La historia del escándalo del Colegio Apoquindo

"Cuando llegué a la comisaría, uno de los papás, que me conoce hace años, me dijo 'pásame la pistola'. Como soy ex militar, tengo pistola, y cuando me enteré de lo que le había ocurrido con los niños, le dije a mi señora que si a mi hijo le había pasado algo, yo me los echaba a todos, pero nunca estuve armado". Con estas palabras, Joaquín Jerez, apoderado de kínder del Colegio Apoquindo, relata las horas de tensión que vivió un grupo de ocho papás en la comisaría de Lo Barnechea, el viernes 15 de junio, cuando interpusieron las primeras denuncias por abuso sexual, ocurrido al interior del recinto educacional de calle La Laguna.

Esa noche, pasadas las 20 horas, el grupo llegó hasta el cuartel policial luego de enterarse de que sus hijos, todos alumnos preescolares, estaban siendo involucrados en los hechos. Horas antes, los llamados entre estos padres -cuyos nombres La Tercera mantendrá en reserva- se sucedieron después de que uno de los niños abusados comenzara a presentar síntomas típicos de estas situaciones, como irritabilidad u otros trastornos de conducta, y revelara a su madre lo que habría ocurrido en la casa del matrimonio de los cuidadores del colegio. El menor, además, mencionó a otros cinco compañeros como posibles víctimas y señaló que les habían tomado fotografías.

Si los apoderados ya no podían dar crédito a lo que está ocurriendo, este ultimo dato los aterró e hizo exigir a Carabineros de inmediato el allanamiento de la vivienda ubicada al interior de la sección femenina del colegio.

A la comisaría llegaron con el abogado Rodrigo Piergentili, del estudio Rivadeneira, Colombara y Zegers. El contacto lo había hecho uno de los apoderados con Ciro Colombara, quien se encontraba en Estados Unidos, para pedir que tomara el caso. Esa familia había realizado la denuncia la noche del jueves y durante todo el día no los habían contactado desde la fiscalía.

Por eso, en la unidad policial, los apoderados fueron enérgicos y pidieron hablar con el jefe de turno, el capitán Rubén Meneses, quien a esa hora estaba de ronda. "Estaban muy alterados y afectados. Nos pidieron que detuviéramos a los auxiliares del colegio, Esteban Moya y Margarita Villegas, y allanáramos su casa, porque, además de los abusos, sus niños les narraron que habían sido grabados y fotografiados", explica el capitán.

Meneses se contactó con el asistente del fiscal Paul Martinson, de la unidad de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente. En un principio, Martinson se excusó de acudir, señalando que como había una denuncia previa, él "no tenía jurisdicción para intervenir, pues la causa estaba asignada a otro fiscal", explica el aludido.

Esa respuesta agitó aún más el ambiente en la comisaría y los padres exigieron la concurrencia del fiscal, diciendo que había más casos. "Al enterarme de esta nueva denuncia, me trasladé a la comisaría, ya que eso sí caía en mi responsabilidad. Nuestros protocolos son claros en establecer los procedimientos y también pedí un psicólogo del Ministerio del Interior", agrega Martinson.

A las 23.30 horas, el fiscal inició reuniones uno por uno con los padres presentes en el lugar. "Les expliqué que se necesitaba el relato de los menores para tener una orden judicial y que no era conveniente despertar a los niños a la una de la madrugada para que declararan", señala. Entonces, los apoderados se fueron calmando y decidieron trasladarse a la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) para declarar. "Después de la reunión, el fiscal nos dio tranquilidad. Nos dijo 'sé que lo quieren matar pero, ¿para qué?'. Entendimos que había que ir paso a paso", dice Jerez.

Una vez en la PDI, tres papás declararon y los otros dijeron que aún debían conversar con sus hijos.

Los interrogatorios se extendieron hasta las seis de la mañana del sábado, hora en que Martinson llamó a la fiscal Liada Secchi para traspasarle el caso. Pasado el mediodía, la abogada -especialista en este tipo de delitos- citó a tres niños para interrogarlos junto al psicólogo. Al día siguiente, ordenó allanar el domicilio de los imputados. Los padres asistieron para ser testigos del hecho.

