se mantiene en paralización (desde el 24 de marzo), pese a que los representantes del ballet folclórico y el propio ministro ya estuvieron ante la misma comisión de la Cámara hace un par de semanas, ocasión en que se trató de avanzar en un solución.

En un comunicado publicado el 2 de agosto, el Bafona pidió a De Aguirre que “se informe sobre lo que sucede internamente en su ministerio”, además de mantener un cuestionamiento a la labor de la exsubsecretaria Andrea Gutiérrez y a la presencia de la jefa del Departamento de Ciudadanía y Cultura, Marianela Riquelme, como interlocutora, quien ha sido cuestionada y demandada por maltrato laboral.

Respecto a una de las demandas, la falta de un espacio propicio para trabajar, De Aguirre señaló a la comisión que ofreció dos alternativas. Una, en dependencias ubicadas en la Municipalidad de La Pintana y la otra en la Escuela de Karen Connolly, en barrio Bellavista. “Les ofrecimos dos lugares al Bafona, pero no concurrieron a la cita para que se los mostráramos, ahí hay una actitud que yo solamente puedo calificar de incomprensible después de todo el petitorio que se hizo al respecto. No fueron al lugar de la citación donde se suponía que íbamos a ofrecer cuáles podían ser las mejoras en conjunto con la municipalidad para hacerlo”, señaló De Aguirre.

La citación a La Pintana estaba fijada para el 25 de julio a las 9.30 am. El correo al que accedió Culto, firmado por Marianela Riquelme, detallaba que se trataba de una “jornada de reconocimiento y retorno” y establecía “asistencia obligatoria”.

Desde el Bafona dicen que esta convocatoria fue rechazada porque “ninguno de los representantes de los elencos artísticos fue invitado a visitar la sede, para establecer las necesidades que requiere nuestra labor”. Tras recibir el informe técnico de la jefatura sobre el lugar, acusan que las salas que se les iban a facilitar no contaban con piso adecuado para el desempeño de la danza, ni mobiliario necesario para el elenco musical, ni camarines. Además de generarles dudas la seguridad por la ubicación del recinto, considerando que sus ensayos se extienden hasta pasadas las 21.00. Asimismo, remarcan que no consideran a Riquelme como interlocutora válida. ”El ministro no nos quiere recibir, no quieren hacer ningún tipo de trato, al parecer solo están buscando algún modo de obligarnos a trabajar sin arreglar ninguna de nuestras demandas”, acusa Evelyn Hernández, representante del elenco del Bafona en huelga.

Fue tras el rechazo a esa primera invitación que llegó la segunda convocatoria, esta vez, fijada para el 28 de julio, en las dependencias del barrio Bellavista, tal como informó De Aguirre. Pero desde el Bafona explican que no concurrieron porque “no sabemos si es verdad lo de esta escuela, porque al parecer no está pagada aún. Es decir, no está hecho el trato y parece que tampoco cuenta con salas acústicas para ensayo de músicos y cantantes”, dice Hernández.

De Aguirre cerró su intervención refiriéndose al conflicto con el ballet folclórico. “Yo quisiera decir que lo del Bafona lo hemos tomado con mucha seriedad, no quisiera que se pensara que en el ministerio menospreciamos la labor que han hecho en el pasado y que hacen hoy día, al revés, pero lo menos que esperamos es podernos sentar a negociar los puntos que ellos dicen que no están. Cada vez que negociamos uno, aparecen dos. Cuando el tema eran el lugar de ensayo, yo llegué aquí y cumplimos. Pero por supuesto mantenemos nuestra disposición a seguir conversando”.

Eso sí, De Aguirre no abordó la principal demanda del Bafona. El punto de tope es todavía la situación de la homologación de los salarios del elenco con los percibidos por la orquesta de cámara de Chile, una demanda histórica que se arrastra al menos desde 2006. Acusan que a ellos sí se les han reajustado sus ingresos, a diferencia del elenco del Bafona. La situación fue abordada en la sesión anterior en la Cámara, pero el ministerio reiteró que es imposible acceder a una alza de remuneraciones de forma inmediata y mantuvo su oferta de subir en 100 mil pesos de manera escalonada desde el personal que recibe el salario más bajo.

El conflicto entre el Bafona y el ministerio incluso llegó a tribunales. El pasado 17 de julio se presentó un recurso de protección por maltrato y vulneración a los derechos fundamentales, ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, dos días después, la Primera Sala, presidida por la ministra Maritza Elena Villadangos, declaró inadmisible la acción, ya que “no reúne los requisitos que permitan declarar su admisibilidad, toda vez que no resulta ser la vía idónea al efecto, pudiendo ejercer sus derechos a través de acciones que contempla el Código del Trabajo”, según detalló en el escrito al que accedió este medio.

Respecto a la denuncia por amenazas, esta se interpuso antes, el viernes 14 de julio, en la Fiscalía Norte. Según fuentes consultadas por Culto, la idea tomó fuerza tras la asistencia de parte del elenco en paro a la Comisión de Cultura de la Cámara, el martes 11. En la instancia detallaron haber recibido amenazas debido a la paralización. En concreto, estas las habría realizado un funcionario del ministerio -que no se ha identificado hasta ahora-, quien se habría dirigido a tres integrantes del elenco. Las fuentes dicen que el sujeto en cuestión aseguró que “los estamos investigando y los vamos a reventar”.

Fue entonces que algunos de los asesores de los parlamentarios que integran la comisión aconsejaron a los artistas realizar una acción judicial para marcar la situación y, a la vez, ejercer presión. Por tal razón es que días después acudieron a la Fiscalía.