Entre un plazo fatal y las críticas de los concejales: la guerra por el Festival de Viña

Un nuevo episodio se abrió en el pedregoso –y a momentos incierto- camino que ha seguido el Festival de Viña del Mar para su nuevo período de 2025-2028. El pasado miércoles 17 de abril, la Comisión Evaluadora del proceso emitió un informe técnico en que dio visto bueno a la única propuesta que postuló a principio de mes para adjudicarse el espectáculo, la presentada por Mega junto a la productora de conciertos Bizarro.

Según el registro, la oferta cumplía con las bases y no tenía impedimentos en seguir su camino en el resto de las comisiones. De hecho, dicho informe proponía directamente que se adjudicara a Mega el nuevo lapso de la fiesta más popular de Chile.

Sin embargo, Canal 13 interpuso el pasado viernes 19 una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública, en la que se solicita declarar ilegal y arbitrario tal informe emitido por la Comisión Evaluadora, “por no haberse dado cumplimiento a las exigencias establecidas en las Bases de Licitación y principios generales de la contratación pública”, según plantearon en un comunicado.

La acción es parte de una arremetida de la ex red católica, la que busca establecer que la oferta de Mega fue aceptada sin cumplir con las bases de la licitación, por lo que –según advierten- debería ser declarada desierta.

El propio director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, expresó en el texto: “En caso que el actual único oferente se ajuste a las bases sin las condicionantes expuestas en su propuesta, se cumpliría satisfactoriamente el proceso. De lo contrario, se verá afectado no solo este período de licitación, sino que todas las que vengan en el futuro, ya que a partir de ahora se deberán entender las bases de licitación como una mera referencia, perdiendo su calidad de obligatoria para los proponentes y futuros concesionarios. Por eso creemos que, en un eventual nuevo proceso licitatorio con reglas justas, estables y en iguales condiciones, sin que se tolere el otorgamiento de ventajas indebidas y anticompetitivas, la propia comuna podría recibir nuevas ofertas”.

Este martes 23, el Tribunal de Contrataciones Públicas dio curso a la demanda de Canal 13 e inició la etapa de discusión entre las partes. Eso sí, aún no se ha declarado admisible la acción judicial. Pese a ello, dio un plazo de 10 días hábiles para que el municipio elabore su informe sobre el proceso de licitación que quiere impugnar la televisora de Luksic.

El hecho acontece a las puertas de la votación definitiva de los concejales, quienes en la sesión del próximo jueves 2 de mayo podrían adjudicar de manera definitiva a Mega la nueva era del Festival.

Desde el interior de la Municipalidad destacan a este medio que lo más relevante es que el proceso no fue paralizado, por lo que sigue teniendo luz verde para ser aprobado ese 2 de mayo. “Además de no referirse a la admisibilidad de la denuncia, el Tribunal tampoco dispuso la paralización del proceso, por ende todo debe continuar según la planificación previamente realizada con la votación acordada con el Concejo Municipal para el próximo 2 de mayo”, sentencian desde la entidad, contraponiéndose a lo que busca Canal 13.

De hecho, en el escenario que la propuesta de Mega se apruebe ese día, se anularía lo reclamado por Canal 13; vale decir, que se incumplen las bases de la licitación en al menos seis puntos, los que van desde el uso de la Quinta Vergara hasta la rentabilización del canal de YouTube oficial del certamen.

Por lo mismo, hay preocupación en los concejales encargados del tema. En su mayoría asumen que la demanda de la estación hace más complejo el concurso y que es una clara señal de alerta con respecto a sus resultados finales.

La concejala Antonia Scarella (Ind./UDI) dice: “Sin duda, esto (la demanda de Canal 13) pone en riesgo la licitación y al mismo tiempo la marca festival. Es un proceso que se ha visto empañado y no tenemos certezas sobre lo que dirán los tribunales de justicia. El único escenario en que se puede aprobar la licitación es que el contrato se ajuste a cabalidad a las bases de licitación, con lo cual no sabemos cuál será la reacción y respuesta de Mega, abriendo más incertidumbres aún al proceso”.