Este fue el origen del escándalo que hoy remece a la comunidad de los colegios femenino y masculino, ambos dependientes de la Fundación Educacional Apoquindo, que dirige el sacerdote Sebastián Navarrete y cuya vicepresidenta es María Eugenia Gandarillas (87), directora de la sección de mujeres desde su fundación.

En total, los niños mencionan al matrimonio Moya-Villegas y a dos auxiliares del sector femenino como responsables de los abusos. Los dos primeros fueron formalizados el 1 de julio por violación y abuso sexual en contra de menores de edad. Hoy están detenidos.

Silverio Fuentes, abogado de los imputados, defiende la inocencia del matrimonio: "Los hechos de los que se les acusan no ocurrieron y no pueden ser reales, porque ellos no tenían entre sus funciones el contacto con los niños. Además, es imposible que nadie, ni siquiera las profesoras, se hayan dado cuenta de lo que, según se acusa, estaba pasando. Hablamos de cursos de no más de 17 alumnos".

El caso afecta a un establecimiento muy tradicional y ligado a la elite santiaguina desde los 80. Años antes, María E. Gandarillas, junto a Ramón Infante, marido de la ex diputada Pía Guzmán, y Horacio Aránguiz, ex decano de Historia de la UC y ex ministro de Educación del régimen militar, detectaron lo que consideraron una "necesidad" educativa, tras coincidir en la Facultad de Educación de la Universidad Católica. "Hasta entonces, todos los colegios católicos estaban ligados a una congregación", dice Infante, quien asegura que una de las metas del proyecto era la creación de un establecimiento católico dirigido por laicos. El otro gran objetivo era la excelencia académica. Para esto, convocaron al sacerdote Carlos Schneider, reconocido por su participación en el nacimiento de los colegios SS.CC. de Alameda y de Manquehue. Al grupo también se unió Francisco Bulnes Ripamonti, fundador de RN.

El grupo consiguió apoyo financiero y sumó a más personas al proyecto: el actual embajador en Inglaterra, Thomas Muller, y Pedro Donoso, fundador de IM Trust, formaban parte de un equipo que asesoraba económicamente a Gandarillas e Infante. Los arquitectos Carlos Alberto Cruz y Alberto Soffia dieron forma al edificio que el colegio proyectó en Lo Barnechea, tras funcionar en sus primeros años en una casona del barrio El Golf.

Bautizado "Apoquindo" en recuerdo del fundo que dio origen al sector y que era propiedad de la familia Gandarillas, durante sus primeros años el colegio tuvo alta demanda. "Había un grupo de gente importante que confió en nosotros y esos nombres fueron dando confianza", dice Infante.

Entre las familias que han formado parte de la comunidad, según los ex rectores José Ignacio Concha y Mario Banderas, figuran destacados empresarios y abogados ligados a la elite política y económica del país.

El recinto también fue el colegio de los nietos del general Augusto Pinochet, quien asistía asiduamente a las actividades del establecimiento. "Yo lo invitaba personalmente", dice Banderas. Tanto en su época de Presidente como de comandante en jefe del Ejército, Pinochet participó en primeras comuniones y actividades de Fiestas Patrias.

Originalmente, el proyecto establecía que el colegio no estaría vinculado a ninguna congregación religiosa, sin embargo, el vínculo con los Legionarios de Cristo siempre fue férreo. "El primer colegio al que se acercaron cuando llegaron a Chile fue al Apoquindo", dice Infante. Desde su fundación y tras la muerte del sacerdote Carlos Schneider, el recinto tuvo varios capellanes de diversas congregaciones al interior del catolicismo: Opus Dei, diocesanos, sodalicios y legionarios. Según explica Concha, "tras mi salida (en diciembre de 2009) me enteré de que quien me sucedería sería un sacerdote de los legionarios y que el colegio se asociaba a ellos".

Y si el colegio masculino ha contado con cuatro rectores desde su fundación, su símil femenino siempre estuvo a cargo de María Eugenia Gandarillas, quien renunció tres semanas después de estallar el escándalo y se encuentra muy afectada. Ex religiosa de la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, decidió abandonar los votos y ejercer como docente de matemáticas, dedicando su vida al colegio. "Nunca se casó. Su matrimonio fue el colegio y sus hijas, las alumnas". Así describe José Ignacio Concha, ex rector del Apoquindo Masculino, el tiempo que Gandarillas invirtió en su proyecto educativo (ver recuadro).

Tras estallar el escándalo, Gandarillas manifestó su incredulidad ante las acusaciones, argumentando que los imputados llevaban 20 años en el colegio, cuenta Jerez. Cuando fue interrogada, dijo desconocer la existencia de los abusos y defendió el funcionamiento del colegio. La semana pasada, fichó al destacado penalista Hugo Rivera para que la represente. Rivera no respondió los llamados de este diario.

Uno de los temas que más cuestionan los querellantes es el vínculo de Gandarillas con el matrimonio detenido. "La directora, que además es la sostenedora, tiene responsabilidad desde el momento en que los delitos ocurrieron de forma reiterada, en dependencias del colegio que ella administra y por empleados de su máxima confianza. Hay responsabilidades institucionales y las haremos efectivas", señala Colombara.

Según ex autoridades del colegio, Moya era el estafeta de Gandarillas y Villegas, una auxiliar de aseo, que vivían al interior del recinto desde hace más de 15 años.

"No entendemos por qué los acusados no han sido despedidos. En cualquier empresa eso habría sido así. Es inentendible que hasta ahora sigan siendo funcionarios del colegio, con sueldos pagados con la mensualidad de los padres de sus víctimas", agrega el querellante. "De parte del colegio ha habido protección y apoyo hacia los imputados. Eso no admite discusión", acusa.

Por su parte, una fuente ligada a la fundación señala que el contrato de los imputados está en evaluación, pero que se debe tener en cuenta que aún no han sido condenados.

La relación de los apoderados querellantes con el colegio está rota, mientras que otro grupo se organizó para establecer una mesa de trabajo y exigir mejoras en varios aspectos. En este grupo está Jerez, cuyo hijo fue finalmente descartado como víctima de abuso.

Hasta ahora, en la fiscalía se indagan cuatro querellas que afectan a cinco niños y, según fuentes ligadas a la investigación, existen tres casos más en estudio de verosimilitud. Del total, tres fueron confirmados como violaciones por el Servicio Médico Legal (SML).

Sin embargo, agregan las mismas fuentes, los menores afectados podrían llegar a 20, pues los relatos conocidos hasta ahora mencionan a una decena de compañeros como supuestas víctimas. En estos casos, es la fiscal la que se ha encargado de contactar a los padres de esos niños.

En la formalización, la fiscalía reveló parte del modus operandi de los posibles abusadores. Estos habrían llevado a los niños a la casa -que llamaban "la guarida"- bajo la promesa de darles golosinas. Según los relatos, también les habrían dado a tomar un líquido que los hacía dormir y les tomaban fotografías.

En el allanamiento, sin embargo, no se encontró fotografías ni videos de los niños.

Colombara también acusó que "en algunos casos, efectivamente los llevaban profesores (a la casa de los imputados), aunque el grado de conocimiento que tenían (de los supuestos abusos) es algo que desconocemos".

El horario en que se habrían producido los ataques es la hora de almuerzo, y también se indaga si los niños fueron amenazados para silenciarlos. Por ahora, la fiscal ha podido establecer que los hechos habrían sido cometidos entre marzo de 2011 y junio de 2012.

Fuentes dice que "la versión de los niños choca con la realidad, porque el matrimonio no estaba todo el día en el colegio. Muchas veces se les encomendaban trámites. De hecho, la casa en la que ellos vivían está en un primer piso y el segundo piso es una sala de profesores, por lo que siempre estaba a la vista. (...) Entendemos que, además de las denuncias, están las pericias psicológicas y fotografías a las que no se nos ha permitido acceder por el secreto de la causa. No siempre los exámenes psicológicos son válidos para establecer la responsabilidad personal".

Por su parte, la Seremi de Educación inició un proceso administrativo y el Colegio Apoquindo Femenino tiene plazo hasta el 25 de julio para responder los requerimientos de la autoridad. Esta investigación determinará si en el recinto se detectó algún tipo de anomalía relacionada al funcionamiento del colegio.