En ese sentido, si el Festival se le entrega a Mega, habría tres alternativas: que se adjudique la licitación sin cambios; que se hagan cambios a la licitación, lo que podría materializar una arremetida mayor de parte de Canal 13; la tercera opción apunta a declarar inadmisible la propuesta de Mega, obligando a un nuevo proceso, aunque ello abriría un escenario crítico, por los escasos tiempos que se manejan para la edición 2025 del evento.

El concejal René Lues (DC) presenta un panorama aún más complejo al respecto: “El Tribunal de Contratación Pública el 23 de abril requirió a la municipalidad una serie de antecedentes en relación a la demanda que presentó Canal 13 por la licitación del Festival de la Canción de Viña del Mar años 2025-2028, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda en sí misma, y le dio un plazo fatal de días hábiles para hacerlo. Luego de ese trámite la decisión del Tribunal puede ser desestimar la demanda, que es el mejor escenario para la municipalidad, o acogerla a tramitación. Y si la acoge a tramitación, podría dictar una orden de no innovar, que es el peor escenario, pues dejaría al municipio sin la posibilidad de continuar el proceso licitatorio y, por ende, se pondría en riesgo la realización de la versión 2025 del Festival, algo absolutamente inédito en su historia y en cuya posibilidad ni siquiera quiero ponerme por las negativas consecuencias que traería para la marca Festival, que las autoridades debemos cuidar con riguroso celo, y para el turismo y el comercio de la ciudad”.

Después sigue: “Y lo más complejo de todo es que el concejo municipal tiene plazo final hasta el 2 de mayo para adjudicar o rechazar la oferta presentada por Megamedia y Bizarro, y eso será probablemente antes de que el Tribunal entregue su decisión sobre la continuidad o no del proceso licitatorio. Es todo muy complejo. Por lo mismo, espero que la municipalidad responda con prontitud este requerimiento y nos entregue a los concejales todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión informada y con certezas jurídicas”.

Carlos Williams (RN) mantiene una postura similar al respecto: “Si bien el tema judicial sigue su curso, teniendo el municipio un plazo para entregar un informe al Tribunal de Contrataciones Públicas del por qué se aceptó la oferta presentada por el único oferente de la licitación, Mega en UTP con la productora Bizarro, lo importante es que se autorizó a la Municipalidad continuar con el proceso de adjudicación, pudiendo votar en Sesión de Concejo el próximo jueves 2 de Mayo, antes del plazo legal para responder a los oferentes. Independiente de lo anterior, debemos conversar con la alcaldesa, para saber cuál es su opinión referente al proceso judicial, para tomar una determinación consensuada que sea beneficiosa para los intereses municipales”.

El concejal Pablo González (PC) acota de forma más drástica: “Sin duda esta debe ser la primera vez que un canal de televisión que previamente ha tenido la concesión, demanda al Municipio en una licitación donde no se ha presentado. Y en ese sentido, el Tribunal no ha definido nada, sólo ha pedido informar al Municipio respecto de lo que se enumera en la demanda y por el bien de la ciudad yo espero que este tema no avance mucho tampoco, considerando que el Festival de Viña es parte de la marca de la ciudad y no la podemos dañar. Es por eso que el Concejo Municipal debe actuar en colectivo, buscando el bien general de la comuna, porque esto abiertamente es una guerra comercial entre canales y nuestra ciudad no debe pagar los costos de una disputa que tienen entre ellos”.

Finalmente, Sandro Puebla (Ind./PS) también apuesta a que la municipalidad entregue los informes correspondientes en un plazo inmediato, para que los concejales puedan votar con todas las cartas sobre la mesa: “Entiendo que el municipio tiene 10 días para informar, lo que es más o menos coincidente con el plazo que el Concejo estableció para que la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti pueda presentar los informes jurídicos suficientes que respalden la propuesta que nos están haciendo, ya que es indispensable que los concejales contemos con todos los antecedentes antes de emitir nuestra opinión”.